Impacto económico millonario por manifestaciones contra contrato entre Estado y Minera Panamá

Impacto económico millonario por manifestaciones contra contrato entre Estado y Minera Panamá

En Panamá, la aprobación del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá ha desencadenado una serie de protestas y paralizaciones que están teniendo un impacto económico significativo en el país. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá estima que los cierres de calles como resultado de estas manifestaciones están causando pérdidas diarias que oscilan entre $60 millones y $90 millones. Esta parálisis afecta a diversos sectores, desde trabajadores que no pueden llegar a sus lugares de trabajo hasta la entrega de mercancías, la afluencia en restaurantes y el turismo interno.

El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fábrega, ha destacado que los más afectados por estas manifestaciones son los microempresarios y trabajadores por cuenta propia, que esperaban retornar a sus hogares con un cierto ingreso, pero terminan con mucho menos debido a la interrupción de sus actividades.

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), que reúne a 16 asociaciones y federaciones relacionadas con profesionales de la salud, se ha unido a los grupos que se oponen al contrato minero. Argumentan que el acuerdo es inconstitucional, causará daños irreparables a la biodiversidad y entregará la soberanía a una nación extranjera. Además, no descartan tomar medidas de fuerza, como un paro escalonado e indefinido de labores.

Las protestas se han intensificado en varias partes del país, involucrando a diversos sectores de la sociedad, incluyendo obreros de la construcción, maestros, universitarios y comunidades indígenas. Las manifestaciones han provocado bloqueos en calles y avenidas estratégicas, paralizando el tráfico y obligando a cerrar algunas estaciones del metro en Ciudad de Panamá.

El gobierno ha suspendido la jornada escolar como medida preventiva ante los disturbios. Gremios de maestros han convocado a un paro de labores de 48 horas en apoyo a las manifestaciones, exigiendo la derogación de la ley que estableció el acuerdo con la minera.

El nuevo contrato con Minera Panamá prevé aportes anuales significativos de la empresa al Estado, pero persisten preocupaciones en torno a su constitucionalidad y su impacto ambiental. Mientras que el gobierno argumenta que la mina contribuye significativamente a la economía y al empleo en el país, los manifestantes continúan exigiendo su revocación, lo que ha llevado a enfrentamientos con la policía y ha generado un ambiente de tensión en Panamá.