Honduras entró este lunes en una nueva fase de tensión política y judicial tras la instrucción del fiscal general, Johel Zelaya, de ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, recién indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La solicitud fue dirigida a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a los cuerpos de seguridad del Estado y a organismos internacionales, incluida Interpol, para hacer efectiva la orden vigente desde septiembre de 2023 por acusaciones de lavado de activos y fraude en el marco del denominado caso Pandora II.

Zelaya explicó que la medida forma parte de los esfuerzos por enfrentar la corrupción estructural en el país y recordó que Honduras ha sido “lacerada por los tentáculos de la corrupción y por redes criminales que han marcado profundamente la vida nacional”. El director de la Unidad Especializada contra Delitos de Corrupción, Luis Santos, confirmó días atrás que Hernández mantiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia y que, si no retorna voluntariamente al país, se solicitará su extradición desde Estados Unidos.

La orden de captura cobra nueva relevancia tras el indulto total e incondicional concedido la semana pasada por Trump, que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión por narcotráfico dictada en Nueva York en 2024. El expresidente estadounidense aseguró que la sentencia había sido “un montaje del Gobierno de Biden”, mientras que Hernández ha reiterado que fue víctima de “un sistema politizado” que “se negó a reconocer la verdad”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin embargo, describió a Hernández como el eje de una conspiración que habría traficado más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. Los fiscales detallaron que recibió millones de dólares en sobornos provenientes de organizaciones criminales de Honduras, México y otros países, y que utilizó esos recursos ilícitos para financiar su carrera política y consolidar influencia durante sus mandatos entre 2014 y 2022.

Tras su liberación, Hernández agradeció públicamente a Trump y aseguró que continuará defendiendo “todo lo que construimos juntos”, sin precisar si planea regresar a Honduras. Su esposa, Ana García de Hernández, advirtió que su retorno implicaría “muchos riesgos” debido al clima político actual. Señaló que mientras el partido Libre se mantenga en el poder, su esposo no contará con las condiciones mínimas de seguridad, al tiempo que cuestionó las garantías institucionales para un eventual proceso judicial en su contra.

El indulto de Trump ocurrió en un contexto electoral decisivo en Honduras. Antes de anunciarlo, el mandatario estadounidense manifestó su respaldo al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, a quien pidió apoyo de los votantes hondureños. El recuento preliminar, que avanza lentamente tras la reanudación del escrutinio, coloca a Asfura en primer lugar con el 40,52 % de los votos, ligeramente por encima del candidato liberal Salvador Nasralla, que registra 39,18 %. La oficialista Rixi Moncada se mantiene en tercer lugar con 19,32 %, con el 97,45 % de las actas procesadas.

Mientras continúa el proceso electoral y se redefine el panorama político del país, la situación judicial de Juan Orlando Hernández abre un nuevo capítulo en la relación entre Honduras, Estados Unidos e Interpol, y plantea interrogantes sobre el manejo futuro de los casos de corrupción y narcotráfico asociados al exmandatario, ahora libre en territorio estadounidense pero requerido por la justicia hondureña.