Panama Ports Company denuncia ocupación tras toma estatal de puertos

El Gobierno Nacional tomó este lunes el control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, hasta ahora operadas por Panama Ports Company (PPC), en una decisión que marca un giro drástico en la relación entre el Estado y la concesionaria privada.

De acuerdo con la empresa, la intervención se produjo tras la publicación en la Gaceta Oficial de un fallo de la Corte Suprema vinculado a la Ley No. 5 de 1997, así como de un decreto ejecutivo que ordena la ocupación de bienes ubicados dentro y fuera de ambas terminales. El decreto contempla activos como grúas, vehículos, equipos informáticos y otros recursos utilizados en la operación portuaria.

Ingreso de autoridades y cese inmediato de operaciones

Según el comunicado empresarial, representantes del Ejecutivo —incluyendo delegados de la Presidencia, la Autoridad Marítima de Panamá y el Ministerio de Trabajo— se presentaron en el puerto de Balboa para notificar formalmente que la concesión había quedado sin efecto y que las instalaciones pasaban a manos del Estado.

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PPC sostiene que la medida implicó su remoción inmediata de la administración de los puertos y el cese obligatorio de operaciones. La compañía afirma que no otorgó consentimiento para la ocupación ni para el uso de sus activos y responsabiliza al Estado por cualquier eventual daño derivado de la transición.

Disputa legal y advertencia de acciones internacionales

La empresa argumenta que las decisiones adoptadas por el Gobierno contradicen el marco jurídico vigente y la posición sostenida por el propio Estado durante casi tres décadas. Asimismo, señala que en el último año se desarrolló un proceso orientado a cuestionar la validez del contrato de concesión.

PPC asegura que en las semanas previas intentó mantener canales de diálogo con las autoridades para evitar interrupciones en la cadena logística y proteger a trabajadores, proveedores y clientes. No obstante, afirma que no recibió información detallada sobre el plan estatal para asumir la administración ni garantías respecto a la continuidad operativa.

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La concesionaria también indicó que se reserva el derecho de recurrir a instancias internacionales, incluidos mecanismos de arbitraje y tratados de protección de inversiones, en defensa de sus intereses y los de sus accionistas.

Impacto en el sistema portuario

Balboa y Cristóbal son dos de las principales terminales del país y forman parte del engranaje logístico que conecta el comercio internacional a través del istmo. La transición hacia el control estatal plantea interrogantes sobre la estabilidad operativa, la seguridad jurídica y la continuidad de los servicios en uno de los sectores estratégicos de la economía panameña.

EL Gobierno ha explicado el alcance de la decisión detallando el alcance operativo de la medida y el esquema bajo el cual se administrarán las terminales en esta nueva etapa.

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