Presentan Amparo Constitucional contra Contrato Minera Panamá

Presentan Amparo Constitucional contra Contrato Minera Panamá

El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería han tomado medidas legales en busca de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En una acción contundente, presentaron un Amparo de Garantías Constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, dirigido contra la Resolución de Consejo de Gabinete que aprobó el Contrato con Minera Panamá.

El objetivo de esta medida legal es instar a la Corte Suprema de Justicia a tomar acciones inmediatas frente a las violaciones a los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación ciudadana, a un ambiente sano y al desarrollo sostenible. La Resolución de Consejo de Gabinete, que autorizó la firma y envío a refrendo del contrato con Minera Panamá, así como su presentación a la Asamblea Nacional, ha ignorado por completo los procedimientos constitucionales y legales establecidos para el otorgamiento de concesiones de este tipo. Esto ha creado una situación de desigualdad y privilegio para la empresa concesionaria en relación con otros posibles competidores, aumentando el riesgo de que el Estado no obtenga las condiciones más favorables para la explotación de la mina en Donoso.

Un aspecto aún más preocupante es que la aprobación del contrato va en contra de los criterios previamente establecidos por la propia Corte Suprema de Justicia. En un fallo de 2017, la Corte consideró indispensable la realización de una licitación o concurso de actores, así como el otorgamiento del contrato de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.

Además de estas violaciones, la Resolución de Gabinete también ha transgredido el derecho de participación ciudadana consagrado en diversos instrumentos de protección de derechos humanos, incluyendo el Acuerdo de Escazú. La consulta pública llevada a cabo por el Ejecutivo ha sido criticada por no haber explicado de manera clara cómo se han tenido en cuenta las aportaciones técnicas y legales realizadas por la ciudadanía. Esto pone en grave peligro los derechos de los panameños a un ambiente sano y al desarrollo sostenible, especialmente para las comunidades cercanas a la explotación minera.

El CIAM y sus organizaciones aliadas también han denunciado públicamente al Ministerio de la Presidencia, en particular a la Dirección de Gaceta Oficial, por intentar retrasar la presentación de esta acción legal. El proceso de entrega de las copias autenticadas de la resolución impugnada, que normalmente debería llevar aproximadamente una semana, ha sido inexplicablemente demorado durante 25 días.

El CIAM y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería continúan su lucha incansable en defensa de los derechos fundamentales y del medio ambiente, y hacen un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que actúe de manera justa y en beneficio de todos los ciudadanos panameños.