Nueva propuesta busca poner fin a la politización en el nombramiento de notarios en Panamá

El diputado independiente Jorge González López, representante del circuito 8-5, presentó recientemente ante el pleno de la Asamblea Nacional una nueva propuesta de ley destinada a regular los nombramientos y el funcionamiento de las notarías en Panamá. Esta iniciativa responde a una creciente preocupación por la opacidad y la politización que han caracterizado a las notarías, las cuales han sido utilizadas como bastiones políticos por partidos que se turnan en el poder.

El anteproyecto, compuesto por 23 artículos, establece un marco normativo claro sobre las funciones, atribuciones y requisitos que deben cumplir los notarios para ser designados. Además, contempla la fiscalización estricta y un enfoque en la transparencia, algo que hasta el momento ha sido escaso en la operación de estas oficinas.

Entre los requisitos estipulados para ejercer como notario, destacan la obligación de residir en la cabecera del circuito notarial correspondiente y haber ejercido la abogacía por un mínimo de 10 años en instituciones como el Órgano Judicial, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se requerirá un diplomado en derecho notarial como prerrequisito antes de asumir el cargo.

El proyecto también introduce un periodo fijo de cinco años para el ejercicio notarial, y delega el proceso de selección a una junta técnica conformada por representantes de varias instituciones, como la Procuraduría de la Administración, el Órgano Judicial y el Colegio Nacional de Abogados, entre otros. La propuesta contempla, además, sanciones que oscilan entre los $5,000 y $50,000 para aquellos notarios que incumplan con la entrega de sus protocolos a los Archivos Nacionales, una obligación que deberá cumplirse de manera anual, ya sea en formato físico o digital.

Para asegurar la transparencia y evitar irregularidades, el Ministerio de Gobierno tendrá la responsabilidad de auditar y supervisar el trabajo de los notarios. Adicionalmente, la Autoridad de Innovación Gubernamental deberá desarrollar un sistema digital que permita automatizar el manejo y almacenamiento de los protocolos notariales, modernizando así el sistema.

El contexto en el que se presenta esta propuesta es particularmente sensible, pues en agosto pasado el presidente José Raúl Mulino nombró a 21 nuevos notarios, muchos de los cuales tienen vínculos con la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), lo que ha generado controversia por el trasfondo político de estas designaciones.