Procuraduría advierte que atrasos en auditorías afectan investigaciones por corrupción

La falta de informes técnicos por parte de la Contraloría General ha retrasado más de 200 investigaciones penales, según advirtió este sábado la Procuraduría General de la Nación.

En un comunicado difundido el 14 de junio, la Procuraduría señaló que enfrenta “limitaciones operativas” para avanzar con celeridad en causas penales, debido a la ausencia de auditorías clave solicitadas a otras instituciones del Estado, particularmente a la Contraloría General de la República.

Entre los casos más relevantes mencionados están las investigaciones por presuntas irregularidades en el programa de descentralización paralela y los auxilios económicos del IFARHU. Solo en el primero, se han presentado 233 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, pero aún están pendientes 116 auditorías técnicas.

La Procuraduría también confirmó la apertura de nuevas investigaciones, entre ellas una por posible enriquecimiento injustificado vinculado al IFARHU, iniciada el pasado 10 de junio tras recibir una auditoría oficiosa.

En relación al caso Panama Ports Company (PPC), otro de los expedientes de alto perfil, se han realizado 22 entrevistas, una comisión judicial, cinco asistencias técnicas y 72 diligencias investigativas, como parte del proceso abierto tras declaraciones públicas en medios de comunicación.

Según el comunicado, hasta enero de 2025, la Fiscalía Anticorrupción había reportado 166 auditorías pendientes solicitadas formalmente a la Contraloría. Esa cifra ha aumentado a 225, lo que —según la Procuraduría— representa un serio obstáculo para procesar con eficacia los casos de delitos contra la administración pública.

“La responsabilidad institucional exige construir casos sólidos y sostenibles que resistan el escrutinio judicial”, señaló la entidad, al tiempo que reiteró su independencia en el curso de las investigaciones y rechazó cualquier intento de presión externa.

Finalmente, la Procuraduría reafirmó su disposición a colaborar con otras entidades, pero subrayó que esta coordinación debe darse dentro del marco constitucional y con pleno respeto a la legalidad.