Panamá debate reforma tributaria: expertos analizan proyecto de sustancia económica

Proyecto ley sustancia economica panama genera debate entre expertos. Tres abogados analizan modificaciones tributarias, competitividad y transparencia fiscal en Asamblea Nacional.
Panamá debate reforma tributaria: expertos analizan proyecto de sustancia económica

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | mayo 19, 2026 09:00 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - Panamá debate reforma tributaria: expertos analizan proyecto de sustancia económica

Panamá enfrenta uno de los debates tributarios más complejos de su historia reciente. El proyecto ley sustancia economica panama, presentado por el Ejecutivo y actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, ha generado posiciones encontradas entre expertos, gremios y legisladores. Pero más allá de las cifras y tecnicismos, la pregunta central es simple: ¿realmente es una reforma tributaria, y en qué beneficia al país?

En una mesa de debate con tres abogados especialistas en derecho tributario y financiero corporativo —Luis Riza, Gerardo Herrera y José César—, la respuesta fue unánime en lo fundamental: sí es una reforma tributaria necesaria, pero requiere ajustes significativos antes de su aprobación.

¿Qué es realmente este proyecto?

El proyecto ley sustancia economica panama busca modificar el régimen fiscal territorial que ha caracterizado a Panamá durante décadas. En lugar de gravar únicamente los ingresos generados dentro del país, la propuesta condiciona ciertos beneficios fiscales a que las empresas —especialmente multinacionales— demuestren una «sustancia económica» real: empleados, oficinas, operaciones tangibles.

Luis Riza, abogado financiero corporativo que trabaja con Alliance Partners asesorando a personas de alto patrimonio en más de 46 jurisdicciones, fue directo en su diagnóstico: «El concepto principal que es multinacional ya está mal redactado. Es como que nos han diseñado este ultra bote de lujo sumamente rápido, pero cuando lo pones en el agua, entonces no flota».

La preocupación central de los expertos no es el concepto de sustancia económica en sí —que ya existe en regímenes especiales como Panamá Pacífico y CM—, sino cómo está redactado y, más importante aún, cómo será reglamentado.

El problema de la discrecionalidad del funcionario

Aquí emerge el nudo gordiano del debate. El proyecto deja en manos del Ministerio de Economía y Finanzas la definición de qué constituye «sustancia económica» mediante reglamentación posterior. Eso significa que empresas enfrentarán una penalidad del 15% sobre renta bruta (aunque hay indicios de que cambiaría a renta neta) si no cumplen criterios que aún no están claros en la ley.

Eduardo Leblanc, ex defensor del pueblo, señaló en un mensaje citado durante el debate: «En Singapur y Hong Kong hay una certificación previa antes de instancias de instalarse que te indica si cumples con sustancias económicas antes de entrar al sistema. Las reglas del juego están en la ley. No se deja al arbitrio del funcionario público».

Gerardo Herrera coincidió: «Aquí tenemos subjetividad e interpretación por parte del funcionario. Eso no funciona. Eso es algo que a nosotros como país nos ha afectado por muchos años».

Este es un problema técnico-legal fundamental. En derecho tributario, el principio de legalidad exige que los impuestos estén definidos en la ley, no delegados a criterios administrativos. Un reglamento puede ejecutar una norma, pero no puede crear figuras tributarias nuevas ni dejar espacios abiertos para interpretaciones subjetivas.

¿Pérdida de competitividad o modernización necesaria?

Uno de los argumentos más fuertes contra el proyecto es que Panamá perderá competitividad al abandonar su régimen territorial. Pero los expertos matizaron esta posición.

José César señaló que el proyecto no elimina la territorialidad, sino que la condiciona: «Lo que hace es abandonar el criterio de territorialidad que ha gobernado en nuestro país por desde su génesis y lo condiciona a una serie de parámetros que en muchas ocasiones no hace 100% sentido».

Riza fue más directo sobre el impacto real: «Definitivamente esto sí nos quita competitividad sin las modificaciones propuestas. Cuando estamos hablando de no establecer bien cuáles son los conceptos, no establecer bien cuáles son las limitaciones, cuando hablamos de doble gestión que genera doble gastos, no solamente para las multinacionales».

El problema no es la sustancia económica en sí. Otros países —Costa Rica, Barbados, jurisdicciones del Caribe— ya la exigen. El problema es cómo está redactada aquí y la incertidumbre que genera para inversores.

Riza mencionó un caso concreto: un cliente surcoreano que iba a invertir en Panamá se echó atrás hace dos años simplemente por la palabra «Panamá», debido a la reputación dañada por los Panamá Papers. Ahora, con este proyecto mal redactado, ¿cuántos inversores más se irán a Costa Rica o a Singapur, donde las reglas están claras?

¿Quién es realmente una «multinacional»?

Otro vacío crítico: la definición de multinacional en el proyecto es demasiado amplia. Cuando la gente escucha «multinacional», piensa en Nike, Adidas, Caterpillar. Pero el proyecto podría capturar también a personas naturales con varias empresas familiares, holdings patrimoniales, estructuras de inversión legítimas.

Herrera explicó: «Cuando lo encasillas en ese concepto de grupo de dos o más empresas puede ser desde eso, o puede ser desde una persona en un país que tiene heredó operaciones de familiares de tres, cuatro empresas que involucró una holding, una offshore o otras empresas en la región. Eso es lo que estaría incluyendo ahora el proyecto de ley».

Esto es problemático porque Panamá históricamente ha sido atractiva para estructuras de protección patrimonial, tenencia de activos, holdings de inversión. Personas legítimas que no son multinacionales en el sentido operativo, pero que podrían quedar atrapadas en esta red mal definida.

Rentas pasivas: ¿dónde está el sentido?

El proyecto aplica sustancia económica a rentas pasivas: dividendos, regalías, royalties. Aquí los expertos divergieron más.

Herrera argumentó que un dividendo sí requiere sustancia: «La junta de accionistas toma decisiones sobre los modelos de negocio. Esa reunión se lleva en algún lugar. Las decisiones se toman en algún lugar».

Pero José César cuestionó la lógica: «¿Tú necesitas a una persona de lunes a viernes en una oficina con instalaciones para estar pendiente de cuándo llega la ganancia de dividendos que vienen de otro país, que solamente pasa una, dos o tres veces al año?».

Este debate refleja una tensión real: ¿cuáles rentas pasivas realmente justifican exigir sustancia? ¿Todas, o solo algunas? El proyecto no lo deja claro, y eso es un problema.

El impacto económico real

¿Afectará esto al empleo, a la economía panameña? Herrera presentó datos: el régimen CM (empresas multinacionales con sustancia) generó aproximadamente 8,600 empleos según datos del MCI. Si se extrapola a 2,000 sociedades multinacionales con rentas pasivas, con un promedio de 40 a 50 personas por empresa, estamos hablando de entre 80,000 y 100,000 empleos potenciales.

Eso significa derrama económica: salarios, impuestos sobre la renta de empleados, movimiento comercial. Para el taxista, para el profesional, para la economía en general.

Pero hay un riesgo: si el proyecto es tan incierto que empresas deciden irse a Costa Rica o el Caribe, esos empleos desaparecen. Y con ellos, la recaudación tributaria que el gobierno espera obtener.

Marina mercante: fuera del juego

Una victoria temprana: el ministro Chapman ya anunció que el sector marítimo será excluido del proyecto. Esto tiene sentido. El sector marítimo panameño cumple con sustancia económica, genera empleo, aporta divisas. No hay razón para incluirlo en una norma disuasoria.

El cambio de renta bruta a renta neta

El diputado Gaitán, presidente de la Comisión de Economía, señaló que la penalidad del 15% se aplicaría sobre renta neta, no bruta. Esto es importante. Si una empresa recibe 5 millones en dividendos pero tiene gastos asociados, la base tributaria sería menor. Es un ajuste técnico que reduce el impacto, pero que debería estar en la ley, no en el reglamento.

¿Necesario o perjudicial?

Los tres abogados coincidieron: el proyecto es necesario. El mundo se mueve hacia mayor transparencia fiscal. La OCDE, la Unión Europea, jurisdicciones competidoras, todos avanzan en esta dirección. Panamá no puede quedarse atrás.

Pero —y es un «pero» enorme— debe hacerse bien. Con reglas claras. Con definiciones precisas. Sin dejar espacios para la discrecionalidad administrativa.

Riza fue enfático: «Nosotros estamos ingresando el número que el mismo Estado nos dio. Nosotros se lo estamos nuevamente registrando el Estado para que después se demore dos a tres semanas para poder nosotros poder acceder al sistema. Eso nos quita competitividad».

El problema no es la sustancia económica. El problema es la burocracia, la incertidumbre, la falta de claridad.

El rol de la Asamblea Nacional

Hoy comienza el primer debate en el pleno. El presidente de la Comisión de Economía, diputado Gaitán, tendrá un papel crucial. Debe defender los consensos alcanzados, evitar que «francotiradores» —como los llamó Herrera— tuerzan el proyecto por intereses particulares o demagogia.

El triángulo político será: el presidente de la Asamblea, el ministro Chapman y el presidente de la Comisión. Ellos coordinarán el avance del debate. Si hay voluntad política, el proyecto podría ir a segundo debate en días.

Pero hay un riesgo: que llegue al pleno con los 71 diputados y se empantane. Que se agreguen cláusulas populistas, que se tuerza el sentido técnico de la norma.

Lo que falta: comunicación

Un punto en el que todos coincidieron: el gobierno debe comunicar mejor. No solo a gremios y abogados, sino al ciudadano común. ¿Cómo impacta esto al taxista, al trabajador, al pequeño empresario?

La respuesta: indirectamente, de forma positiva. Si Panamá atrae más inversión, hay más empleo. Si hay más empleo, hay más circulante en la economía. Si hay más transparencia, hay más confianza. Si hay más confianza, hay más inversión.

Pero eso requiere explicación. Docencia. No tecnicismos, sino ejemplos concretos.

Las conclusiones de los expertos

Después de 14 horas de debate en comisión y esta mesa de análisis, los puntos de consenso son claros:

1. El proyecto es necesario. Panamá debe modernizar su sistema fiscal. El mundo va hacia allá. No quedarse atrás es imperativo.

2. Requiere ajustes significativos. Definiciones claras de multinacional. Umbrales para no capturar estructuras patrimoniales legítimas. Criterios de sustancia en la ley, no en reglamentos. Renta neta, no bruta, como base de la penalidad.

3. La marina mercante debe excluirse. Ya está fuera. Bien.

4. La reglamentación es crítica. Si el reglamento es discrecional, el proyecto fracasará. Si es claro y predecible, puede funcionar.

5. El liderazgo político es fundamental. El presidente de la Comisión debe defender los consensos técnicos en el pleno. El ministro debe hacer lobby con las bancadas. El presidente de la Asamblea debe mantener el debate en nivel técnico.

¿Saldrá bien?

Herrera fue optimista pero cauteloso: «Yo sigo teniendo fe. Eso va a depender en buena medida del liderazgo que ejerza el presidente de la Comisión en el pleno».

Riza agregó: «Hacia allá está yendo el mundo, profesor, y no nos podemos quedar atrás, aunque a mí me moleste».

El debate apenas comienza. Hoy, en el pleno. Las próximas semanas serán críticas. Lo que suceda en la Asamblea Nacional determinará si Panamá moderniza su sistema fiscal de forma inteligente, o si lo hace de forma que ahuyente la inversión que pretende atraer.

Lo que está claro es que el proyecto ley sustancia economica panama no es un tema menor. Es, como dijeron los expertos, probablemente la reforma tributaria más importante en décadas. Y merece un debate a la altura de su importancia.


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