La decisión fue adoptada por la Sala de Decisión Penal, con ponencia del magistrado Miguel Ángel Merchán, quien concluyó que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que Uribe hubiera ordenado o promovido pagos o beneficios a los exparamilitares a cambio de declaraciones favorables ante la Corte Suprema de Justicia.

Este nuevo fallo representa la segunda absolución del expresidente en casos de similar naturaleza. En ambos episodios, el tribunal sostuvo que las pruebas presentadas no fueron suficientes para acreditar la existencia de sobornos ni la participación directa del exmandatario.

Con esta resolución, el expresidente Uribe, líder del partido Centro Democrático, queda nuevamente libre de cargos dentro de los procesos penales que ha enfrentado por presunta manipulación de testigos.

La defensa de Uribe celebró la decisión, destacando que “se ha hecho justicia tras años de persecución judicial”. Por su parte, sectores críticos del fallo reiteraron su preocupación por lo que consideran una “debilidad estructural” en la investigación adelantada por la Fiscalía.

El exmandatario, que ha sostenido su inocencia desde el inicio de los procesos, no descartó ofrecer declaraciones públicas en las próximas horas.

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En un fallo de 38 páginas, la Sala de Decisión Penal del Tribunal concluyó que los argumentos de la juez Heredia para ordenar la captura inmediata del exmandatario fueron “vagos, indeterminados e imprecisos”. El documento resalta que conceptos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante o la convivencia pacífica no justificaban la privación de la libertad, ya que las conductas atribuidas a Uribe afectaron a personas específicas y no al conglomerado social.

Los magistrados señalaron además que la juez utilizó criterios subjetivos, como la relevancia pública del expresidente, lo que, a su juicio, vulnera el principio de que en derecho penal solo se debe juzgar la conducta y no la personalidad.

La decisión enfatizó que prevalece la presunción de inocencia hasta que la sentencia condenatoria quede en firme, y calificó como “desproporcionada” la medida de restricción de la libertad adoptada en primera instancia. En consecuencia, el Tribunal ordenó expedir de inmediato la boleta de libertad de Uribe, mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la condena.

La sentencia original de la juez Heredia condenaba a Uribe a 144 meses de prisión —12 años—, además de una multa de 2.420 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 8 años y 4 meses. Aunque había otorgado el beneficio de detención domiciliaria, esta debía hacerse efectiva con el pago de una caución de cuatro salarios mínimos.

Con la nueva decisión, el expresidente recuperará la libertad mientras se adelanta el trámite de apelación ante el Tribunal.

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Uribe fue hallado culpable de soborno en actuación penal en tres oportunidades, así como de fraude procesal en concurso heterogéneo, y absuelto del cargo de soborno simple en el caso relacionado con la exfiscal Hilda Niño, según precisó la jueza al final de la extensa diligencia judicial que culminó cerca de las 7:00 p.m.

“El fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude (…) obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido de fallo de carácter condenatorio”, declaró Heredia.

La magistrada dio especial relevancia a los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez, así como a las grabaciones aportadas por el denominado “reloj espía”, que sirvieron como prueba clave para sustentar la sentencia.

Este caso, incluyó la revisión de horas de videos, interceptaciones, documentos y declaraciones de al menos 95 testigos que pasaron por los estrados judiciales.

Solicitudes de pena y multa

Tras el fallo, la Fiscalía General de la Nación solicitó una pena de 108 meses de prisión para el exmandatario, además del pago de dos multas económicas: una de 1.025 salarios mínimos legales vigentes por el delito de soborno en actuación penal y otra de 600 salarios mínimos por fraude procesal.

La Procuraduría, por su parte, pidió que la condena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La jueza fijó para este viernes 1 de agosto a las 2:00 p.m. la audiencia en la que se dará a conocer la sentencia definitiva y se definirá si se acoge la solicitud de pena privativa de libertad y el tipo de reclusión solicitado por los organismos acusadores.

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Durante los alegatos finales, Uribe reiteró su inocencia y negó haber inducido testigos falsos. «No hay un indicio, no hay una prueba. Lo que pedí fue verificar la información que me llegaba», aseguró. Asimismo, lamentó el desgaste personal y familiar que le ha generado el proceso, calificándolo de “difícil y mortificante”.

El caso gira en torno a las gestiones de su entonces abogado Diego Cadena, quien habría contactado a testigos como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, supuestamente para manipular sus declaraciones. Uribe insistió en que los pagos hechos a estos reclusos fueron de carácter humanitario, no como parte de un soborno. “Si hubieran querido sobornarlo, hubieran negociado las cuantías extorsivas”, señaló.

El exmandatario también desvió la atención hacia el senador Iván Cepeda, a quien acusó de haber ofrecido beneficios carcelarios a cambio de testimonios en su contra, a través de una ONG.

La Fiscalía pidió una sentencia condenatoria, argumentando que las pruebas demuestran que Uribe sí buscó manipular el curso de la justicia. La Procuraduría, por su parte, solicitó su absolución, al considerar que no se cumplió con el estándar probatorio.

La jueza Heredia justificó la postergación del fallo para poder evaluar con detenimiento los argumentos presentados: “Atendiendo los juiciosos planteamientos de la Fiscalía, apoderados de las presuntas víctimas, los señores defensores y la defensa material, me tomaré unos días para emitir el sentido de fallo”.

El juicio ha sido considerado histórico, al tratarse del primer proceso penal que enfrenta un expresidente de Colombia. El país espera con atención el veredicto, que definirá no solo el futuro judicial de Álvaro Uribe, sino también el tono político y jurídico de los próximos años.

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“Con todo respeto pido a usted, en mi alma yo quiero que usted me absuelva”, expresó Uribe, dirigiéndose directamente a la juez del caso, luego de que su equipo de defensa expusiera sus argumentos finales.

Los seis episodios que Uribe intenta desmontar

El exmandatario, líder del partido Centro Democrático, centró su exposición en desacreditar seis episodios clave utilizados por la Fiscalía para sustentar la acusación de que habría ofrecido beneficios a reclusos a cambio de falsos testimonios que favorecieran su causa.

Entre los principales actores mencionados por Uribe como parte de un presunto “entrampamiento” en su contra, se encuentran el senador Iván Cepeda, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y su esposa, Deyanira Gómez, quien figura como víctima en el proceso.

Rechazo a acusaciones

Uribe negó haber tenido alguna injerencia en la pérdida del empleo de Gómez, como esta ha declarado. “Yo he sido ajeno a ese tipo de frases… Yo soy muy viejo, señora juez, yo 73 años”, dijo. Según el expresidente, la desvinculación laboral de Gómez fue una decisión empresarial sin relación alguna con él.

También aseguró que nunca ha ordenado seguimientos ni ha solicitado despidos, como se ha insinuado a lo largo del proceso judicial.

¿Cuál es el papel de Iván Cepeda?

El expresidente reiteró su señalamiento contra Iván Cepeda, a quien acusa de haber participado en un supuesto complot en su contra. No obstante, el propio Cepeda ya fue investigado por estos hechos y resultó absuelto.

Un fallo inminente

Tras la intervención de Uribe, el juicio entra en su fase final. Se espera que la juez emita su decisión en los próximos días, en lo que se anticipa será uno de los fallos más trascendentales de los últimos años para el país.

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La juez explicó que su actuación se ha regido por el debido proceso y subrayó: “No van a crucificarme por cumplir mis funciones”. Reconoció haber seguido las correcciones indicadas por su superior funcional, lo que le ha permitido concentrar sus esfuerzos en resolver de forma rápida la situación de Uribe, especialmente considerando que el proceso se encuentra próximo a prescribir.

Tras tomar esta decisión, el tribunal dio inicio a la fase testimonial del juicio. El senador Iván Cepeda, identificado como víctima en este proceso, fue el primero en prestar declaración. Durante la audiencia, la magistrada señaló que, sin menoscabar la presunción de inocencia del expresidente, existen indicios de que las actuaciones del procesado han causado un daño concreto a Cepeda, al intentar vincularlo con conductas delictivas que afectarían su buen nombre e integridad moral.

Por otro lado, en una instancia distinta, la defensa también recurrió a la recusación de la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia. Granados argumentó que en audiencias anteriores la magistrada mostró una “sistemática parcialidad” y adoptó una postura hostil. Uno de los momentos que citó fue cuando la jueza Heredia se refirió al proceso señalando: “Para fortuna o desgracia de algunos, este despacho le correspondió por reparto el trámite de este proceso”. Según el abogado, este tipo de comentarios ponen en duda la imparcialidad de la jueza y afectan la capacidad de la defensa para desarrollar adecuadamente su teoría del caso.

Con ambas situaciones generando controversia, el juicio contra el expresidente continúa avanzando. Mientras la decisión de la juez 44 confirma la continuidad del proceso en esa instancia, las críticas respecto a la conducta de la juez Heredia mantienen el debate sobre la garantía del debido proceso y la defensa técnica en este complejo litigio.

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Durante un evento público en las calles de la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela, Uribe afirmó: “Nosotros propugnamos una intervención militar internacional, avalada preferiblemente por Naciones Unidas, para desalojar a esos tiranos del poder y convocar elecciones libres de inmediato”. Estas palabras recibieron una ovación por parte de los asistentes, entre quienes destacaban líderes de la oposición venezolana, como María Corina Machado y Edmundo González.

Maduro, en el poder desde 2013, juró su cargo en una ceremonia que ha sido ampliamente cuestionada por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de América Latina. González, candidato opositor, sostiene que ganó las elecciones del 28 de julio y calificó la investidura como un “golpe de Estado”.

El evento también provocó una reacción por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien a través de la red social X expresó: “A esta altura, Cúcuta ya sabe que es mejor preservar las relaciones familiares, sociales, económicas y culturales en la frontera”, acompañando su mensaje con un video del acto liderado por Uribe.

La relación entre Colombia y Venezuela atraviesa un momento tenso. Mientras el gobierno colombiano endurece su postura frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Maduro ordenó el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil, lo que ha generado pérdidas económicas significativas. Según Fenalco, el comercio en la frontera colombo-venezolana pierde diariamente entre 12.000 y 15.000 millones de pesos colombianos (entre 2,7 y 3,4 millones de dólares) por estas restricciones.

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Según el abogado de Uribe, Jaime Granados, el tiempo adicional era necesario para analizar a fondo el contenido del computador y del celular de Juan Guillermo Monsalve, un paramilitar cuyo testimonio es central en el caso contra el exmandatario. Granados argumentó que la defensa había recibido este material crítico solo el lunes anterior, y que existían discrepancias significativas con la copia espejo proporcionada anteriormente por la Fiscalía.

En respuesta, la jueza Heredia insistió en que todos los materiales probatorios habían sido entregados desde el 12 de septiembre, negando la solicitud para posponer la audiencia y enfatizando su compromiso de evitar dilaciones innecesarias. Uribe, al tomar la palabra, criticó fuertemente a la jueza por lo que consideró una condena sin pruebas, alegando que se le estaba negando el derecho a una defensa adecuada. «Aquí hay un antecedente y lo conoce la Fiscalía. En un cotejo de dispositivos de grabación y de copias entregadas a la Corte Suprema hay unas discrepancias muy graves y nos da a nosotros el derecho a verificar si esto se repite o no se repite», manifestó Uribe.

Ante la firmeza de la jueza de continuar con la audiencia, Uribe decidió retirarse, momento en el cual la jueza le pidió declarar si aceptaba los cargos. El expresidente evitó una respuesta directa, expresando su descontento con el proceso: «¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta», señaló, insinuando que la justicia colombiana estaba fallando en su caso.

La decisión de Uribe de retirarse ha suscitado un amplio debate legal. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, comentó que el caso ilustra cómo se pueden sacrificar garantías judiciales bajo el pretexto de eficiencia procesal. Por otro lado, el penalista Diego Suárez indicó que la ausencia de Uribe no afectará el desarrollo del juicio, ya que su asistencia es facultativa y el proceso puede continuar sin él.

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