Panamá clama por justicia: ¿por qué avanzan tan lento las investigaciones?

Periodistas y analistas debaten sobre la lentitud en las investigaciones de justicia panama. Casos sin resolver desde 2022 generan indignación ciudadana y cuestionan la efectividad del sistema.
Panamá clama por justicia: ¿por qué avanzan tan lento las investigaciones?

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | mayo 8, 2026 07:47 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - Panamá clama por justicia: ¿por qué avanzan tan lento las investigaciones?

Viernes 8 de mayo de 2026. Mientras Panamá avanza en algunos indicadores económicos —la prima de riesgo país mejora, Tocumen lidera en movimiento de pasajeros internacionales en la región—, hay un debate que hierve en los medios y en la calle: la justicia panama sigue siendo lenta, selectiva y, para muchos, inefectiva.

En el programa matutino de Arcamidia, periodistas y analistas como Gonzalo, Icar Reyes, María Cristina Ramírez y el profesor Edwin Cabrera pusieron sobre la mesa un problema que trasciende gobiernos: ¿por qué avanzan tan lento las investigaciones en Panamá? ¿Por qué hay denuncias admitidas desde 2022 que siguen dormidas? ¿Por qué mientras unos casos avanzan, otros desaparecen del radar?

El caso del cuarto puente: deuda nueva, preguntas viejas

El viceministro de Obras Públicas confirmó ayer que el cuarto puente tendrá un costo adicional de 295 millones de dólares por cambios en un intercambiador. El costo total asciende a 2.387 millones. La finalización se desplaza de octubre a fechas posteriores.

Pero lo que encendió la conversación fue más profundo: ¿por qué una licitación de mantenimiento de la Cinta Costera y Calzada Amador que costó 33 millones de dólares en la administración anterior ahora se licita por 23 millones? Diez millones de dólares menos en tres años, en la misma obra, con el mismo ente ejecutor.

«De una administración a otra, en la misma obra, el mismo ente ejecutor puede ahorrar diez millones de dólares. Eso llama la atención», señaló uno de los analistas.

Hay una impugnación pendiente. Tres empresas compiten: Consorcio Secoxa (Constructora de León y Centro Equipos), Consorcio Cinta Costera (Constructora Urbana y Toronto Global Holding), y Consorcio S.C. (Soluciones Empresariales J.D. y Concretos de Panamá).

La pregunta incómoda: ¿por qué el Ministerio Público no ha abierto investigación sobre la diferencia de precios? Gonzalo fue claro: presentó una denuncia admitida el 11 de agosto del año pasado por negligencia administrativa. Estamos en mayo de 2026. Diez meses después, silencio.

La justicia panama en números: procuradores que no completan su período

El profesor Cabrera trajo un dato demoledor: en treinta y tantos años de democracia, solo un procurador ha cumplido cabalmente sus diez años de mandato. Uno. José Antonio Sosa. Los demás: fugaces, interrumpidos, marcados por controversias políticas.

Eso no es casualidad. Es síntoma.

Cuando se habla de justicia panama, no se trata solo de velocidad. Se trata de independencia, de recursos, de capacidad institucional. Hay fiscales que trabajan «con las uñas», como dijo María Cristina. Hay investigaciones que se caen por tecnicismos. Hay otras que nunca se armaron. Y hay casos que duermen el sueño eterno en los despachos.

El caso de Etelvina: cuatro años sin respuesta

Launacchi, la Universidad Especializada de las Américas, acumula denuncias desde hace años. La rectora Etelvina ha sido objeto de investigaciones por nepotismo, malversación de fondos, aumento de salario en pleno COVID. Recientemente, la universidad negocia con el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir una deuda de 12.5 millones de dólares al Seguro Social.

¿Cómo se acumula una deuda de 12.5 millones en cuotas patronales? Si se descuenta de nómina cada quincena, ¿cómo llega a esa cifra?

Pero lo más grave: en 2022, el abogado Guido Alejandro Rodríguez presentó una denuncia penal contra Etelvina por delitos contra la administración pública. Estamos en 2026. Cuatro años. Nada.

Gonzalo lo preguntó en vivo: «¿Alguien sabe qué ha pasado con esa denuncia?» Silencio. Porque nadie sabe. O nadie quiere saber.

¿Control previo o control posterior? El debate que no resuelve nada

Uno de los oyentes escribió algo que resonó: la Contraloría General de la República, a través del control previo, se ha convertido en una fuente de corrupción. Los contralores cobran por refrendar. La ACP, que no tiene control previo, funciona mejor.

Es un punto válido. Pero María Cristina lo matizó: el problema no es solo la estructura. Es la capacidad del Ministerio Público, la Procuraduría, la Contraloría misma. Son instituciones que funcionan sin los recursos necesarios, sin el personal suficiente, sin prioridad política.

Y hay algo más: la justicia en Panamá se mueve lento, pero también se mueve selectivo. Mientras un particular que no paga el Seguro Social puede tener sus cuentas cauteladas, hay funcionarios públicos que acumulan deudas de millones y siguen en sus cargos.

La sanción social vs. la justicia técnica

Aquí está el dilema que enfrentan los periodistas: ¿exigir que la justicia actúe es presionar los tiempos y arriesgar una injusticia? ¿O es legítimo reclamar que al menos se comunique el avance de las investigaciones?

Gonzalo fue directo: «No pido que ventilen los casos. Pido que levanten la mano y digan: seguimos investigando. O: desestimamos la denuncia. Algo.»

María Cristina advirtió sobre los juicios mediáticos. El profesor Cabrera recordó que la justicia expedita también comete injusticias. Pero todos coincidieron en algo: en Panamá, la gente se queda sin justicia más veces de las que la ve realizarse.

Y eso es un problema de Estado, no solo de gobierno.

El patrón: casos que desaparecen

A lo largo de la conversación emergió un patrón inquietante. Denuncias admitidas que no avanzan. Investigaciones periodísticas que documentan irregularidades, pero la justicia no toca. Funcionarios públicos con deudas millonarias al Seguro Social que siguen en sus puestos. Mientras tanto, particulares enfrentan consecuencias inmediatas por las mismas infracciones.

¿Es incapacidad? ¿Es presión política? ¿Es ambas?

Lo cierto es que la justicia panama no funciona como debería. Y mientras los analistas debaten sobre tecnicismos, recursos y tiempos procesales, la ciudadanía se queda con una sensación: en este país, la justicia llega tarde, llega poco, o no llega.

Y eso, para una democracia, es un problema grave.


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