La Corte cierra la vía legal contra los nuevos poderes del contralor

La Corte Suprema de Justicia cerró la puerta, al menos por ahora, a los intentos de frenar los nuevos poderes otorgados al contralor general Anel “Bolo” Flores. El Pleno decidió no admitir una demanda de inconstitucionalidad presentada por diputados de la coalición Vamos contra la resolución que amplió las facultades de la Contraloría, entre ellas la posibilidad de dictar medidas cautelares como secuestros de bienes y suspensión de salarios.

La decisión fue adoptada bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez y corresponde a la resolución No. 312-2025-Leg/PJ, emitida el 23 de septiembre de 2025. Aunque el fallo tiene fecha del 23 de diciembre, se conoció públicamente este lunes a través del edicto 228 fijado en la Secretaría de la Corte. En el documento no se explican las razones jurídicas que sustentan la inadmisión, pero se deja constancia del salvamento de voto del magistrado Cecilio Cedalise, cuyo período concluyó el mes pasado.

La acción legal había sido interpuesta por los diputados Janine Prado, Yamireliz Chong, Luis Enrique Duque, Lenín Alberto Ulate, Alexandra Brenes, Roberto Zúñiga, Jorge González, Jonathan Vega, Miguel Ángel Campos y Yarelis Rodríguez. En su demanda alegaban que el reglamento de la Contraloría excede los límites constitucionales al atribuirle funciones que, a su juicio, corresponden exclusivamente a órganos con potestad jurisdiccional.

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Los diputados sostenían que la Constitución, en sus artículos 280 y 281, define a la Contraloría como un ente de fiscalización y control, encargado de examinar cuentas y presentar denuncias, pero no de juzgar ni imponer medidas cautelares. En ese sentido, argumentaban que las nuevas facultades invaden competencias propias del Tribunal de Cuentas, órgano que sí tiene atribuciones para decretar secuestros y retenciones.

Estas atribuciones generaron críticas desde distintos sectores jurídicos. Exmagistrados como Edgardo Molino Mola y Esmeralda de Troitiño advirtieron que la ley no le confiere a la Contraloría ese tipo de poderes. En la misma línea, el exprocurador Rigoberto González señaló que ni siquiera los fiscales pueden ordenar secuestros sin control judicial, y que el Sistema Penal Acusatorio reforzó precisamente ese filtro para evitar abusos.

Con la inadmisión de estas demandas, la resolución de la Contraloría se mantiene vigente, dejando abierto el debate sobre hasta dónde pueden llegar las facultades administrativas sin cruzar el terreno reservado al control judicial. Además de esta demanda, la Corte tampoco admitió otras tres acciones similares presentadas por los abogados Ángel Álvarez, Maciel Ramos Cogley y Gonzalo Walker Caballero, todas dirigidas contra la misma resolución.

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