Panamá condena la situación en Nicaragua y exige respeto al derecho internacional

En un tono contundente, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó a Nicaragua como un país que «no tiene ni Dios ni ley», destacando graves deficiencias en el respeto a las normas internacionales y al marco legal interno. Las declaraciones, realizadas este jueves 12 de diciembre de 2024, se enmarcan en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre ambas naciones, avivadas por la actividad política del expresidente panameño Ricardo Martinelli desde su asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá.

Mulino subrayó que Nicaragua representa un caso único en la región, al ser un país que, según sus palabras, «carece de cualquier noción de derecho». Estas críticas se dan tras la queja formal presentada por el gobierno panameño, que busca frenar el uso de la sede diplomática nicaragüense como centro de actividades políticas por parte de Martinelli, quien enfrenta una condena de más de 10 años por blanqueo de capitales en el caso New Business.

El conflicto diplomático se enmarca en una crisis interna en Nicaragua que ha despertado alarmas a nivel internacional. Informes recientes, como el publicado en septiembre por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, denuncian un grave deterioro de los derechos humanos, marcado por detenciones arbitrarias, persecución a disidentes y violaciones contra comunidades indígenas.

Entre las medidas más polémicas se encuentra una reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega, la cual otorga poderes concentrados a dos “copresidentes”: Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Esta modificación, criticada por organizaciones civiles y figuras internacionales, elimina la división de poderes, consolida la militarización del estado y permite prácticas como la apatridia y la tortura, según denuncias.

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Panamá, a través de las declaraciones de Mulino, se suma al coro de voces que exigen mayor atención sobre la crisis nicaragüense. La administración panameña ha instado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para frenar el debilitamiento de las instituciones democráticas y restaurar el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.