Nicaragua guarda silencio y deja vencer salvoconducto de Martinelli

Una nueva página de incertidumbre se suma al caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. La noche del jueves 3 de abril, la Cancillería panameña confirmó que el salvoconducto otorgado para su eventual traslado a Managua ha expirado sin que el régimen de Daniel Ortega diera una respuesta formal sobre su aceptación.

El anuncio llegó casi a la medianoche. A las 11:50 p.m., un escueto pero contundente comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a pesar de haber entregado toda la documentación a través de los canales diplomáticos correspondientes, las autoridades nicaragüenses no respondieron ni dentro del plazo inicial ni durante la prórroga, la cual vencía exactamente nueve minutos después del comunicado, a las 11:59 p.m.

Asilo aún vigente, pero sin salida

A pesar del silencio oficial de Nicaragua, Panamá aclaró que la expiración del salvoconducto no anula el estatus de asilado diplomático que Martinelli mantiene dentro de la embajada. “El asilo concedido permanece en vigor y es respetado por nuestra parte, en cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y en apego a los derechos humanos”, señaló la Cancillería.

La situación deja al expresidente en un limbo jurídico y diplomático. Condenado a más de diez años de prisión por lavado de dinero en el caso New Business, y con otro juicio pendiente por el escándalo Odebrecht, Martinelli permanece dentro de la sede diplomática nicaragüense, sin una ruta clara de salida y en medio de crecientes tensiones bilaterales.

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Murillo endurece postura

La negativa de Nicaragua a permitir el ingreso de Martinelli contrasta con el permiso concedido por Panamá, que el 27 de marzo otorgó el salvoconducto por “razones estrictamente humanitarias”. Sin embargo, desde Managua, la vicepresidenta Rosario Murillo endureció la retórica. Condicionó la entrada del exmandatario a “aclaraciones” sobre una notificación roja de Interpol —la cual ya había sido rechazada por Panamá— y acusó al gobierno panameño de actuar con hostilidad hacia su país en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Estas declaraciones no solo tensaron aún más el ya frágil canal de comunicación entre ambos países, sino que también pusieron en entredicho las verdaderas intenciones del régimen nicaragüense frente al caso Martinelli. Aun con la prórroga del salvoconducto —extendida hasta el 3 de abril— Managua no ofreció respuesta alguna.

Embajada en pausa, cámaras en guardia

Durante la noche del jueves, el ambiente frente a la embajada de Nicaragua en Panamá reflejaba la ambigüedad del momento. Luego de varios días de presencia permanente, las unidades de seguridad del Estado comenzaron a retirarse progresivamente alrededor de las 9:00 p.m., mientras los medios de comunicación permanecían atentos, expectantes ante una posible novedad que nunca llegó.

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Así, Martinelli continúa recluido en una embajada cuyo gobierno no parece dispuesto a recibirlo, bajo la protección de un asilo que se cumple en la forma pero no en el fondo, y con un futuro legal marcado por la sombra de sus condenas y un laberinto político sin salida visible.