Salvoconducto a Martinelli desata debate sobre impunidad y justicia

La justificación oficial del otorgamiento es de carácter humanitario, con el objetivo de que Martinelli pueda recibir una mejor defensa legal en su caso.

La decisión del Gobierno panameño de otorgar un salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli ha provocado una ola de reacciones en el ámbito político y social. Mientras sus allegados expresan sorpresa, sus opositores califican la medida como un acto de impunidad.

El salvoconducto, emitido por la Cancillería de Panamá, permite la salida del país del exmandatario a partir del 27 de marzo y tiene vigencia hasta el 31 del mismo mes. La justificación oficial es de carácter humanitario, con el objetivo de que Martinelli pueda recibir una mejor defensa legal en su caso.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), quien defendió la decisión del gobierno, argumentando que corresponde al país que otorga el asilo, en este caso Nicaragua, determinar si existen motivaciones políticas para concederlo.

En contraste, la exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, expresó su rechazo, calificando la medida como «una burla» al pueblo panameño y a la justicia. Para Gómez, el único destino adecuado para Martinelli debería ser la cárcel.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, también criticó la decisión y la señaló como «un error» del presidente José Raúl Mulino, asegurando que con ello «se consuma la impunidad».

Por su parte, sectores afines a Martinelli también mostraron reacciones inesperadas. El diputado Alain Cedeño, miembro del partido oficialista Realizando Metas (RM), admitió haberse sorprendido con la medida y aseguró que evaluará la situación con el expresidente antes de tomar una decisión definitiva.

Hasta el momento, se desconoce si Martinelli aceptará el salvoconducto, ya que está evaluando otras alternativas.

Desde el sector opositor, la Coalición Vamos manifestó su rechazo mediante un comunicado en el que criticó la decisión del gobierno y argumentó que Panamá debió agotar la vía diplomática para garantizar la ejecución de la sentencia contra Martinelli. Además, cuestionaron la legitimidad del asilo concedido por Nicaragua.

El excandidato presidencial y líder de MOCA, Ricardo Lombana, también se pronunció en redes sociales, calificando la situación como «impunidad total» y recordando casos de corrupción previos en Panamá.

Con su futuro inmediato aún por definirse, la emisión del salvoconducto refuerza la polarización en Panamá, con un sector que ve en la medida una estrategia política y otro que la justifica en base al derecho internacional. El desenlace de este episodio podría marcar un precedente en la diplomacia y la justicia panameña.