La Gaceta Oficial publica las dos resoluciones anunciadas por el ejecutivo

La Gaceta Oficial publica las dos resoluciones anunciadas por el ejecutivo

En Gaceta Oficial de Panamá ya están publicadas las  dos resoluciones importantes, anunciadas previamente por el presidente Laurentino Cortizo en un mensaje al país. Estas decisiones surgieron en medio de protestas, bloqueos de calles y la suspensión de clases en rechazo al contrato ley entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A.

La primera resolución, la número 124 del Consejo de Gabinete, autoriza al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, a presentar un proyecto de ley que prohíbe la otorgación de nuevas concesiones para la explotación de minería metálica en el país. Cabe destacar que esta moratoria minera ya había sido establecida el viernes anterior a través del Decreto Ejecutivo 23, pero ahora se elevará a rango de ley de la República.

La segunda resolución, la número 125, otorga al ministro de Gobierno, Roger Tejada, la autorización para presentar un proyecto de ley que convoca a una consulta popular para decidir si se debe o no dar por terminada la Ley 406 de 2023, que establece el contrato con Minera Panamá. El presidente Cortizo ha asegurado que el resultado de esta consulta será «vinculante».

A pesar de la publicación de estas resoluciones, todavía no se conoce el contenido de los proyectos de ley que serán presentados a la Asamblea Nacional el mismo día. Esto plantea un desafío ya que el pleno legislativo entrará en receso a partir del 31 de octubre. Para discutir los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo, Cortizo deberá convocar a sesiones extraordinarias o esperar hasta el 2 de enero de 2024, cuando se reactive el pleno. Esto parece poco probable, ya que el deseo del presidente es que la consulta pública se celebre el próximo 17 de diciembre.

Es importante destacar que actualmente existen seis demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023, de las cuales dos ya han sido admitidas y están a la espera de la opinión de los procuradores de la Administración, Rigoberto González, y de la Nación, Javier Caraballo.