El abogado Basilio Henríquez González, defensor de Carlos Dubois Sierra, retomó el interrogatorio al perito Manuel Erasmo Moreno, quien explicó que su informe complementario se basó en la indagatoria de Olivio Rodríguez Jr., así como en declaraciones relacionadas con aportes a campañas políticas y testimonios de Andrés Campo Ravelo.

Según Moreno, Rodríguez Jr. manifestó desconocer la procedencia de los fondos investigados y, tras revisar las empresas vinculadas, no encontró irregularidades. El perito sostuvo que, si Rodríguez Jr. no tenía conocimiento del origen de los recursos, “menos podría tenerlo el señor Carlos Dubois Sierra”. También indicó que transferencias señaladas en informes de autoridades estadounidenses ocurrieron entre 2010 y 2014, período posterior a los hechos atribuidos al imputado.

Durante el contrainterrogatorio, la fiscal Tania Palacios cuestionó al perito sobre depósitos en cuentas de la empresa Strategic Management, reconociendo este que no profundizó en el origen de dichos fondos ni pudo confirmar la procedencia del dinero ingresado a empresas vinculadas a Dubois. Asimismo, señaló no poder asegurar si los informes de financiamiento de campaña del candidato aforado fueron entregados al Tribunal Electoral con el detalle completo de las donaciones.

Posteriormente, declaró el economista Edulo Castillo, presentado por la defensa de Rodrigo Díaz. Castillo explicó un análisis financiero realizado entre 2007 y 2008 y se refirió a operaciones relacionadas con la casa de valores Mundial de Valores, la cual —según indicó— debía cumplir con las normas establecidas en la Ley 42 de 2000 sobre prevención de blanqueo de capitales.

El perito señaló que parte de los fondos manejados por esa empresa fueron transferidos a la sociedad Villa Loly, y mencionó que, de acuerdo con la indagatoria de Campo Ravelo, se habría entregado 1.36 millones de dólares al fallecido político y empresario Hugo Torrijos Richard. Añadió que la participación de Torrijos Richard como socio en operaciones empresariales era considerada normal dentro del ámbito financiero en ese momento.

En el interrogatorio de la fiscal Jenisbeth Malek, se intentó establecer si Rodrigo Díaz, directivo de Mundial de Valores, tenía conocimiento del ingreso de fondos a cuentas vinculadas a sus empresas. Entre los movimientos mencionados figuró un pago de 2.5 millones de dólares por la venta de un terreno turístico.

La jornada continuó con el testimonio de la perito contable Tatiana Chérigo García, presentada por la defensa de Carlos Carrillo. La especialista, con formación en auditoría forense y funcionaria del Ministerio de Comercio e Industrias, describió la relación financiera entre la empresa Ricamar y el partido Cambio Democrático, señalando que esta compañía gestionaba pagos de publicidad política en medios de comunicación, posteriormente cubiertos con donaciones al partido.

Chérigo indicó que estas operaciones fueron auditadas por la firma KPMG. Sin embargo, durante el interrogatorio fiscal reconoció que no investigó a profundidad el origen de los fondos manejados por Caribbean Holding, empresa desde la cual se habrían efectuado pagos por aproximadamente dos millones de dólares. También admitió dificultades para precisar montos de ITBMS en documentos examinados debido a información ilegible.

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La audiencia comenzó poco después de las 8:30 a.m., bajo la conducción de la jueza Baloisa Marquínez, quien abrió el espacio para que el Ministerio Público expusiera sus reparos a los elementos probatorios incorporados de forma extraordinaria por los abogados defensores. Desde el inicio, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo adelantó que una parte significativa de esas pruebas no cumplía con los requisitos de oportunidad ni pertinencia.

Durante su intervención, la fiscalía cuestionó certificaciones y peritajes presentados en enero de 2026, señalándolos como extemporáneos y carentes de utilidad procesal. Entre los primeros puntos abordados estuvieron pruebas vinculadas a exministros y exfuncionarios, así como documentos que, según Morcillo, no guardan relación directa con los hechos investigados o buscan reabrir discusiones ya superadas en el proceso. En ese contexto, la fiscal señaló que la defensa del banquero Juan Antonio Niño solicitó la comparecencia del servidor público Javier Carrizo Esquivel, gerente del Banco Nacional de Panamá. El Ministerio Público calificó esta solicitud como un intento de dilación, al señalar que el testigo ya había rendido interrogatorio y que volver a practicar la prueba vulnera el principio de economía procesal, además de resultar repetitivo e innecesario.

A lo largo de la mañana, la fiscalía también objetó informes periciales complementarios y solicitudes de comparecencia de testigos que ya habían rendido declaración, argumentando que estas pretensiones podrían dilatar el juicio y afectar el principio de economía procesal. En uno de los señalamientos, Morcillo sostuvo que ciertas pruebas pretendían atribuir al perito funciones que corresponden exclusivamente al tribunal.

Alrededor de las 9:30 a.m., concluida la exposición de la fiscalía, la jueza Marquínez anunció un receso técnico para revisar los argumentos planteados, el cual se extendió más de lo previsto debido al volumen de documentos sometidos a consideración. Tras retomar la sesión, la magistrada informó que continuaría valorando algunas de las pruebas antes de pronunciarse sobre su admisibilidad.

Minutos después de las 11:00 a.m., la audiencia volvió a interrumpirse brevemente para ubicar a testigos convocados, con un llamado expreso de la jueza a la puntualidad y al uso eficiente del tiempo judicial. Al reanudarse la sesión, Marquínez comunicó que las jornadas del juicio se desarrollarán durante la semana en horario matutino, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Cerca del mediodía, y una vez concluida su evaluación preliminar, la jueza dio por cerrada la fase de discusión sobre las pruebas extraordinarias, habilitando formalmente el inicio de la etapa testimonial con la participación del Ministerio Público.

El proceso, que transita ya su séptima jornada, continúa avanzando en medio de un estricto control judicial sobre los elementos probatorios, en un caso considerado uno de los más complejos y emblemáticos de corrupción en el país.

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La audiencia del caso Odebrecht inició la mañana de este miércoles con retraso, alrededor de las 9:20 a.m., luego de verificarse la presencia de las defensas y de los representantes del Ministerio Público. Superado el pase de lista, el tribunal dio continuidad a la lectura del auto de llamamiento a juicio.

Durante la jornada, la Fiscalía expuso detalles relacionados con el manejo de fondos provenientes de la denominada “caja dos” de Odebrecht, así como la presunta triangulación de esos recursos a través de fundaciones, cuentas offshore y empresas intermediarias, con destino final en campañas políticas.

Uno de los ejes centrales fue la vinculación de Jaime Lasso y su entorno familiar con la Fundación Don James, entidad que —según la acusación— recibió transferencias que la Fiscalía identifica como sobornos. De acuerdo con lo expuesto, Lasso figuraba como tesorero de la fundación, mientras que Michelle Lasso aparecía vinculada a diversas sociedades. La Fiscalía sostuvo que los fondos fueron canalizados posteriormente hacia cuentas asociadas al expresidente Juan Carlos Varela.

En su declaración, Lasso señaló que desconocía el origen ilícito del dinero y aseguró que, al no estar en el gobierno, no consideró indebido recibir aportes a través de estructuras offshore. Reconoció, no obstante, que se recibieron 750 mil dólares en cinco transferencias, destinadas al Partido Panameñista, fondos que luego fueron transferidos a cuentas vinculadas a Varela. La Fiscalía detalló el recorrido del dinero y reiteró que tanto Lasso como su familia fueron receptores directos de recursos provenientes de Odebrecht.

La investigación también abordó el uso de alias para identificar destinatarios de transferencias, entre ellos el término “Cachaza”, asociado —según la Fiscalía— a cuentas del expresidente Varela, así como la participación de intermediarios identificados con nombres clave utilizados por la constructora brasileña.

Otro bloque de la audiencia se centró en la figura de Carlos Dubois, vinculado a varias empresas que habrían recibido fondos de Odebrecht. Aunque Dubois indicó que los aportes se hicieron a través de terceros, la Fiscalía subrayó que la legislación electoral panameña prohíbe la triangulación de recursos para campañas políticas. Se destacó además que algunos pagos no fueron reportados al Tribunal Electoral.

La acusación también incluyó a Aron Mizrachi Malta, a quien se le atribuye la recepción de fondos de Odebrecht y su posterior distribución a diversas personas y sociedades, con el objetivo —según el Ministerio Público— de ocultar el origen del dinero bajo aparentes operaciones comerciales.

En cuanto al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, la Fiscalía lo señaló como beneficiario final de transferencias realizadas desde el extranjero hacia empresas vinculadas, entre ellas Ricamar. Testimonios incorporados al expediente relataron entregas de dinero en efectivo y el uso de alias para identificarlo como destinatario final de los fondos. La Fiscalía presentó un desglose de montos que superarían el millón de dólares.

Tras la exposición de los cargos, la jueza Baloisa Marquínez anunció que el Ministerio Público solicitó omitir la lectura de los sobreseimientos. Sin embargo, abogados defensores pidieron que se leyera el contenido completo por razones de transparencia y derecho a la información.

Posteriormente, el tribunal decretó varios sobreseimientos provisionales, al considerar que no se configuraban los elementos necesarios para el delito imputado o que no existía evidencia suficiente de que los fondos hubieran ingresado al sistema financiero panameño. También se declaró la inimputabilidad de una de las acusadas, sustentada en evaluaciones médicas que acreditan un deterioro cognitivo severo.

Durante la tarde, la jueza rechazó múltiples incidentes de nulidad y solicitudes de prescripción presentadas por distintas defensas, al estimar que no se cumplían los presupuestos legales para acogerlos.

La audiencia se reanudó pasadas las 2:00 p.m. con la identificación de los abogados defensores y representantes del Ministerio Público. Minutos después, la Fiscalía informó su intención de presentar pruebas extraordinarias, lo que generó un amplio debate sobre el volumen del material, su acceso y los plazos para su revisión.

Defensores solicitaron que las pruebas fueran entregadas en formato digital, alegando la imposibilidad material de revisar miles de fojas en pocos días. La jueza reconoció la complejidad del caso y concedió un período adicional para que las partes examinen el material y presenten objeciones, fijando nuevas fechas para continuar con el proceso.

La sesión concluyó entrada la tarde, con el llamado de la jueza a mantener el orden en sala y con la advertencia de que el avance del juicio dependerá del cumplimiento estricto de los plazos establecidos para la revisión de las pruebas extraordinarias.

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La audiencia del caso Odebrecht se reanudó este martes 13 de enero, iniciando a las 9:05 a.m., bajo la conducción de la Baloisa Marquínez, quien solicitó verificar la presencia de todas las partes procesales. En sala se encontraban siete abogados defensores, entre ellos la abogada Guillermina Macdonald, además de defensores públicos, querellantes y representantes del Ministerio Público.

Tras la identificación de los acusados presentes, se dio inicio a la lectura de las vistas fiscales, en las que se detalló cómo la empresa Odebrecht habría implementado un sistema de simulación contractual para justificar el pago de sobornos, utilizando adendas, contrataciones ficticias y la creación de empresas para triangular fondos ilícitos. Entre los ejemplos mencionados figuró la solicitud de acero a una empresa que carecía de autorización para comercializar ese material.

Durante la lectura se expuso que Marcelo Odebrecht habría creado un departamento estructurado para la constitución de empresas offshore, utilizadas como “cascarones” con el objetivo de corromper funcionarios públicos, solicitar incrementos contractuales y justificar pagos por materiales inexistentes.

También se indicó que, entre 2014 y 2019, la empresa brasileña habría tenido acercamientos con familiares de un alto funcionario, a quienes se les entregaron sumas significativas de dinero.

Estructura financiera y “caja dos”

Según lo leído, Odebrecht operaba con dos estructuras principales desde Brasil, una en São Paulo y otra en Salvador, bajo la coordinación de Angela Ferreira Palmeira y Luisa Tavares, cada una con funciones específicas. El esquema incluía tres “cajas” independientes, siendo la segunda —conocida como la “caja negra” o “caja dos”— la utilizada para efectuar los pagos ilícitos.

La investigación destacó que Panamá fue elegido como centro para la creación de offshore, debido a las facilidades legales existentes en ese momento, lo que permitió operar la trama de sobornos.

Cuentas en Andorra y vínculos políticos

A las 9:43 a.m., se citó el tomo 1,104 del expediente, donde se señala la apertura de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) para beneficiar a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

En la lectura de declaraciones del empresario Ramón Carretero Napolitano, este relató que, durante una conversación en la embajada de Panamá en La Habana, solicitó a un abogado la constitución de una empresa para recibir fondos provenientes de Odebrecht. En ese contexto mencionó al empresario Ricardo Francolini, a quien identificó como una figura de alto perfil vinculada al gobierno de Martinelli.

Carretero afirmó que la empresa constituida incluía a su hermano con un 15 % de participación, sin que este conociera el destino final de los fondos. Posteriormente, al percatarse del uso del esquema y del intento de utilizar un banco de origen chino para recibir el dinero, aseguró que rompió toda relación con Francolini.

Más adelante, Carretero relató una relación comercial con Jaime Lasso, quien le habría solicitado mercancía destinada a apoyar al Partido Panameñista.

Funcionarios, sobrefacturación y financiamiento electoral

En las vistas fiscales apareció el nombre de Carlos Ho, quien laboró en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante ese quinquenio. Ho declaró que, bajo la administración de Federico Suárez, en las oficinas del MOP operaban dos personas identificadas como Tito Gómez y Mauricio Coors, quienes fungían como enlaces entre Odebrecht y las obras en ejecución.

Tras un receso de 15 minutos, la audiencia se reanudó a las 11:20 a.m., abordándose un sistema creado por Odebrecht para ocultar la identidad de testaferros. Ho declaró que recibió una tarjeta de la empresa brasileña y que existía sobrefacturación como mecanismo para blanquear capitales y encubrir cuentas. Según los fiscales, los funcionarios involucrados conocían plenamente la actividad ilícita.

En relación con el excandidato presidencial José Domingo Arias, los investigadores sostuvieron que estaba al tanto del ingreso de fondos ilícitos a su campaña, canalizados a través de sus asesores Mónica Moura y João Santana. Santana afirmó que Moura era quien entregaba o depositaba el dinero, como parte de un esquema utilizado en varios países para financiar campañas presidenciales a cambio de futuros favores.

Durante ese período, se indicó que Mario Miller habría recibido cerca de 3 millones de dólares para la campaña. Santana también aseguró que Moura le comentó que las reuniones eran coordinadas por el propio presidente Martinelli y que existía un acuerdo según el cual Martinelli aportaría 16,500 dólares, mientras Odebrecht contribuiría con 11 millones de dólares. El primer desembolso fue de 400,000 dólares, depositados en cuentas en Suiza y Panamá.

Reanudación vespertina y más vinculaciones

A las 12:00 p.m. la jueza decretó un receso de dos horas, retomándose la audiencia a las 2:04 p.m., momento en el que la jueza Marquínez hizo un repaso de los involucrados.

Durante la tarde se mencionó una presunta entrega directa de 5 millones de dólares a la campaña de José Domingo Arias, pese a la prohibición de triangulación de fondos por parte del Tribunal Electoral. También se abordó la figura de Hugo Torrijos Richard (fallecido), quien habría recibido dinero tras constituir una empresa para Odebrecht, sin que se lograra establecer un vínculo directo con el entonces presidente, pese a la coincidencia de apellidos.

Finalmente, la jueza informó que las partes acordaron omitir la lectura relacionada con Dana Harris (en rebeldía), los hermanos Martinelli Linares y el expresidente Juan Carlos Varela, al gozar de fuero como miembros del Parlacen.

La audiencia continuó con la exposición de los casos de los exministros Federico Suárez, Jimmy Papadimitriu y el exdiputado Jorge Rosas, detallándose sociedades, pagos desde la “caja dos”, sobrefacturación y desembolsos millonarios, antes de cerrar la jornada se hicieron también nuevas referencias a los hermanos Martinelli Linares, incluyendo la compra de un barco así como inversiones en la provincia de Veraguas.

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En la apertura de la sesión tomó la palabra la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, quien compareció junto a las fiscales Jenisbeth Malek y Thalía Palacios, además del fiscal Mahmad Daud Hasan, como parte del equipo del Ministerio Público a cargo de la acusación.

Minutos después comenzaron a comparecer los abogados defensores, quienes informaron a quiénes representaban, mientras algunos imputados participaban de forma presencial y otros de manera remota. Entre los asistentes virtuales figuró el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, quien se conectó a la audiencia a las 9:34 a.m. para proporcionar sus datos generales, al igual que otros acusados.

Entre los abogados defensores presentes estuvieron Guillermina McDonald; Carlos Carrillo G., defensor de Martinelli; Alfredo Vallarino, representante de Aurora Mudarás; Juan Antonio Kuan, abogado de Frank De Lima; así como José María Castillo, Pedro Meilán, entre otros. En total, el proceso involucra a 26 imputados.

Durante la jornada, la jueza explicó que el expediente físico del caso cuenta con 2,973 tomos, y precisó que tanto las defensas como los querellantes han tenido acceso al expediente digital desde el inicio del proceso. Ante solicitudes para contar con los tomos físicos en sala, Marquínez advirtió que movilizarlos implicaría un retraso operativo de aproximadamente 6 horas, aunque aclaró que se podría solicitar tomos o folios específicos de ser necesario.

Durante la mañana, la fiscalía solicitó la validación confidencial de dos acuerdos de pena, lo que obligó a evacuar temporalmente la sala para la celebración de audiencias reservadas, una a las 10:20 a.m. y otra que se reanudó pasadas las 11:45 a.m., luego de presentaciones previas de imputados y de algunas fallas técnicas.

Posteriormente, la jueza procedió a formular a cada acusado la pregunta de rigor sobre su culpabilidad en los cargos de blanqueo de capitales. En total, los 24 imputados presentes se declararon no culpables mientras que los dos faltantes fueron declarados en rebeldía.

Hacia las 12:40 p.m., tras varias controversias con abogados defensores —entre ellos Pedro Meilán, quien alegó desventaja procesal por no tener acceso a testigos— la jueza decretó un receso. En ese momento informó que las audiencias se desarrollarán de lunes a jueves, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., con un receso de dos horas, para luego reanudarse de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y que el viernes será el único día de descanso dentro del calendario del juicio.

La audiencia se reanudó pasadas las 2:00 de la tarde con una controversia entre la jueza Marquínez y el abogado Carlos Carrillo, defensor del expresidente Martinelli, quien cuestionó que el juicio continuara pese a que el acceso a testigos en Brasil quedaría para una eventual apelación. Carrillo sostuvo que esta situación colocaba a las defensas en estado de indefensión y advirtió que podría derivar en una nulidad de lo actuado.

La jueza respondió que las diligencias correspondientes ante las autoridades brasileñas sí se realizaron, pero que la respuesta de ese país fue negativa y definitiva. Ante la insistencia del abogado Carrillo, Marquínez solicitó al Ministerio Público detallar las gestiones efectuadas y las respuestas recibidas. El planteamiento fue respaldado por el abogado Pedro Meilán, quien reiteró que la defensa se encontraba en desventaja por esta condición.

Luego de esta discusión, y una vez aclarado el punto, la jueza anunció que, al continuar la audiencia, se procedería con el auto de llamamiento a juicio. Durante este tramo del proceso, las auxiliares judiciales iniciaron la lectura de las diligencias que constan en el expediente del caso en Panamá.

Tras varias horas de lectura y un receso adicional de 15 minutos, la fiscal Morcillo informó que el auto había sido leído hasta la página 100 de un total de 407, y adelantó que la lectura podría concluir el miércoles.

Finalmente, a las 5:58 p.m., la jueza Marquínez declaró el cierre de la sesión, anunciando que el juicio se reanudará este martes 13 de enero a partir de las 9:00 a.m. También comunicó que desde el mediodía del martes estarán disponibles los audios correspondientes a la validación de acuerdos de pena.

El juicio del caso Odebrecht, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en Panamá, contempla la presentación de unas 160 pruebas, más de 60 testigos y 12 asistencias judiciales para sustentar la acusación por blanqueo de capitales mediante sociedades fantasmas. El expediente consta de 2,973 tomos y recoge una investigación que se ha extendido por más de una década, tras varios intentos fallidos de suspender el proceso.

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La definición del caso será este lunes 28 de julio, Sandra Heredia, jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, revelará el sentido del fallo de primera instancia.

El origen: una entrevista en la cárcel de Cómbita

La historia se remonta al 16 de septiembre de 2011. Ese día, el senador Iván Cepeda entrevistó en la cárcel de Cómbita (Boyacá) al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Monsalve habló allí de la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas, presuntamente en la hacienda Las Guacharacas, una propiedad que fue de la familia Uribe Vélez y que sufrió ataques de la guerrilla del ELN. En esa misma finca, el 14 de junio de 1983, las extintas Farc asesinaron a Alberto Uribe Sierra, padre del exmandatario.

Durante la entrevista, Monsalve afirmó además que, en la masacre de San Roque, ocurrida en los años 90, Uribe Vélez habría dado la orden. Esas declaraciones encendieron todas las alarmas del expresidente, quien en 2012 denunció a Iván Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de buscar testigos falsos para vincularlo con el paramilitarismo.

El giro: la Corte archiva a Cepeda y mira a Uribe

El tablero cambió en 2018: la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda y, en su lugar, abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

El 8 de octubre de 2019, el exmandatario rindió indagatoria ante la Corte y quedó formalmente vinculado por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Diez meses después, el 4 de agosto de 2020, el alto tribunal le impuso detención domiciliaria tras escuchar interceptaciones telefónicas, revisar más de 27.000 registros de audio y analizar un informe de más de 1.500 páginas, producto de la investigación liderada por el magistrado César Augusto Reyes. Uribe cumplió esa detención en El Ubérrimo, su finca en Córdoba, en plena pandemia de COVID-19.

El 18 de agosto de 2020, el exmandatario renunció a su curul en el Senado, perdió el fuero y el expediente pasó a la Fiscalía, entonces bajo la jefatura de Francisco Barbosa. Tras 66 días en detención y una audiencia superior a 20 horas, una jueza de control de garantías le concedió la libertad el 10 de octubre de 2020.

Intentos fallidos de cerrar el caso

5 de marzo de 2021. El fiscal Gabriel Jaimes pidió ante la jueza 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, la preclusión del proceso. Su argumento: no existían pruebas de que Uribe hubiera sido el “determinador” ni que hubiese dado la orden a Diego Cadena de sobornar o ofrecer ayudas jurídicas a exparamilitares para armar testimonios falsos contra Cepeda.

6 de abril de 2022. La jueza negó la preclusión y le ordenó a la Fiscalía profundizar la investigación.

29 de julio de 2022. El fiscal Javier Cárdenas insistió con una segunda solicitud de preclusión, repitiendo que no había pruebas suficientes contra el exsenador.

23 de mayo de 2023. La jueza 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento rechazó nuevamente la petición y exigió continuar con las pesquisas. 6 de octubre de 2023. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa negativa.

En el camino, el caso sufrió cambios de fiscales: uno renunció y otro se declaró impedido tras haber opinando públicamente a favor de Uribe en columnas de prensa.

La acusación formal y el arranque del juicio

Con la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General, el proceso tomó una dirección decisiva. El 9 de abril de 2024, Día de las Víctimas de la Violencia en Colombia, el ente acusador radicó el escrito de acusación contra Uribe por tres delitos —se añadió uno más a los dos iniciales—: soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno.

La audiencia de acusación comenzó el 17 de mayo de 2024 y el 6 de febrero de 2025 se instaló formalmente el juicio. En sala, la Fiscalía sostuvo que Uribe fue el “determinador” de lo que denominó los “peregrinajes carcelarios” de Diego Cadena, desplazándose para buscar testigos falsos contra Iván Cepeda.

Durante meses, más de 35 testigos de la Fiscalía y cerca de 40 de la defensa declararon en extensas jornadas. Juan Guillermo Monsalve, el testigo considerado clave, afirmó no conocer a Álvaro Uribe Vélez.

La fiscal Marlene Orjuela solicitó condena contra el exmandatario. Las víctimas del proceso también pidieron una sentencia condenatoria. Ahora, la última palabra la tiene la jueza.

Lo que viene

Con el anuncio del sentido del fallo este 28 de julio, el país sabrá si el primer expresidente llevado a juicio en Colombia recibe una condena o si su defensa logra doblegar la acusación que, tras más de una década de giros, lo puso al borde de una decisión histórica.

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Durante los alegatos finales, Uribe reiteró su inocencia y negó haber inducido testigos falsos. «No hay un indicio, no hay una prueba. Lo que pedí fue verificar la información que me llegaba», aseguró. Asimismo, lamentó el desgaste personal y familiar que le ha generado el proceso, calificándolo de “difícil y mortificante”.

El caso gira en torno a las gestiones de su entonces abogado Diego Cadena, quien habría contactado a testigos como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, supuestamente para manipular sus declaraciones. Uribe insistió en que los pagos hechos a estos reclusos fueron de carácter humanitario, no como parte de un soborno. “Si hubieran querido sobornarlo, hubieran negociado las cuantías extorsivas”, señaló.

El exmandatario también desvió la atención hacia el senador Iván Cepeda, a quien acusó de haber ofrecido beneficios carcelarios a cambio de testimonios en su contra, a través de una ONG.

La Fiscalía pidió una sentencia condenatoria, argumentando que las pruebas demuestran que Uribe sí buscó manipular el curso de la justicia. La Procuraduría, por su parte, solicitó su absolución, al considerar que no se cumplió con el estándar probatorio.

La jueza Heredia justificó la postergación del fallo para poder evaluar con detenimiento los argumentos presentados: “Atendiendo los juiciosos planteamientos de la Fiscalía, apoderados de las presuntas víctimas, los señores defensores y la defensa material, me tomaré unos días para emitir el sentido de fallo”.

El juicio ha sido considerado histórico, al tratarse del primer proceso penal que enfrenta un expresidente de Colombia. El país espera con atención el veredicto, que definirá no solo el futuro judicial de Álvaro Uribe, sino también el tono político y jurídico de los próximos años.

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Un proceso histórico

El exmandatario ultraderechista, de 70 años, es acusado de liderar una organización criminal que buscaba impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Según la fiscalía, el plan contemplaba la creación de un decreto para justificar un «estado de defensa», e incluso incluía el asesinato del propio Lula y del juez Alexandre de Moraes. Sin embargo, el golpe no se concretó debido a la falta de apoyo de las altas esferas militares.

Junto a Bolsonaro, también serán juzgados siete de sus colaboradores, entre ellos los exministros Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), así como un excomandante de la Marina.

Vínculo con los disturbios del 8 de enero

La investigación también señala a Bolsonaro como responsable de incitar los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando cientos de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia exigiendo una intervención militar. Para la Corte Suprema, estos hechos refuerzan los indicios de que el expresidente intentó socavar la democracia del país.

Bolsonaro se declara «perseguido»

Tras conocerse la decisión del tribunal, Bolsonaro declaró ante los medios que se considera un «perseguido político» y que las acusaciones en su contra son «infundadas». Rodeado de aliados y de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, insistió en que el proceso judicial responde a una «vendetta política» contra él.

A pesar de estar inhabilitado hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema electoral, Bolsonaro ha manifestado su intención de ser candidato en las elecciones de 2026. «Por ahora, soy candidato», declaró recientemente, comparando su situación con la del expresidente estadounidense Donald Trump.

Próximos pasos en el proceso

Aunque no hay un plazo exacto para el juicio, expertos legales estiman que podría realizarse antes de las elecciones de 2026 para evitar interferencias políticas. Si es condenado, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

El expresidente sigue libre mientras aguarda el juicio, y los analistas consideran poco probable una detención preventiva. Entretanto, la figura de Lula también enfrenta desafíos, con una popularidad en descenso y sin confirmar si buscará la reelección.

El juicio contra Bolsonaro no solo impactará su futuro político, sino que también podría redefinir el panorama político de Brasil en los próximos años.

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El proceso, que busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud en el fallecimiento del astro argentino en 2020, ha revelado que la habitación donde Maradona pasó sus últimos días estaba en condiciones deplorables y carecía del equipamiento básico para una persona en recuperación.

Testimonios médicos: un ambiente inadecuado para su estado de salud

Durante la audiencia de este jueves, el médico Colin Campbell, quien acudió al lugar para asistir a Maradona, describió la escena como preocupante. “La casa estaba muy sucia, especialmente el cuarto. No había ningún tipo de orden o limpieza mínima para alguien recién operado”, señaló. Además, destacó la ausencia de elementos médicos esenciales, como un desfibrilador o tubos de oxígeno, que pudieron haber ayudado en una reanimación.

Otro testimonio clave fue el del doctor Juan Carlos Pinto, quien llegó con la primera ambulancia. Pinto confirmó que Maradona ya no tenía signos vitales a su llegada y estimó que su fallecimiento había ocurrido al menos dos horas antes.

Un juicio que podría extenderse hasta julio

El proceso judicial involucra a siete profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y especialistas, acusados de homicidio con dolo eventual. Esta figura legal implica que los acusados eran conscientes de que su accionar podía llevar a la muerte del paciente. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El juicio se extenderá hasta julio y se espera la declaración de aproximadamente 120 testigos. Mientras tanto, la familia de Maradona y la opinión pública siguen de cerca cada detalle de un caso que ha sacudido al mundo del fútbol y de la medicina.

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El primer recurso plantea que los hechos investigados ya fueron objeto de una pesquisa previa llevada a cabo por el Ministerio Público en 2015. En ese momento, el abogado Sidney Sittón presentó una denuncia contra Papadimitriu por presunto enriquecimiento injustificado. Dicha investigación incluyó una auditoría de la Contraloría General de la República, que concluyó que los fondos señalados tenían una procedencia lícita. Este caso culminó en un sobreseimiento definitivo, por lo que la defensa argumenta que someterlo nuevamente a juicio por los mismos hechos violaría el principio de «non bis in idem», contemplado en el artículo 1945 del Código Judicial.

En su segundo argumento, Papadimitriu sostiene que la Fiscalía Anticorrupción erró al imputarle cargos relacionados con actividades que no correspondían a sus funciones como ministro. La defensa subraya que el Ministerio de la Presidencia no gestionó contratos de construcción vinculados a Odebrecht durante su gestión, salvo el proyecto del sistema de transporte masivo en los distritos de Panamá y San Miguelito, el cual no está en disputa. Además, aclara que el contrato para la Línea Uno del Metro, señalado en la investigación, fue firmado por el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, desligando así a Papadimitriu de cualquier responsabilidad en ese aspecto.

Papadimitriu asistió el lunes pasado al inicio del juicio contra 26 imputados por presunto blanqueo de capitales en relación con los sobornos pagados por Odebrecht. Sin embargo, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el 11 de noviembre debido a la ausencia de una asistencia judicial solicitada a Brasil por el Juzgado Primero Liquidador. Este retraso se suma a la necesidad de resolver otros cinco recursos de nulidad que cuestionan la legalidad de pruebas obtenidas en Brasil, las cuales fueron declaradas ilegítimas por los tribunales de ese país.

La estrategia legal del exministro busca desmontar la acusación y evitar su enjuiciamiento, basándose en argumentos jurídicos que ponen en duda la actuación de la fiscalía y la pertinencia del caso en su contra.

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