La ironía de Panamá

OPINIÓN | Melissa Nicole Lazarus

Según la Real Academia Española, la democracia es una “doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder por medio de representantes elegidos por sufragio universal”.

En Panamá, desde 1989, vivimos en democracia; cada cinco años ejercemos nuestro derecho al sufragio, abogando por nuestra capacidad de escoger a los gobernantes de nuestro país, desde el presidente de la República hasta los representantes del área en la que vivimos.

Han pasado 36 años desde que empezamos a vivir en democracia, y pareciera que todavía no entendemos este ejercicio.
¿Será por la falta de educación política que tenemos en nuestro país?

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Tras ser electo, el presidente actual, José Raúl Mulino, trazó una hoja de ruta con tres temas a tratar: la Caja del Seguro Social, la mina y Río Indio.

Si hablamos de la Caja del Seguro Social, hagamos una cronología: el 16 de septiembre de 2024 inició la mesa de trabajo por la Caja del Seguro Social; el 11 de febrero llegó a la Asamblea Nacional, donde los 71 diputados que fueron electos por nosotros debían ser los responsables de discutir esta ley. El 13 de marzo de 2025 se aprobaron en tercer debate las reformas a la Ley de la Caja del Seguro Social, con más de 300 modificaciones realizadas, y finalmente, el 18 de marzo de 2025, el presidente Mulino sancionó esta ley: la Ley No. 462.

El 28 de abril de 2025, el Suntracs (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares) inició una huelga nacional en rechazo a esta ley. A este rechazo se unieron otros sectores de la sociedad: gremios de educadores, asociaciones médicas, entre otros, con protestas y marchas.

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A estas protestas se sumaron otros temas: el Memorándum de Entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos, la mina y Río Indio; los dos últimos, temas que no se han tocado hasta el momento, por lo que sería bueno saber las razones por las cuales están en contra.

Con este escrito no quiero demeritar las protestas, ya que, según el artículo 69 de la Constitución Política de la República de Panamá:

“Se reconoce el derecho de huelga. La Ley reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que ella determine.”

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Vivimos en una sociedad inconforme, donde elegimos al gobernante “menos malo”, donde nada nos convence, donde nuestro deporte principal es criticar sin dar soluciones, donde no ha pasado un año del gobierno actual y ya queremos derrocar al presidente, donde nos dejamos llevar por frases de campaña sin leer propuestas.

Donde nos damos el lujo de que los jóvenes de las escuelas públicas pierdan clases.
¿Realmente entendemos lo que significa perder clases?

Aumentar la brecha entre la educación privada y pública —es decir, crear desigualdad—, pérdida de aprendizaje, menor posibilidad de obtener un empleo, son algunas de las consecuencias.

Para tener mejores salarios, se necesita mejor educación, educación actualizada. ¿Pero la tenemos?

Mientras que en Panamá tenemos el mismo pénsum académico desde 1940, el mundo habla de inteligencia artificial y transformación digital.

Según un estudio del World Economic Forum, cinco empleos del futuro son: especialistas en big data, ingenieros en fintech y especialistas en IA y aprendizaje automático.

¿Estamos listos en Panamá para este debate o seguiremos perdiendo clases?

La ironía de la sociedad panameña es que ningún gobernante sirve, y cuando le dan la oportunidad a otro, tampoco sirve, y nos vamos en ese ciclo sin intentar romperlo.
Si vivimos en democracia, ¿por qué no la aceptamos?

Por un momento, entendamos que cada uno de nosotros somos los responsables de la actualidad del país.

Cambiemos la educación, para que cambie la conciencia, y con el cambio de conciencia, obtendremos el discernimiento para tomar las mejores decisiones para nuestro país.