Procurador propone endurecer penas por corrupción y presenta Ley General Anticorrupción

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, presentó este jueves ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción mediante el endurecimiento de las sanciones penales y la implementación de nuevas herramientas de investigación.

Durante la sustentación de sus propuestas, Gómez advirtió que la corrupción es un “cáncer que corroe los cimientos del Estado de derecho” y deteriora la confianza ciudadana en las instituciones públicas. El primer proyecto plantea modificaciones al Código Penal para aumentar las penas en delitos como el cobro de salario sin trabajar, enriquecimiento injustificado, alteración de procesos de contratación pública y corrupción judicial.

Entre las reformas destacadas, se propone modificar el artículo 349 del Código Penal, que actualmente solo impone una multa de entre 150 y 300 dólares a los funcionarios que cobran sin laborar. Con la nueva redacción, esta conducta se castigaría con prisión de 4 a 6 años. En el caso del enriquecimiento injustificado (art. 351), se propone subir la pena de 3-6 años a 4-8 años.

El artículo 364 también sería modificado para sancionar con 4 a 8 años de prisión a quienes alteren actos de contratación pública o difundan información falsa relacionada con dichos procesos. La pena por actos de corrupción, en general, se elevaría a un rango de 4 a 8 años (art. 347) y hasta 10 años en el caso de funcionarios judiciales.

Nueva Ley General Anticorrupción

Además de las reformas penales, Gómez presentó un segundo proyecto: una Ley General Anticorrupción que introduce medidas estructurales para facilitar la investigación, enjuiciamiento y reparación en casos contra la administración pública.

Una de las novedades es que las auditorías realizadas por instituciones estatales, universidades públicas, fuerzas de seguridad y entes técnicos podrán ser utilizadas como pruebas válidas sin necesidad del refrendo de la Contraloría.

La iniciativa también permite a los fiscales ordenar investigaciones patrimoniales, aprehensión de bienes y declarar causas como complejas y reservadas por un periodo de hasta 30 días. Asimismo, se establece el uso de acuerdos reparatorios, a través de los cuales el acusado puede colaborar, devolver bienes y recibir beneficios procesales como reducción de penas, supresión de identidad y medidas de protección.

El proyecto incluye una cláusula que duplica el plazo de prescripción penal para delitos como peculado, enriquecimiento injustificado y corrupción, cuando el funcionario permanezca en el cargo. Además, impide que exjueces y exfiscales actúen como abogados en causas penales en las que hayan tenido participación previa.

Contexto: más de 3,800 causas activas

Gómez fundamentó la necesidad de estas reformas señalando que actualmente el Ministerio Público mantiene activas 3,840 investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública.

“Estos cambios buscan cerrar las brechas legales que han permitido que la corrupción evolucione con sofisticación, afectando la prestación de servicios esenciales y perpetuando la impunidad”, concluyó el procurador.