Harvard desafía a Trump y enfrenta una congelación de fondos federales por US$ 2.200 millones

La tensión entre el gobierno de Donald Trump y el mundo académico alcanzó un nuevo punto álgido esta semana, cuando la Universidad de Harvard se convirtió en la primera institución de élite en rechazar abiertamente las condiciones impuestas por la Casa Blanca a cambio del mantenimiento de fondos federales. La respuesta no tardó en llegar: la congelación inmediata de US$ 2.200 millones en subvenciones y otros US$ 60 millones en contratos plurianuales.

El conflicto se desató a raíz de una carta enviada por un grupo de trabajo federal la semana pasada, en la que se planteaban una serie de exigencias como condición para continuar el apoyo financiero. Entre los requerimientos más polémicos figuran la eliminación total de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la prohibición del uso de mascarillas en manifestaciones estudiantiles, y reformas en las políticas de admisión y contratación que eliminen consideraciones de equidad racial.

Además, el documento exigía la cooperación de la universidad con el Departamento de Seguridad Nacional en asuntos migratorios y una mayor fiscalización del profesorado y los administradores acusados de priorizar el activismo por encima de la investigación académica.

La reacción de Harvard fue clara. A través de una declaración oficial firmada por su presidente interino, Alan M. Garber, la universidad rechazó todas las condiciones impuestas. “No aceptaremos el acuerdo propuesto. La Universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”, afirmó Garber, subrayando que las demandas del gobierno representan una injerencia sin precedentes en la autonomía intelectual y administrativa de la institución.

En paralelo, la facultad de Harvard, con apoyo de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), presentó una demanda contra la administración federal, junto a una solicitud urgente para bloquear la suspensión de fondos. “Lo que el presidente de Estados Unidos exige es absolutamente autoritario”, declaró Nikolas Bowie, profesor de Derecho en Harvard, durante una entrevista con CNN. “Nos está pidiendo que renunciemos a la libertad de expresión y alteremos lo que enseñamos y cómo lo enseñamos”.

Desde la Casa Blanca, la medida ha sido justificada como parte de un esfuerzo para “limpiar el antisemitismo desenfrenado en las universidades” y “garantizar que el dinero de los contribuyentes no respalde ideologías peligrosas ni discriminación racial disfrazada de inclusión académica”. Un portavoz de la presidencia enfatizó que ninguna institución que viole el Título VI de la Ley de Derechos Civiles es elegible para recibir fondos federales.

No es la primera vez que la administración Trump recurre al financiamiento federal como instrumento de presión. Otras universidades, como Columbia, ya han sufrido recortes significativos: más de US$ 400 millones en el caso de esta última.

Actualmente, están en revisión más de US$ 8.700 millones en subvenciones y US$ 255 millones en contratos relacionados con Harvard y sus filiales, en un proceso supervisado por los departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos, y la Administración General de Servicios.

Mientras tanto, el mundo académico observa con atención este pulso entre la universidad más antigua de Estados Unidos y una Casa Blanca que ha hecho de la confrontación con las instituciones de educación superior uno de sus frentes políticos más visibles. Lo que está en juego, según voces dentro y fuera de Harvard, es nada menos que el futuro de la libertad académica en el país.