Publio de Gracia enfrenta medidas cautelares: qué hay detrás del alcance de la Contraloría

Publio de Gracia responde sobre las medidas cautelares de la Contraloría. Conoce los detalles del alcance tributario, la resolución revocada y qué sigue en el proceso judicial.
Publio de Gracia enfrenta medidas cautelares: qué hay detrás del alcance de la Contraloría

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | mayo 20, 2026 07:06 UTC-5
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La Contraloría General de la República procedió a cautelar cuentas bancarias, propiedades y bienes por un monto aproximado de 16 millones de dólares a Publio de Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI). La medida, que se conoció públicamente ayer, tiene su origen en un proceso administrativo que se remonta a octubre de 2024, cuando la administración tributaria actual revocó una resolución que Gracia había emitido durante su gestión.

En una entrevista en vivo, Gracia explicó que el caso gira en torno a un contribuyente que se acogió a la Ley de Regularización Tributaria de 2022, la cual permitía acuerdos de pago extraordinarios para resolver litigios tributarios pendientes. El contribuyente en cuestión era FCC, la empresa constructora, que mantenía un alcance desde 2017 por un supuesto incumplimiento de obligaciones tributarias.

El origen del conflicto: una resolución revocada

Según Gracia, durante su administración en la DGI, el equipo de la dirección de ingresos evaluó la solicitud de FCC y determinó que cumplía con las formalidades establecidas en la ley. «El contribuyente presentó la documentación válida para demostrar que no existía tal alcance», explicó. Además, se logró un acuerdo de pago extraordinario por aproximadamente 4 millones de dólares que FCC reconoció y pagó.

Sin embargo, a finales de julio de 2024, la nueva administración de la DGI consideró que esa resolución no reunía los requisitos legales y procedió a anularla, retrotraendo todos los actos realizados. Gracia presentó una reconsideración que fue rechazada, y posteriormente apeló ante el Tribunal Administrativo Tributario, donde el caso sigue en proceso.

La pregunta central que emerge es: ¿quién tiene la competencia para determinar si un proceso tributario se ejecutó correctamente? Para Gracia, la respuesta es clara: no es la Contraloría. «La Contraloría General de la República no tiene esa competencia para determinar a través de una auditoría si un proceso cumplió o no con el procedimiento tributario correspondiente», argumentó. Según su interpretación, esa facultad corresponde a la DGI, al Tribunal Administrativo Tributario y, en última instancia, a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Las medidas cautelares y el debate sobre competencias

En septiembre de 2025, la Contraloría notificó a Gracia sobre un proceso de auditoría relacionado con la resolución tributaria. La institución señaló que la DGI, a través de Gracia, habría «exonerado» un pago al contribuyente, lo cual, según la Contraloría, violaba la norma tributaria. Basándose en esto, solicitó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Cuentas que tomaran acciones cautelares sobre las cuentas bancarias y bienes de Gracia.

Gracia rechaza categóricamente la acusación de exoneración. «Nunca fue cargada en la cuenta corriente porque se encontraba casualmente en un litigio», explicó. El pago nunca se ejecutó formalmente; lo que ocurrió fue que, en el proceso de reconsideración, se determinó que el contribuyente no le correspondía ese pago, y se aprovechó para negociar un acuerdo de pago extraordinario.

La medida cautelar incluye el congelamiento de cuentas de ahorros, su automóvil y un apartamento que posee desde hace años. Gracia aclaró que no posee los aviones ni barcos que mencionó la Contraloría en su comunicado inicial. «Solamente tengo mis cuentas que tengo desde antes de ser funcionario público, mi automóvil y una propiedad y otras donde participo con mis hermanos», precisó.

¿Un patrón o un caso aislado?

Durante la entrevista, se preguntó si esta fue la única resolución de este tipo emitida durante la gestión de Gracia. Él respondió que no, pero aclaró que el procedimiento fue el mismo en todos los casos: análisis técnico, cumplimiento de formalidades y fundamentación legal. «Nosotros realizamos innumerables acuerdos de pago que se mantienen vigentes actualmente», indicó, refiriéndose a las medidas extraordinarias implementadas durante la pandemia y la post-pandemia.

Gracia comparó su gestión con prácticas internacionales. «Lo que hacen otros países es prefieren llegar a acuerdos, evitar la litigiosidad y, más o menos, un arbitraje. Si no me equivoco, con este contribuyente se pudo concluir, era muy limitada la posibilidad y el tiempo que tenía la ley para que los contribuyentes pudieran acceder a ese derecho», explicó. También mencionó el caso de Shakira, quien llegó a un acuerdo con las autoridades tributarias españolas para resolver su disputa fiscal.

El contexto político y las declaraciones de Martinelli

El mismo día que se conoció la medida cautelar de la Contraloría, el expresidente Ricardo Martinelli hizo declaraciones públicas contra Gracia, utilizando términos como «pillo» y asegurando que haría «lo que tenga que hacer» para que «le caiga todo el peso de la ley». Esto generó interrogantes sobre si existe coordinación entre la Contraloría y Martinelli.

Gracia respondió que Martinelli es «una persona que se ha declarado enemiga pública» de él. Explicó que la relación conflictiva se remonta a decisiones tributarias que afectaron a empresas relacionadas con Martinelli. «Él tenía que participar dentro del expediente. En cambio, su hermano, su sobrino, de manera muy colaborativa participaron en todas las solicitudes que se hicieron», señaló.

Gracia también mencionó que ha recibido intentos de acceso no autorizado a su teléfono, que atribuyó a Martinelli. «Mi teléfono varias veces recibió mensajes relacionados a una posible vulnerabilidad de entrar a mi teléfono a través de Pegasus», indicó, refiriéndose al software de espionaje. Afirmó que informó a las autoridades correspondientes sobre estos incidentes.

¿Qué sigue en el proceso?

Gracia enfatizó que respeta los procedimientos administrativos, aunque no está de acuerdo con el fondo de las decisiones. Ha participado activamente en las diligencias ante la Fiscalía de Cuentas y el Ministerio Público, presentando documentación y expertos que respaldan su posición. «Como abogado tengo que respetar el proceso y como ciudadano también», afirmó.

El caso sobre cautelar bienes publio gracia panama se encuentra en una fase donde el Tribunal Administrativo Tributario aún no ha resuelto la apelación sobre la revocatoria de la resolución original. Mientras tanto, la medida cautelar permanece vigente, aunque Gracia aclaró que esto no constituye una condena definitiva. «Una medida cautelar no constituye una condena definitiva. Es preventiva», explicó, recordando que el Ministerio Público puede apelar cualquier decisión del juez de garantía.

Gracia insistió en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. «El silencio en estos temas no es correcto. Nosotros fuimos funcionarios públicos y todos los que fuimos tenemos la obligación de contestar a los medios de comunicación y a los ciudadanos», concluyó, reafirmando su disposición a continuar participando en el proceso judicial y mediático.

La situación refleja una tensión más amplia en la administración tributaria panameña: la discusión sobre quién tiene la competencia para evaluar la legalidad de las decisiones administrativas, y cómo se equilibra la rendición de cuentas con el respeto a los procedimientos establecidos en la ley.


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