Inicio del primer debate del proyecto de ley del contrato entre el Estado y Minera Panamá provoca intensos debates

Inicio del primer debate del proyecto de ley del contrato entre el Estado y Minera Panamá provoca intensos debates

En una sesión marcada por la intensidad y la controversia, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, presentó ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 1043, conocido como el «Contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A.». El debate se reavivó con fuertes protestas por parte de grupos ambientalistas que se oponen firmemente a la propuesta, que promete beneficios económicos pero suscita inquietudes ambientales.

El titular del Ministerio de Comercio e Industrias defendió el proyecto durante su intervención, reiterando los beneficios esperados de la norma, incluida una aportación anual de 375 millones de dólares. Sin embargo, el debate se tornó más candente cuando el diputado presidente de la Comisión de Comercio e Industrias, Roberto Ábrego, miembro del partido gobernante, intentó modificar la metodología de participación establecida previamente. Esta modificación fue aprobada, consolidando la intervención de los ciudadanos y grupos de la sociedad civil en un bloque, mientras que los diputados tendrían dos bloques para participar.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez se alzó en contra de esta decisión, argumentando que los ciudadanos deberían contar con 30 minutos y cinco bloques para expresar sus opiniones. Vásquez enfatizó la importancia de considerar detenidamente el impacto del contrato en la población, especialmente en la provincia de Colón, donde los efectos podrían sentirse durante las próximas décadas.

Por su parte, Ábrego defendió su enfoque argumentando que el reglamento de discusión de proyectos de ley de este tipo no permite la participación en dos bloques. La polémica sobre la metodología de participación eclipsó momentáneamente los puntos clave del proyecto de ley en sí.

Cabe recordar que el nuevo contrato fue aprobado por el Consejo de Gabinete el pasado 14 de junio y presentado ante el pleno legislativo por el ministro Alfaro el 3 de agosto. Sin embargo, desde las primeras etapas de negociación, el contrato ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad civil, especialmente entre los grupos ambientalistas que temen las consecuencias para el medio ambiente y las áreas circundantes.

Una de las principales áreas de controversia se centra en el potencial impacto de la actividad minera en la disponibilidad de agua para el funcionamiento del Canal de Panamá. Aunque el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, ha mencionado que una actividad minera bien regulada podría ser viable desde un punto de vista teórico, los detractores argumentan que la amenaza sobre los recursos hídricos es un riesgo inaceptable.

Es importante recordar que en 2021, la Corte Suprema de Justicia rechazó recursos presentados por First Quantum Minerals Ltd., lo que los ambientalistas argumentan como un obstáculo para la renegociación del contrato en cuestión. A medida que el debate continúa en la Asamblea Nacional, la polarización entre los defensores de los beneficios económicos y los defensores del medio ambiente sigue siendo un desafío clave en la toma de decisiones.