El debate también incluyó intervenciones técnicas como la del economista Carlos Araúz, quien advirtió sobre el déficit financiero y la falta de confianza en los estados financieros de la CSS, cuestionados desde 2011.
Sindicalistas defienden beneficios del 60% sin garantizar sostenibilidad financiera
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | noviembre 21, 2024El jueves 21 de noviembre, la Asamblea Nacional de Panamá continuo el debate sobre el proyecto de ley 163, que propone una reforma integral al sistema de la Caja de Seguro Social (CSS), representantes sindicales, como Nelva Reyes, presidenta del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, defendieron un modelo exclusivamente basado en beneficios definidos.
La propuesta sindical busca garantizar un retorno del 60% del salario promedio de los mejores 10 años trabajados, aunque no se detalló su sostenibilidad financiera a largo plazo. Reyes afirmó que su lucha de décadas continuará hasta lograr un sistema justo para los trabajadores, rechazando cualquier intento de privatización.
El debate también incluyó intervenciones técnicas como la del economista Carlos Araúz, quien advirtió sobre el déficit financiero y la falta de confianza en los estados financieros de la CSS, cuestionados desde 2011. Araúz sugirió medidas como ajustes en las cuotas patronales, el uso de los fondos disponibles en el fideicomiso del Banco Nacional y la revisión de las tasas de interés para la CSS. Además, planteó la posibilidad de incorporar asociaciones público-privadas para mejorar la eficiencia de los servicios médicos, una propuesta que ha generado controversia.
El economista también alertó sobre las implicaciones legales del sistema mixto, subrayando que los fondos individuales de los trabajadores deben manejarse con transparencia. Finalmente, instó a realizar las reformas de manera gradual y basada en datos sólidos, evitando presiones políticas o decisiones apresuradas.
Mientras tanto, el diputado Crispiano Adames reiteró la importancia de medidas paramétricas y proyecciones económicas que respalden los cambios propuestos por el Gobierno central.
El debate refleja no solo una crisis económica y social, sino también la urgencia de decisiones informadas que garanticen la sostenibilidad del sistema para las próximas generaciones. ¿Será posible llegar a un consenso en un tema tan polarizado?
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