Presidente Mulino expropia terrenos en isla Margarita por ‘interés social urgente’

El Gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, dispuso la expropiación “extraordinaria” de 41 fincas en isla Margarita, provincia de Colón, con el propósito de recuperar el control estatal sobre un área clave para el desarrollo portuario del país. La decisión, plasmada en el Decreto Ejecutivo No. 90 del 20 de octubre de 2025, marca un giro en la disputa por los terrenos donde antes operaba la concesión de Panamá Colón Container Port Inc. (PCCP).

El decreto dispone que las 41 fincas inscritas en la sección de Propiedad del Registro Público, que están a nombre de la sociedad Panamá Colón Container Port Inc. (PCCP) —empresa que tenía la concesión de fondo de mar para desarrollar una terminal portuaria en la zona—, sean transferidas al dominio de la Nación panameña por razones de “interés social urgente”. La expropiación está motivada por la intención del Estado de iniciar la construcción de una nueva facilidad portuaria en la entrada atlántica del canal.

Según el decreto, la Dirección General del Registro Público deberá anotar la transferencia, cancelar cualquier gravamen o limitación de dominio sobre los bienes, mientras que el Ministerio Público promoverá el proceso judicial para fijar el monto de la indemnización. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública está facultado para garantizar la ocupación de las fincas por parte del Estado.

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La historia de las fincas remite a terrenos que antes formaron parte de las antiguas bases militares de los Estados Unidos en la antigua Zona del Canal, los cuales fueron transferidos a jurisdicción panameña y posteriormente asignados en concesión a PCCP mediante el contrato A-2017-12, firmado el 17 de mayo de 2013, para desarrollar, operar y administrar una terminal para contenedores y carga general. Sin embargo, el contrato fue rescindido por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en abril pasado, debido a incumplimientos en el cronograma, atrasos, fianzas vencidas y morosidad en el pago de cánones —PCCP arrastraba una deuda superior a un millón de dólares. En medio del litigio por la titularidad del proyecto, un antiguo socio de PCCP embargó las fincas mientras el proyecto permanecía paralizado.

El presidente Mulino ha sido crítico del consorcio que manejaba la concesión, a quien calificó de “corrupto”, y ha anunciado acciones legales para recuperar el control del proyecto portuario. Por su parte, PCCP acudió en amparo a la Corte para frenar la cancelación de sus concesiones, lo que añade tensión al conflicto. Con la expropiación, el Gobierno pretende dar paso a un nuevo proyecto estatal que reactive la terminal portuaria, clave para la zona atlántica del Canal, con efectos esperados para la logística y el comercio internacional.