MEF y jubilados: promesas pasadas y expectativas futuras

MEF y jubilados: promesas pasadas y expectativas futuras

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha generado nuevas expectativas entre los jubilados, pero no ha asegurado de manera concreta el cumplimiento de sus promesas. En una reunión reciente entre representantes de gremios de jubilados y directivos del MEF, la entidad gubernamental ofreció una «evaluación» para considerar una asignación de $15 millones en el próximo presupuesto estatal, como una primera fase del bono previamente prometido.

Esta nueva promesa generó inquietud entre los jubilados, ya que la asignación no responde a una solicitud actual, sino más bien a un compromiso anterior del Gobierno de Laurentino Cortizo. En su momento, el gobierno mencionó que parte de los ingresos anuales de Minera Panamá serían destinados para aumentar las pensiones de aquellos jubilados que reciben menos de $350 mensuales, como parte de las negociaciones para renovar la concesión con la minera.

En la reunión participaron el viceministro de Economía, Carlos González, otros funcionarios del MEF y miembros de los Movimientos Nacional Unidos de Jubilados y Pensionados (Mundo) y de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo, según informó el MEF en un comunicado.

Esta partida propuesta se consideraría como una primera fase del bono, pero los jubilados esperan que se anuncie un bono extraordinario para este mismo diciembre, cuando se presente el presupuesto para el año 2024.

En una reunión anterior convocada por la Presidencia en agosto, los jubilados no pudieron dialogar con el presidente Cortizo. Este hecho se conoció en medio de tensiones debido a la presentación ante la Asamblea Nacional del contrato entre el Estado y Minera Panamá, cuyos ingresos se suponía que garantizarían la promesa de la pensión mínima a los jubilados.

El MEF reconoció que la reciente decisión de inconstitucionalidad de la Ley 406 del 2023, que ratificaba el contrato con Minera Panamá, afectó la posibilidad de cumplir con esa promesa, ya que estaba vinculada a los ingresos provenientes de la mina de cobre.

A pesar de esto, el Gobierno recibió un pago por parte de la empresa de más de $500 millones, los cuales permanecen depositados en el Banco Nacional de Panamá por disposición de Cortizo, sin que hasta el momento se haya informado públicamente sobre el destino de dichos fondos.