Rechazan amparo de garantías contra jueza Baloísa Marquínez en el caso ‘New Business’

Rechazan amparo de garantías contra jueza Baloísa Marquínez en el caso ‘New Business’

En una reciente decisión, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá ha anunciado que no admitirá el amparo de garantías constitucionales presentado por un defensor técnico particular en contra de la jueza segunda liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, en relación con el caso «New Business». El tribunal argumenta que la acción no cumple con los criterios necesarios para su admisibilidad.

El caso «New Business» involucra a un expresidente de la República acusado de blanqueo de capitales. La defensa del acusado había presentado un amparo alegando que la jueza no ejerció su autoridad de manera adecuada al no lograr la comparecencia de dos testigos de la defensa en una audiencia celebrada el 25 de mayo. También afirmaron que la jueza había conculcado el derecho de la defensa a interrogar las pruebas de cargos y las pruebas testimoniales presentadas en su contra.

Sin embargo, el tribunal argumenta que para que un acto pueda ser impugnado a través del amparo, debe ser capaz de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, ya sea establecido en la Constitución Política, en convenios y tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Panamá, o en la ley. Además, el contenido lesivo del acto debe afectar los derechos y garantías constitucionales de una persona específica.

Las magistradas ponentes, Guimara Aparicio Ortega, Melina Robinson Oro y Lilianne Ducruet, han enfatizado que, bajo el contexto presente y con base en la tutela judicial, no se cumple con el requisito de lesividad del acto, por lo que la actuación de la jueza no vulnera las garantías del orden constitucional.

Las magistradas también advierten que el amparo no puede ser utilizado como medio para cuestionar cuestiones probatorias de manera general, sino que solo procede en casos excepcionales, como cuando se ha violado un derecho o garantía fundamental debido a una sentencia arbitraria o a una sentencia que carece de una motivación adecuada o argumentación suficiente.

Esta decisión del tribunal resalta la importancia de establecer criterios rigurosos para la admisibilidad de amparos y subraya que la protección de los derechos fundamentales debe ser equilibrada con el respeto por el debido proceso y el sistema judicial en su conjunto.