Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, Ucrania ha documentado meticulosamente más de 4,228 casos de uso de armas químicas por el ejército ruso, con un aumento significativo en 2024. Esta conducta de Rusia constituye una violación flagrante del derecho y las normas internacionales.
El despliegue de armas químicas por la Federación Rusa contraviene la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), un tratado de control de armas que prohíbe la producción, almacenamiento y uso de armas químicas y sus precursores.
El uso documentado de agentes químicos por las fuerzas rusas representa una violación grave de los artículos I y II de la CAQ, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas y sus precursores como armas.
Incidentes notables han sido registrados en Kupiansk, Bakhmut, Pokrovsk, Zaporizhzhia y Kherson, lo que ha llevado a 2,058 militares ucranianos a buscar atención médica por síntomas variados de exposición química y tres muertes confirmadas por envenenamiento agudo con una sustancia química no identificada.
El despliegue de agentes químicos por el ejército ruso principalmente implica municiones de tipo no especificado. Los medios documentados de entrega incluyen granadas de gas K-51 y RG-VO, clasificadas como agentes de control de disturbios, que están prohibidos bajo la CAQ para uso como métodos de guerra (Artículo I, párrafo 5 de la CAQ).
Las fuerzas de seguridad ucranianas también han informado sobre el uso de cloropicrina y gas CS, ambos prohibidos en la guerra debido a sus graves implicaciones para la salud.
La Federación Rusa ha demostrado un patrón de comportamiento que socava las normas internacionales y representa una amenaza significativa para la seguridad global.
El uso de armas químicas en Ucrania tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo. Ambientalmente, estos agentes contaminan el aire, el suelo y los recursos hídricos, lo que lleva a la degradación ecológica y riesgos a largo plazo para la salud pública.
La comunidad internacional debe responder de manera robusta y unánime. Las sanciones y acciones legales deben dirigirse contra individuos y entidades involucradas en el despliegue y uso de armas químicas.
Esto incluye enjuiciar a los perpetradores por crímenes de guerra en tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), que ha iniciado investigaciones sobre crímenes de guerra rusos en Ucrania.
El Estatuto de Roma de la CPI define el uso de armas químicas como un crimen de guerra, subrayando el marco legal para la rendición de cuentas.
Además, los esfuerzos diplomáticos deben centrarse en aislar a Rusia, incluyendo oponerse a la elección de representantes rusos para el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para 2025-2027.
Una postura unificada y firme es esencial para defender el derecho internacional y disuadir futuras violaciones.
El uso documentado de armas químicas por Rusia contra Ucrania es una violación grave de las normas internacionales, con significativas implicaciones humanas, ambientales y legales.
La respuesta de la comunidad internacional debe ser decisiva y integral para defender los principios de la Convención sobre Armas Químicas y apoyar a Ucrania en su lucha contra estos actos ilegales.
Ucrania confía en el apoyo inquebrantable de sus socios internacionales, que están del lado correcto de la historia, para asegurar que la justicia y la rendición de cuentas prevalezcan.