Rutas del dinero y empresas pantalla centran debate en juicio Odebrecht

La audiencia del caso Odebrecht avanzó con una extensa exposición técnica centrada en el análisis de flujos financieros asociados a empresas vinculadas al conglomerado, a partir del informe presentado por el perito Lim, cuyo objetivo principal fue reconstruir la ruta del dinero y establecer los beneficiarios finales de múltiples transferencias.

Desde las primeras intervenciones, el perito explicó que su trabajo consistió en identificar sociedades utilizadas como intermediarias para el movimiento de fondos, muchas de ellas registradas como empresas sin actividad comercial real. En ese contexto, mencionó a Dementeri, una compañía dedicada formalmente a la venta de arena, utilizada —según su análisis— como proveedor habitual de Odebrecht. En relación con esta empresa, detalló transferencias que habrían llegado a cuentas vinculadas a la familia del exministro Jimmy Papadimitriu, con ingresos que superaron los dos millones de dólares entre 2012 y 2013. Sin embargo, al afirmar que las sociedades eran directamente propiedad del exministro, la defensa objetó y la jueza Baloisa acogió la objeción.

El informe también incluyó a Wallace Holding, empresa asociada a la familia Papadimitriu Bagatela, que habría recibido más de 1.4 millones de dólares en varios pagos entre 2011 y 2013. En otro segmento de la exposición, el perito se refirió al exministro de Vivienda Carlos Dubois, señalando que una de sus empresas habría sido beneficiaria de fondos canalizados desde Odebrecht a través de una cuenta en el Banco General.

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La fiscalía continuó el interrogatorio con el caso de Rodrigo Díaz, vinculado a la casa de valores Mundial de Valores, desde donde se manejaban dos estructuras de inversión: Logaro y Villa Loly. Ambas, según el perito, recibieron transferencias de empresas relacionadas con Odebrecht por montos que superaron el millón de dólares, siendo Díaz el beneficiario final en ambas operaciones.

Otro eje del informe giró en torno a Caribbean Holding Services, empresa registrada tanto en Panamá como en Antigua, que habría servido como punto de triangulación de fondos hacia cuentas vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli y su empresa Importadora Ricamar. El perito afirmó que entre 2009 y años posteriores se movieron cerca de 1.5 millones de dólares, procedentes de sociedades relacionadas con Odebrecht, aunque varias defensas objetaron la inclusión de nombres de personas no presentes en la sala.

En su testimonio también aparecieron referencias a Financial Pacific, al empresario Freddy Barco Vera —quien habría recibido fondos derivados de sobrecostos de obras— y a Ramón Carretero, cuyas empresas habrían manejado más de dos millones de dólares provenientes de sociedades controladas por la constructora brasileña.

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Concluido el interrogatorio directo de la fiscalía a las 10:20 a.m., se dio paso al contrainterrogatorio por parte de las defensas. En esta fase, los abogados cuestionaron la metodología del perito, la ausencia de libros contables, la falta de acceso a registros internos de las empresas investigadas y la inexistencia de cadena de custodia formal sobre la información utilizada. El propio perito reconoció que su análisis se basó en documentación suministrada por el Ministerio Público y en informes previos, sin haber revisado contabilidades completas ni registros accionarios.

Durante las preguntas de las defensas, se reiteró que muchas de las cuentas investigadas habían sido abiertas años antes del inicio de la investigación, que varias transferencias no fueron calificadas como sospechosas por el propio perito y que no se estableció de forma concluyente la relación directa entre algunos de los acusados y los fondos analizados.

La audiencia se reanudó en la tarde con nuevas intervenciones de abogados defensores, quienes insistieron en que el informe pericial no logró probar vínculos claros entre determinadas personas y las operaciones financieras descritas. En varios casos, la jueza solicitó reformular preguntas por considerarlas confusas o repetitivas, mientras el perito reiteró que su rol se limitó a describir movimientos bancarios y no a establecer responsabilidades penales.

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El cierre de la jornada dejó en evidencia un punto central de tensión: mientras la fiscalía sostuvo que existía un patrón sistemático de triangulación de fondos provenientes de Odebrecht, las defensas argumentaron que el informe carecía de sustento probatorio suficiente para atribuir participación directa a sus representados.