La Cámara Nacional de Turismo junto a otras 16 organizaciones  se unen para denunciar el caos generado por cierres ilegales de calles

La Cámara Nacional de Turismo junto a otras 16 organizaciones  se unen para denunciar el caos generado por cierres ilegales de calles

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá, junto con sus dieciséis asociaciones miembros y miles de ciudadanos, emitió un contundente comunicado denunciando el impacto negativo causado por el cierre ilegal de calles por grupos identificados por las autoridades. En una declaración pública dirigida al gobierno, expresaron una profunda preocupación por las consecuencias de estas acciones en la sociedad panameña.

La ciudadanía, a través de protestas legítimas y pacíficas a finales de octubre y principios de noviembre, logró dos victorias importantes. En primer lugar, la aprobación de la Ley número 407 del 3 de noviembre de 2023, la cual prohíbe concesiones para la explotación minera metálica en todo el territorio nacional. En segundo lugar, la admisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de una demanda de inconstitucionalidad al contrato Ley 406, que otorgaba una concesión minera entre el estado y Minera Panamá. Se encuentran a la espera del fallo correspondiente.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la atención se centra en la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, un pequeño grupo continúa con una agenda oculta que afecta a las familias panameñas y pone en riesgo el futuro del país.

La ocupación ilegal de calles y carreteras, ejecutada por grupos al margen de la ley, ha tenido consecuencias devastadoras. Esto ha provocado daños permanentes al turismo, afectado la imagen internacional de Panamá, destruido empleos y ha dificultado la movilidad de la población para asistir a sus trabajos y citas médicas. Además, ha elevado los precios de los alimentos e insumos básicos, poniendo en peligro la seguridad alimentaria y amenazando al sector agropecuario.

La falta de acciones contundentes por parte de las autoridades para enfrentar esta situación ha llevado a la Cámara de Turismo, Comercio y Agricultura de Tierras Altas y otros grupos a presentar querellas civiles contra aquellos que mantienen secuestrados a los habitantes de esa región y obstaculizan el ejercicio de sus derechos constitucionales.

La petición dirigida al gobierno exige que se tomen medidas legales contra los grupos que atentan contra el orden económico y la libre circulación. Asimismo, se demanda que, en caso de culpabilidad comprobada, se apliquen las sanciones que establece la ley.

Se hace hincapié en el deber constitucional del presidente de asegurar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, así como el derecho a la libre circulación. Se insta al gobierno a rectificar de manera inmediata las políticas que han generado esta crisis, velando por los derechos ciudadanos y la estabilidad civil.

Ante la preocupación por la pasividad oficial frente a los daños causados en el país, se hace un llamado público al presidente para que cumpla con su juramento de hacer valer la Constitución y las leyes de la República, y tomar medidas urgentes para restaurar el orden y la normalidad en Panamá.

La Cámara Nacional de Turismo y los sectores afectados estarán vigilantes para asegurar que los responsables rindan cuentas y que la justicia prevalezca en beneficio de todos los panameños.