Protesta magisterial: entre candados, consignas y enfrentamientos

El miércoles se vivió un escenario de un tenso pulso entre educadores y autoridades en el primer día de un paro nacional de labores convocado por agrupaciones magisteriales. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, derivaron en enfrentamientos con unidades antidisturbios de la Policía Nacional, particularmente en la capital y en la provincia de Chiriquí.

La protesta, impulsada por el Frente de Acción Magisterial (FAM), la Unión Nacional de Educadores de Panamá (Unep) y la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (Unecep), tiene como telón de fondo un abanico de demandas sociales que van desde la oposición a la controvertida Ley 462, que reforma la Caja del Seguro Social, hasta el deterioro de los centros educativos y el rechazo a la minería.

En Ciudad de Panamá, el foco del conflicto se encendió cuando un grupo de docentes bloqueó la vía España, a la altura de la iglesia del Carmen. La tensión escaló rápidamente con la intervención de la Policía Nacional, provocando enfrentamientos que marcaron la jornada. Escenas similares se vivieron frente a la sede regional del Ministerio de Educación (Meduca) en David, Chiriquí, donde los disturbios interrumpieron el tráfico y generaron preocupación entre la población local.

En las provincias de Colón y Veraguas, los docentes optaron por piquetes y caminatas, exigiendo una respuesta del gobierno a sus demandas acumuladas por años. Las imágenes de maestros con pancartas, megáfonos y rostros cubiertos de sudor se multiplicaron en redes sociales, amplificando el eco de una protesta que, más allá del aula, reclama justicia social.

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“El que pierde es el estudiante”

Desde el Ministerio de Educación, la respuesta no se hizo esperar. La ministra Lucy Molinar calificó la huelga como carente de sentido y lamentó profundamente sus efectos sobre los estudiantes. “Si un estudiante pierde clases, pierde el país”, declaró. Molinar celebró que gran parte del cuerpo docente sí se presentara a sus labores, como en el caso del Instituto Rubiano, donde el 95% de los maestros acudió a dar clases. Sin embargo, admitió que en otras escuelas, como el Instituto Nacional y el Instituto Fermín Naudeau, la asistencia fue escasa.

Molinar denunció también el cierre intencional de escuelas en el interior del país, incluyendo la Escuela Bilingüe Changuinola en Bocas del Toro, cuyos portones amanecieron asegurados con candados y cadenas, impidiendo el ingreso de estudiantes y personal. La Policía fue llamada para intervenir y restablecer el acceso. Casos similares se reportaron en otras instituciones de la provincia.

“Tenemos nombres y pruebas. Se abrirán investigaciones y se aplicará la ley”, advirtió la ministra, al tiempo que criticó la politización de la educación pública, un fenómeno que, según dijo, ha estancado el progreso del sector durante más de una década.

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Empresariado y padres de familia reaccionan

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se pronunció con dureza contra el paro, argumentando que las interrupciones en el sistema educativo no solo afectan la formación de los jóvenes, sino también la estabilidad económica del país. En un comunicado, el Conep hizo un llamado a la “responsabilidad y sensatez”, y advirtió que este tipo de acciones generan más incertidumbre y frenan la recuperación nacional.

La Confederación de Padres de Familia también pidió a los padres que no mantengan a sus hijos en casa por temor o desinformación, subrayando la importancia de la continuidad educativa.

El magisterio responde: “No fuimos violentos”

Desde el otro lado de la confrontación, los líderes magisteriales defienden sus acciones. Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores (Asoprof), acusó a la Policía de agredir una marcha que, según él, fue completamente pacífica. “No vamos a permitir la violencia por parte de la policía, porque los docentes siempre realizamos marchas pacíficas”, afirmó.

Sánchez reiteró que los gremios están dispuestos a dialogar, pero solo después de que se derogue la Ley 462, cuya implementación consideran una amenaza directa a los derechos adquiridos del sector trabajador.

¿Educación o política?

El conflicto abre nuevamente un debate de fondo: ¿puede la educación en Panamá desligarse de las luchas políticas? ¿Es posible enseñar en un sistema que, según muchos, sigue desmoronándose? El paro apenas comienza, pero ya deja en evidencia las profundas fisuras entre gobierno, docentes, estudiantes y sociedad civil.