Netflix cancela estreno de serie «Angi Crimen y castigo» tras orden judicial en Tarragona

El estreno de la docuserie Angi Crimen y castigo, una de las grandes apuestas de Netflix sobretodo en España para el mes de mayo, ha sido suspendido de forma repentina por decisión judicial. La plataforma tenía previsto lanzar este jueves 1 de mayo los dos primeros episodios del documental, centrado en el asesinato de Ana Páez ocurrido en 2008, un crimen por el que fue condenada María Ángeles Molina, conocida como Angi. Sin embargo, los episodios no aparecieron en el catálogo como estaba previsto, y todo apunta a una orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona, que estimó una solicitud de suspensión cautelar presentada por la propia Molina.

Según ha trascendido, Molina —quien cumple una pena de 22 años por el homicidio— alegó en su demanda que el documental incluía imágenes personales anteriores al crimen que fueron utilizadas sin su autorización. El juzgado accedió a frenar provisionalmente la difusión, distribución y explotación comercial del material, lo que obligó a la plataforma a retirar también los avances promocionales que ya había publicado. Hasta el mismo miércoles, el documental figuraba entre los estrenos destacados de Netflix en su catálogo español.

La serie prometía revelar detalles inéditos sobre la vida de Angi, incluyendo su relación con Juan Antonio Álvarez Litben y la misteriosa muerte del empresario en 1996. Este enfoque, centrado en episodios personales, habría sido uno de los elementos más conflictivos para la defensa de Molina, al no contar con su consentimiento expreso y tocar aspectos sensibles de su vida previa a los hechos delictivos por los que fue juzgada.

Este nuevo revés legal para Netflix no es un caso aislado. En 2023, Rosa Peral —condenada por el llamado crimen de la Guardia Urbana— también emprendió acciones judiciales contra la serie El cuerpo en llamas, protagonizada por Úrsula Corberó, solicitando el secuestro de la ficción. Aunque su petición fue inicialmente rechazada, la Audiencia de Barcelona dio más tarde validez a su recurso, considerando que la demanda merecía ser tramitada. En ese caso, Peral acusaba a la plataforma de vulnerar derechos fundamentales como el honor, la imagen y la intimidad, y reclamaba una compensación millonaria.

En el caso de María Ángeles Molina, la sentencia de 2012 concluyó que se había aprovechado de la relación de amistad con su víctima para suplantar su identidad y contratar préstamos y seguros de vida a su nombre por más de un millón de euros. El asesinato, cometido en un apartamento del barrio de Gràcia en Barcelona, incluyó una puesta en escena perturbadora: Angi asfixió a Páez con una bolsa de plástico y manipuló el cuerpo para simular una agresión sexual.

La retirada de Angi Crimen y castigo subraya el creciente conflicto entre los derechos individuales y la narrativa mediática en torno al auge del género true crime, que sigue ganando popularidad en plataformas como Netflix. Producciones como El caso Asunta, El caso Alcàsser o Lucía en la telaraña han cosechado éxito al dramatizar o documentar hechos criminales reales, pero también han encendido debates éticos sobre los límites del entretenimiento basado en tragedias humanas.

No solo el cine y la televisión han estado bajo escrutinio. La literatura también ha vivido episodios similares. El reciente caso del libro El odio, sobre José Bretón, terminó con la editorial Anagrama cancelando su publicación indefinidamente tras la presión de la familia y de la Fiscalía, al considerar que la obra vulneraba límites éticos.

La cancelación del estreno de Angi Crimen y castigo plantea nuevas preguntas sobre la responsabilidad de las plataformas al retratar crímenes reales, en un contexto en que el true crime ha pasado de ser un nicho oscuro a una fórmula de éxito comercial que, sin embargo, exige cada vez mayor sensibilidad legal y moral.