El primer proyecto de ley propuesto por Chapman introduce modificaciones a la Ley 34 de 2008 sobre Responsabilidad Social Fiscal. Esta ley se enfoca en garantizar una política pública transparente y sostenible, con la intención de controlar el déficit fiscal del país y reducir la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). El ministro destacó que este fortalecimiento es esencial para cumplir con las expectativas de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y mantener una calificación de riesgo aceptable para Panamá.

El segundo proyecto tiene como propósito implementar una moratoria tributaria que permitirá a los contribuyentes ponerse al día en el pago de varios impuestos. La moratoria, que abarcará desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024, incluirá los recargos e intereses asociados con impuestos como el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Inmuebles, el Impuesto de Aviso de Operación, el ITBMS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la Tasa Única para personas jurídicas.

Chapman subrayó que la morosidad en el pago de impuestos en el país asciende a 3,210 millones de balboas, según cálculos de la Dirección General de Ingresos (DGI). La moratoria presentada busca recuperar entre el 15% y el 18% de esa deuda, lo que supondría una inyección considerable de recursos para el Estado en el corto plazo.

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El enfoque principal de esta medida está en los impuestos como el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Inmuebles, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), y otros como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la Tasa Única para personas jurídicas.

Según estimaciones de la DGI, el monto total de la deuda fiscal asciende a 3,210 millones de balboas. De esa cantidad, se espera recuperar entre un 15% y un 18% durante el período de la moratoria. La medida beneficiará tanto a personas naturales como a empresas, siempre y cuando regularicen sus deudas en fase de cobranza administrativa o coactiva.

Además, aquellos contribuyentes que actúan como agentes de retención y tengan pendientes impuestos retenidos, como el Impuesto sobre la Renta o el Seguro Educativo, correspondientes a períodos anteriores a junio de 2024, podrán también acogerse a esta moratoria hasta el 31 de diciembre de este año.

La DGI ha sido clara en señalar que esta ley no busca premiar la morosidad. Más bien, se trata de un intento por facilitar el cumplimiento tributario bajo condiciones más justas y accesibles. En definitiva, la iniciativa tiene el doble objetivo de aumentar la recaudación del Estado y, al mismo tiempo, dinamizar la economía nacional en un momento clave para el país.

Ahora, el proyecto deberá pasar a la Asamblea Nacional para su debate y eventual aprobación, marcando así un paso importante en la estrategia fiscal del gobierno.

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Para beneficiarse de esta moratoria, los contribuyentes deberán liquidar la totalidad de sus deudas acumuladas hasta la fecha, lo que incluye el mes en curso. La exoneración cubre tanto los recargos como los intereses, pero solo se aplicará a aquellos que cumplan con los arreglos de pago vigentes o que tengan expedientes en la jurisdicción coactiva, siempre y cuando se cancele el total de las cuotas pendientes.

Además, como parte del procedimiento, se requiere que los contribuyentes presenten de forma presencial todas las declaraciones juradas que tengan pendientes. Este trámite se realizará en las oficinas del Servicio al Contribuyente, ubicadas en el Edificio Hatillo.

Quienes prefieran realizar el proceso de manera virtual podrán hacerlo a través del sitio web oficial de la alcaldía (alcaldiadigital.gob.pa), donde también se ofrece la opción de pagar mediante tarjetas Visa, MasterCard y Clave, así como a través del sistema de Banca en Línea.

Es importante señalar que esta moratoria no cubre las deudas relacionadas con impuestos de vehículos, obras, construcciones, publicidad ni otras multas. Tampoco es aplicable para nuevos acuerdos de pago.

Para mayor información, los contribuyentes pueden comunicarse con la alcaldía al número 524-8900.

Con esta medida, la Alcaldía busca facilitar la regularización fiscal de los contribuyentes, al mismo tiempo que asegura los fondos necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la ciudad, con el objetivo de continuar brindando servicios de calidad a la comunidad.

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