Golpe judicial a la política arancelaria de Donald Trump

Tribunal federal frena mayoría de los aranceles de Trump y limita su uso de poderes económicos de emergencia

Un panel de jueces de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó este miércoles que el expresidente Donald Trump excedió sus facultades al imponer aranceles generalizados basándose en una supuesta emergencia económica nacional. El fallo representa un duro revés legal a una de las herramientas clave que Trump utilizó para implementar su política comercial proteccionista, y podría tener amplias implicaciones tanto económicas como constitucionales.

La decisión judicial establece una orden de restricción permanente que impide la entrada en vigor de los aranceles globales impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), incluida la medida conocida como “aranceles del Día de la Liberación”, implementada el 2 de abril. También se anulan gravámenes del 25 % sobre productos de México y Canadá, así como del 30 % sobre importaciones chinas.

Aunque la medida no afecta los aranceles del 25 % a autos, autopartes, acero y aluminio —que fueron implementados bajo otra legislación, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial— sí pone en pausa buena parte del esquema arancelario de Trump. La Casa Blanca apeló de inmediato la decisión, prolongando una disputa que podría escalar hasta la Corte Suprema.

La demanda fue presentada en abril por el Liberty Justice Center en representación de pequeñas empresas, entre ellas la distribuidora de vinos VOS Selections, que alegaban perjuicios financieros graves por las medidas comerciales del expresidente. Doce estados liderados por fiscales generales demócratas también interpusieron una demanda paralela, argumentando que los aranceles eran impuestos ilegales disfrazados, sin aprobación del Congreso.

En su fallo unánime, los jueces —nominados por presidentes de ambos partidos— coincidieron en que Trump no tenía autoridad para declarar una emergencia nacional con el propósito de imponer aranceles. “Las órdenes de aranceles mundiales y de represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEEPA”, escribieron.

El fallo fue celebrado por líderes legales y empresariales. “Este es un punto de inflexión potencial en la política comercial de Estados Unidos”, opinó el economista jefe de RSM US, Joe Brusuelas, quien subrayó el posible alivio para pequeñas y medianas empresas afectadas por el aumento de precios.

Desde la Casa Blanca, la reacción fue de rechazo. El portavoz Kush Desai acusó al poder judicial de “interferir en decisiones de seguridad nacional”. Por su parte, Stephen Miller, asesor cercano de Trump, escribió en redes sociales que “el golpe judicial está fuera de control”.

A pesar de la apelación del Gobierno, la decisión provocó una reacción inmediata en los mercados: los futuros del Dow Jones subieron 1,1 %, el S&P 500 aumentó 1,4 % y el Nasdaq avanzó 1,6 %, reflejando optimismo entre inversionistas por la posible eliminación de barreras comerciales.

El caso pone en cuestión los límites del poder presidencial en materia económica y podría establecer un precedente en torno al uso de la IEEPA. El profesor de derecho Ilya Somin, abogado de los demandantes, calificó el fallo como una reivindicación constitucional. “Si iniciar la mayor guerra comercial desde la Gran Depresión con una ley que ni siquiera menciona los aranceles no es una usurpación del poder legislativo, entonces no sé qué lo es”, señaló.

Aunque el fallo representa un golpe para la agenda comercial de Trump, su impacto final dependerá de lo que determinen los tribunales superiores. Por ahora, cientos de empresas y consumidores estadounidenses observan con atención si esta decisión se convierte en el principio del fin de una era marcada por tarifas proteccionistas.