El texto de la resolución ha sido objeto de intensas negociaciones durante la semana en Estrasburgo, Francia. Sin embargo, el apoyo que ha logrado hasta ahora es notablemente inferior al que obtuvo una medida similar en 2021, cuando se reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A pesar de esto, el Partido Popular Europeo ha unido fuerzas con los Conservadores y Reformistas Europeos, entre ellos Fratelli d’Italia, el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, así como con el grupo de extrema derecha Patriotas por Europa, en el que se integra el partido español Vox.

Este bloque de apoyo podría sumar un 50% del hemiciclo, aproximadamente 375 de los 720 escaños. Aunque no se necesita una mayoría absoluta, los impulsores de la resolución confían en que algunas delegaciones fuera de los grupos que ya respaldan el texto puedan sumarse a su favor. Por otro lado, los grupos socialdemócratas, liberales, verdes y de izquierda han expresado su rechazo, particularmente en lo que respecta al reconocimiento de González como presidente.

Los opositores al reconocimiento de González comparten gran parte del contenido de la resolución, como la condena a la represión en Venezuela y el respaldo a las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, argumentan que la UE y sus Estados miembros no deben reconocer a González debido a la falta de legitimidad de su victoria electoral, un resultado que solo ha sido aceptado por Panamá y Ecuador. También citan el fracaso del reconocimiento de Juan Guaidó en 2019, el cual no logró sus objetivos y complicó las relaciones diplomáticas entre la UE y América Latina.

En cuanto a las posibles enmiendas, tanto socialdemócratas como liberales presentarán propuestas, aunque no han logrado ponerse de acuerdo en los términos exactos. Mientras los liberales reconocen la victoria de González en las elecciones de julio, los socialdemócratas rechazan la legitimidad de dichos comicios y solicitan la publicación de las actas y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano.

La resolución, de aprobarse, tendría un carácter más simbólico que práctico, ya que la política exterior de la UE recae en los ministros de Exteriores de los Estados miembros. El Parlamento pide además que se reinstauren las sanciones contra miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y que se amplíen las ya vigentes contra el régimen de Maduro.

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Este conflicto diplomático se intensificó después de que el presidente español, Pedro Sánchez, recibiera en La Moncloa al líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, quien denuncia fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio, en las que Maduro fue reelegido. A pesar de que España, siguiendo la postura de la Unión Europea, pide la publicación de los resultados detallados de esas elecciones, no ha reconocido formalmente la victoria del opositor.

Contexto de las Declaraciones

Durante un evento en el Ateneo de Madrid, la ministra Robles expresó su solidaridad con los millones de venezolanos que han tenido que emigrar debido a la crisis política y económica en su país. Sus comentarios fueron calificados por el gobierno venezolano como «injerencistas y groseros», lo que llevó a esta escalada diplomática.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, fue más allá al proponer el rompimiento total de las relaciones diplomáticas y consulares con España. Esta sugerencia se produjo tras la aprobación en el Congreso español de una propuesta no vinculante que insta al gobierno a reconocer la victoria de González Urrutia en las elecciones, aunque el Partido Socialista de Sánchez votó en contra.

Sanciones Adicionales de Estados Unidos

Paralelamente, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a 16 funcionarios venezolanos, incluyendo a altos cargos del ejército y la judicatura, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez. Según Washington, estas personas participaron en la obstrucción de un proceso electoral transparente y en la manipulación de los resultados.

El gobierno venezolano condenó las sanciones, tildándolas de «actos groseros» destinados a complacer a sectores políticos que buscan desestabilizar al país. No obstante, países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea siguen exigiendo que se publiquen y verifiquen los resultados electorales de Venezuela.

Relaciones Bilaterales en Peligro

La tensión entre Venezuela y España pone en riesgo las relaciones bilaterales, que ya se encontraban debilitadas. La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, señaló que España seguirá trabajando para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, sin entrar en confrontaciones directas con el régimen de Maduro.

Mientras tanto, Mariano de Alba, analista en relaciones internacionales, advierte que un rompimiento de relaciones diplomáticas sería una señal de que el gobierno venezolano está dispuesto a aislarse de la comunidad internacional para mantener el poder.

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Según Veldkamp, González Urrutia recibió «hospitalidad» en la residencia diplomática hasta el 5 de septiembre, cuando finalmente se organizaron los trámites para su traslado. La noticia fue reforzada por Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, quien confirmó la colaboración entre los Países Bajos y España en este proceso.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, también ofreció declaraciones sobre el caso, confirmando que el gobierno de España otorgó el asilo a González tras su solicitud. Según Albares, esta decisión fue tomada tras el periodo que González pasó en la embajada de los Países Bajos y luego en la de España, aunque no se ofrecieron más detalles sobre la duración exacta de su estancia en cada lugar.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, elogió públicamente a González, calificándolo como «un héroe» y asegurando que España no lo abandonaría. Albares subrayó que España mantiene abiertas sus puertas para los venezolanos que necesiten protección y reiteró el compromiso del país con los derechos humanos.

El vuelo de González a España fue facilitado por un avión de la Fuerza Aérea Española que hizo escala en Mascate, Omán, como parte de un viaje oficial del presidente Sánchez a China.

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Rodríguez informó que, después de realizar las gestiones necesarias entre ambos gobiernos, se concedieron los permisos correspondientes para garantizar su salida del país. Este acto, según Rodríguez, se ha llevado a cabo «en apego a la legalidad internacional» para asegurar la «tranquilidad y paz política» en Venezuela.

El canciller español, José Manuel Albares, también confirmó que González está en camino a España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, reiterando el compromiso de su país con los derechos políticos de los venezolanos.

Orden de arresto en su contra
Edmundo González enfrentaba una orden de arresto en Venezuela por seis supuestos delitos, entre ellos la usurpación de funciones y conspiración. A pesar de estas acusaciones, el gobierno español ha decidido brindarle protección.

Rodríguez señaló que continuará informando sobre el caso en las próximas horas.

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El Ministerio Público solicitó la orden de captura bajo la acusación de múltiples delitos, incluyendo «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «conspiración» y «sabotaje». Estas acusaciones se vinculan con la publicación de una página web por parte de la oposición, en la que se asegura que se han subido las actas electorales que respaldan su denuncia de fraude en las elecciones. El gobierno de Nicolás Maduro, quien fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha desestimado estas actas, tildándolas de falsas.

La orden de aprehensión fue emitida por un tribunal con competencia en casos de terrorismo, y el juez a cargo ha dado instrucciones al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para que ejecute el arresto. Edmundo González Urrutia, de 75 años, fue citado en tres ocasiones para declarar ante la Fiscalía, pero no se presentó a ninguna de las citaciones. En una de sus declaraciones, González manifestó que no asistió debido a la falta de garantías legales y al contexto de persecución política que, según él, caracteriza las acciones del actual gobierno.

El gobierno venezolano ha acusado a González y a otros líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, de ser responsables de la violencia registrada en las protestas postelectorales, las cuales dejaron un saldo de 27 muertos, entre ellos dos militares, además de casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos. Maduro ha pedido encarcelar tanto a González como a Machado, quienes se mantienen en la clandestinidad por temor a represalias.

En un mensaje publicado en la red social X, Machado aseguró que la orden de arresto contra González solo ha logrado fortalecer la determinación de la oposición y aumentar el respaldo de la comunidad internacional a su causa. «Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos», concluyó la líder opositora, reafirmando su compromiso de continuar luchando por lo que considera la legítima voluntad del pueblo venezolano.

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González Urrutia está siendo investigado por presunta comisión de varios delitos, entre ellos usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. A pesar de estas acusaciones, el opositor ha reiterado a través de sus redes sociales que no se presentará ante las autoridades, argumentando que solo rinde cuentas al pueblo venezolano y no a los poderes controlados por el Estado.

El fiscal general Tarek William Saab criticó públicamente a González, cuestionando su desobediencia a la ley y señalando la contradicción en su postura frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). Saab subrayó que, de no presentarse a la citación, González podría ser considerado un fugitivo y estar en peligro de obstruir la justicia, lo que justificaría una orden de captura bajo el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal.

Edmundo González, quien se encuentra en la clandestinidad, ha insistido en que el chavismo debe mostrar las actas que, según él, demuestran la derrota de Nicolás Maduro en las elecciones. Mientras tanto, la situación de González sigue generando tensiones, con figuras como María Corina Machado alertando sobre la posibilidad de que su residencia sea allanada en las próximas horas.

González, quien cumple 75 años este jueves, podría enfrentarse a un arresto complicado debido a su situación actual de clandestinidad. Según las leyes venezolanas, los condenados de su edad deben cumplir sus sentencias en arresto domiciliario, pero la incertidumbre sobre el respeto al Estado de derecho en el país deja abierta la posibilidad de que se tomen medidas más severas.

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En un video dirigido a la ciudadanía, González Urrutia expresó: «Venezolanos y venezolanas. En esta ocasión rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular.» En su declaración, denunció que el Ministerio Público intenta someterlo a un proceso sin especificar bajo qué condición se espera su comparecencia, y calificó de «política» la actuación del fiscal general de la República, acusándolo de condenarlo por anticipado y de impulsar una citación sin garantías de independencia ni debido proceso. Ante estas circunstancias, se especula que González no acudirá a la citación.

Además, Edmundo González reiteró su llamado al presidente Nicolás Maduro, instándole a reconocer que la solución no reside en la represión, sino en una verificación internacional, independiente y confiable de las actas electorales, un proceso que, según él, no puede ser reemplazado por una sentencia fuera del marco constitucional.

González enfatizó la importancia de la verdad sobre lo ocurrido el 28 de julio para preservar la institucionalidad democrática en Venezuela. También hizo un llamado a respetar la voluntad popular expresada en esas elecciones, subrayando que su candidatura fue la ganadora. En sus palabras finales, instó a las autoridades a presentar las actas y facilitar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos, destacando que «las actas son la paz». Finalizó con un enérgico «Viva Venezuela libre. Gloria al Bravo Pueblo,» en defensa de la soberanía y el cambio político en el país.

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La presidenta de la Sala Electoral del TSJ, Caryslia Rodríguez, anunció la decisión este 22 de agosto, tras concluir el proceso de peritaje del material electoral. Según la sentencia emitida por el TSJ, los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en dos boletines, que otorgan a Maduro un 51,95% de los votos, han sido convalidados. El tribunal también corroboró la existencia de un ataque cibernético que habría afectado el sistema de transmisión de datos del ente comicial, pero que no alteró los resultados finales.

Rodríguez destacó que el peritaje cumplió con los más altos estándares técnicos y jurídicos, encontrando plena coincidencia entre las actas de escrutinio de las máquinas de votación y el registro en la base de datos de los centros de totalización. En consecuencia, se declaró con lugar el recurso contencioso electoral presentado por Maduro, y se instó al CNE a publicar los resultados en la Gaceta Electoral.

A la lectura de la sentencia asistieron los principales rectores del CNE, con la excepción de Juan Carlos Delpino, quien ha estado ausente del ámbito público desde las elecciones. Rodríguez no omitió señalar la ausencia de Delpino, vinculado con la oposición, y advirtió sobre las posibles consecuencias legales de su incomparecencia.

Además, la Sala Electoral ordenó que todo el material electoral, tanto del CNE como de 33 organizaciones políticas, quede bajo custodia del TSJ. Sin embargo, se observó que las principales agrupaciones de la oposición, como la Plataforma Unitaria Democrática, no entregaron las actas que, según ellos, daban la victoria a Edmundo González Urrutia con más del 60% de los votos. Rodríguez criticó la renuencia de González Urrutia a acudir a las citaciones del tribunal, lo cual podría acarrear sanciones legales.

Finalmente, el TSJ instó a la Fiscalía General a continuar con las investigaciones para determinar las responsabilidades legales por la zozobra generada en la población, en relación con delitos como la usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de leyes, delitos informáticos, y otros actos que se relacionan con las actas de la oposición publicadas en la plataforma digital https://resultadosconvzla.com/.

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