Orden de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de Perú

Lima, 20 de noviembre de 2024 – La justicia en Perú ha tomado una medida contundente al emitir una orden de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Esta decisión judicial se produce mientras la fiscalía investiga a Boluarte por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y su presunta pertenencia a una organización criminal.

Nicanor Boluarte se encuentra actualmente en el foco de las autoridades tanto dentro como fuera del país, tras no presentarse a una audiencia programada ante el juez Richard Concepción Carhuancho. La ausencia del hermano de la mandataria durante la audiencia ha generado sospechas sobre su posible intento de evadir la justicia. Desde el pasado domingo, se desconoce su paradero, momento en el cual el Ministerio Público solicitó su detención preventiva debido al alto riesgo de fuga. Aunque Boluarte participó de manera virtual en el proceso legal, su ubicación física permanece incierta.

El juez Concepción Carhuancho ha determinado que Nicanor Boluarte deberá cumplir una prisión preventiva de 36 meses. Esta decisión se fundamenta en la consideración de que, dada su estrecha conexión con las esferas de poder, existía una posibilidad real de que intentara escapar del país para evadir la justicia.

La defensa de Nicanor Boluarte ha anunciado que apelará esta resolución, manteniendo su postura de negar todas las acusaciones en su contra. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte también enfrenta sus propios desafíos legales. La fiscalía la investiga por su presunta complicidad en la muerte de decenas de manifestantes que protestaron contra su ascenso al poder en 2022.

Este no es el primer enfrentamiento de la justicia con el hermano de la presidenta. En mayo de este año, Nicanor Boluarte fue detenido brevemente junto al abogado de la mandataria, Mateo Castañeda. La Fiscalía imputó a Boluarte por influir en la designación de cargos en el departamento de Cajamarca y en diversos organismos estatales, con el objetivo de favorecer a individuos dispuestos a contribuir económicamente a una red corrupta que intentaba establecerse. Además, se le acusa de haber exigido su colaboración para la recolección de firmas y la creación de un nuevo partido político.

Por su parte, Mateo Castañeda enfrenta cargos por intentar desactivar la investigación sobre Nicanor Boluarte, ofreciendo la protección de la presidenta a oficiales policiales para obtener información relevante. Castañeda asesora a Dina Boluarte en un caso de presunto enriquecimiento ilícito relacionado con el uso de relojes Rolex y joyería de alta gama.

La popularidad de Dina Boluarte ha sufrido un notable descenso, situándola en niveles históricos bajos de aprobación. A pesar de las crecientes presiones y las múltiples investigaciones en su contra, la presidenta debe permanecer en el cargo hasta julio de 2026. Boluarte ha negado todas las acusaciones, manteniéndose firme ante las investigaciones que la involucran.

Además de los señalamientos por corrupción y complicidad en violencia, la administración de Boluarte enfrenta críticas por la manera en que su familia ha manejado el poder desde su ascenso a la presidencia, tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Las autoridades peruanas continúan con la búsqueda de Nicanor Boluarte, reafirmando su compromiso con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país. La situación política en Perú se mantiene tensa, con un gobierno que debe enfrentar no solo desafíos internos, sino también la creciente desconfianza de la población.