Maduro y Cilia Flores enfrentan nueva audiencia en E.U. en medio de disputa por pruebas y defensa legal

El proceso judicial contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, avanza en Estados Unidos con una segunda audiencia programada ante un tribunal federal en Nueva York, en un caso que combina acusaciones de narcoterrorismo, disputas legales por el acceso a pruebas y cuestionamientos sobre su derecho a defensa.

La comparecencia se realiza ante el juez Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos enfrentan cargos relacionados con conspiración para traficar cocaína, uso y posesión de armas de guerra, así como delitos vinculados al narcoterrorismo. En una audiencia previa, realizada en enero, los dos se declararon no culpables.

Uno de los puntos centrales de esta etapa es la discusión sobre las pruebas que maneja la fiscalía estadounidense. El Ministerio Público ha solicitado al tribunal restringir parte del material probatorio, argumentando que su divulgación podría poner en riesgo a testigos y a sus familiares. Según los fiscales, algunos de los implicados que permanecen en libertad podrían utilizar su influencia para identificar, intimidar o incluso causar daño a quienes colaboren con la justicia.

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La defensa, sin embargo, rechaza limitaciones amplias y ha objetado una disposición específica que impediría compartir evidencias con otros acusados en el caso que no han sido detenidos. Entre ellos figuran altos dirigentes venezolanos como Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y Nicolás Maduro Guerra, además de Héctor Guerrero Flores, presunto líder del grupo criminal Tren de Aragua, todos con órdenes de captura vigentes en Estados Unidos.

Otro eje de controversia gira en torno al financiamiento de la defensa legal. Los abogados de Maduro y Flores sostienen que no cuentan con recursos propios y han solicitado que el Estado venezolano asuma los honorarios. Sin embargo, las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han bloqueado el uso de esos fondos, lo que, según la defensa, vulnera el derecho constitucional a elegir representación legal.

La fiscalía sostiene que la normativa estadounidense prohíbe utilizar recursos de entidades sancionadas para pagar abogados de personas igualmente sancionadas. Aunque en un momento se autorizó una licencia para liberar los fondos, esta fue revocada posteriormente por lo que se calificó como un error administrativo.

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Mientras tanto, el caso continúa en la fase de intercambio de pruebas, conocida como “discovery”, en la que ambas partes comienzan a examinar los elementos que sustentan sus argumentos. Expertos señalan que este tipo de procesos puede extenderse durante años antes de llegar a juicio, debido a su complejidad técnica y a las múltiples disputas legales en curso.

Maduro fue acusado por Estados Unidos desde 2020, cuando el Departamento de Justicia lo vinculó con una red de narcotráfico internacional y ofreció una recompensa por información que condujera a su captura. En este nuevo capítulo judicial, enfrenta cuatro cargos, mientras que Flores responde por acusaciones similares relacionadas con conspiración para tráfico de drogas y armas.

Las autoridades estadounidenses consideran que los delitos imputados tienen implicaciones directas en la seguridad nacional, lo que reduce significativamente las posibilidades de medidas como fianza. Además, al no ser reconocido como jefe de Estado por la Casa Blanca, Maduro no puede acogerse a inmunidad.

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El desarrollo de esta audiencia será clave para definir el rumbo del proceso, incluyendo si se mantienen las restricciones sobre las pruebas, el alcance de la defensa y el calendario hacia un eventual juicio que, según estimaciones, podría tardar varios años en concretarse.