REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | marzo 31, 2023Rigoberto González solicita extensión de 30 días para consulta ciudadana sobre proyecto minero
El Procurador de la Administración de Panamá, Rigoberto González, envió una misiva al Ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, en la que presenta algunas consideraciones jurídicas en torno al nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., para el proyecto minero «Mina de Cobre Panamá».
En la nota, el Procurador señala que la Ley No.6 de 22 de enero de 2002 establece la importancia y obligación de las instituciones públicas en publicar la modalidad de participación ciudadana que adoptarán en cumplimiento de la ley. Enfatiza la relevancia de la consulta pública como forma de participación ciudadana y herramienta fundamental para una gestión pública transparente y participativa.
El Procurador recuerda que el instrumento normativo destaca la importancia de la participación ciudadana en diversas modalidades, como la consulta pública, la audiencia pública y la participación directa en instancias institucionales. Afirma que la consulta pública es crucial y que las instituciones públicas tienen la obligación de publicar la modalidad de participación ciudadana adoptada antes de la celebración de cualquier acto administrativo sujeto a dicha participación.
Después de iniciado el proceso de consulta pública, que debe durar treinta días calendario, la ciudadanía podrá acceder a la información y al contrato en sí mismo, lo que garantizará la revisión del contrato y la recepción de comentarios. Posteriormente, el Consejo de Gabinete lo presentará ante la Contraloría General de la República para su revisión y evaluación, y luego lo sustentará ante la Asamblea Nacional para su aprobación y sanción por parte del Presidente de la República.
El Procurador destaca que todas estas acciones tienen una connotación positiva para la visión país, sostenida en más de diez términos rectores del contrato, siendo uno de los más importantes el «Bienestar Social e Interés Público».
Bajo dicho concepto y la positiva participación ciudadana, el procurador considera necesario recomendar que se extienda el período de consulta ciudadana más allá de los treinta días anunciados en el aviso, y que se organicen actividades positivas, como foros y talleres participativos a nivel nacional, para facilitar el acceso ciudadano y explicar los distintos componentes y aspectos propios del contrato.