Lima, Perú. La segunda vuelta presidencial en Perú entró en una etapa clave tras el cierre de las urnas. Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con el procesamiento de actas provenientes de distintas regiones del país y del extranjero, más de 1,500 actas observadas deberán ser revisadas por los órganos de justicia electoral antes de ser incorporadas al cómputo oficial.

Al cierre del último reporte citado, con el 95.220% de actas contabilizadas, el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, sumaba 8,884,280 votos, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, alcanzaba 8,842,993. La diferencia entre ambos era de 41,287 votos, en un escenario todavía abierto y marcado por la incertidumbre.

Las actas observadas representan alrededor del 1.6% del total de 92,766 actas levantadas durante la jornada electoral. Aunque el porcentaje es menor al registrado en otras elecciones presidenciales recientes, su importancia radica en el estrecho margen que separa a ambos candidatos.

Una acta es observada cuando presenta inconsistencias que impiden su contabilización inmediata. Entre las causas más comunes figuran errores materiales, cifras que no coinciden con el total de votantes, números ilegibles o votos impugnados por personeros. En esos casos, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales remiten las actas a los Jurados Electorales Especiales, que deben evaluar cada expediente y emitir una resolución.

El procedimiento puede escalar hasta el Jurado Nacional de Elecciones si alguna de las partes apela la decisión del jurado especial. De acuerdo con el trámite establecido, una vez resuelta la observación, el acta retorna a la oficina correspondiente para ser incorporada al cómputo oficial.

El abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos explicó que las actas observadas podrían llegar a unas 1,600, una cifra similar a la registrada en el proceso electoral de 2021. Según señaló, lo más probable es que la mayoría de estas actas sean corregidas y finalmente contabilizadas, de manera que no se pierdan votos válidamente emitidos.

Villalobos estimó que, si cada acta contiene en promedio unos 200 votos, habría alrededor de 300,000 sufragios pendientes de definición. Esa cantidad podría resultar determinante en una elección cuya diferencia parcial se mantiene por debajo de los votos que aún deben ser revisados.

En la misma línea, José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, advirtió que la procedencia de las actas será clave para anticipar hacia dónde podría moverse el resultado. Si las observaciones corresponden a zonas donde Roberto Sánchez obtuvo mayor respaldo, podrían favorecerlo una vez levantadas; si provienen de regiones con mayor apoyo a Keiko Fujimori, podrían reducir o revertir la diferencia.

Desde Fuerza Popular, Luis Dyer, director del comando de personeros, afirmó que su agrupación esperará el avance del conteo hasta el 100% y respetará la voluntad popular. Indicó que, de las actas observadas, unas 900 corresponderían a Lima y Callao y cerca de 600 al resto del país. También aseguró que, hasta el momento, su partido no ha presentado impugnaciones.

“Vamos a ser muy respetuosos de la voluntad del pueblo”, señaló Dyer, al destacar que los personeros de Fuerza Popular se mantendrán vigilantes para verificar que el proceso se desarrolle correctamente.

Por su parte, Roy Mendoza, vocero legal de Juntos por el Perú, afirmó que su partido se encuentra a la expectativa de las decisiones de los Jurados Electorales Especiales y que tampoco ha presentado impugnaciones hasta ahora. Mendoza sostuvo que su agrupación respetará los resultados siempre que reflejen la votación expresada en las urnas.

“Si el resultado se deriva de la votación en las urnas, Juntos por el Perú lo va a respetar democráticamente”, afirmó.

Otro elemento pendiente es el voto de los peruanos en el extranjero. El canciller Carlos Pareja informó que la jornada fuera del país se desarrolló con normalidad y que todas las mesas fueron instaladas. También indicó que desde el lunes comenzaron a llegar al Perú los materiales electorales procedentes del exterior, bajo medidas de custodia, y que se esperaba completar la recepción durante la semana.

Con el conteo aún en marcha, las actas observadas, los votos del exterior y las eventuales apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones serán factores determinantes para definir quién asumirá la Presidencia de Perú. Por ahora, el resultado sigue abierto y dependerá del avance del cómputo oficial y de las decisiones de la justicia electoral.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que las más de 90 mil mesas habilitadas en territorio peruano fueron instaladas en su totalidad. La primera mesa dentro del país quedó lista a las 5:35 a.m. en la institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, región San Martín. Aunque en las primeras horas se registraron retrasos en zonas como Breña y Santiago de Surco, la ONPE indicó que el material electoral había sido entregado y que las demoras respondieron, principalmente, a la falta de miembros de mesa para completar la instalación.

En el exterior, la Cancillería también confirmó que se alcanzó el 100% de instalación de las más de 2,500 mesas previstas para los peruanos residentes en más de 70 países. La votación fuera del territorio nacional era considerada clave por el peso electoral de los ciudadanos habilitados para sufragar fuera del Perú.

La jornada no estuvo exenta de irregularidades. Las autoridades reportaron la detención de dos personeros acusados de inhabilitar 90 cédulas de votación, que tuvieron que ser reemplazadas con material de contingencia. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, calificó el hecho como grave, pero aseguró que la votación se desarrollaba con normalidad.

El Ministerio Público reportó, además, al menos diez incidencias de relevancia penal y 24 detenidos en distintos distritos fiscales del país. Entre los presuntos delitos figuran propaganda electoral, inducción al voto, impedimento del derecho al sufragio y suplantación de votante.

Los dos candidatos cumplieron con las actividades tradicionales de la jornada. Keiko Fujimori visitó temprano un local de campaña en Villa El Salvador para reunirse con sus personeros y luego realizó su desayuno electoral en San Juan de Lurigancho. Posteriormente votó en el colegio Libertador San Martín, en San Borja. Durante la mañana, la candidata afirmó que esperaba que este fuera su último desayuno electoral y recordó su rol como presidenta de un partido político.

Roberto Sánchez inició el día en Huaral, donde asistió a misa junto a su familia y luego participó en su desayuno electoral. Desde allí hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer su voto como un compromiso con la democracia y el país. Más tarde se trasladó a Lima para sufragar en el colegio María Reiche, también en San Borja.

Uno de los momentos de la jornada fue la caminata conjunta de los excandidatos Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá en San Isidro, quienes acudieron a sus respectivos locales de votación en un gesto que calificaron como democrático.

Durante el día también surgió una controversia luego de que la Defensoría del Pueblo advirtiera sobre presuntas marcas en cédulas de votación que podrían ocasionar la nulidad de sufragios. El presidente del JNE rechazó cualquier intento de deslegitimar el proceso y pidió no hablar de fraude de manera irresponsable. Horas después, la propia Defensoría precisó que las cédulas observadas correspondían a un promedio de 20 mesas, que fueron sustituidas sin generar efectos adversos, y descartó un uso sistemático de esa práctica.

Tras el cierre de la votación, Roberto Sánchez acudió al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo, para recibir los primeros resultados a boca de urna. El Instituto Nacional Penitenciario aclaró que no se le otorgó ningún privilegio y que su ingreso se dio en su condición de congresista, conforme a la normativa vigente.

Más tarde, Sánchez apareció en la Plaza San Martín, en el local del Partido Cívico OBRAS, de su aliado Ricardo Belmont. Allí se dirigió a sus simpatizantes y afirmó que el país necesitaba un “gran consenso” para enfrentar la corrupción, la pobreza y la inestabilidad política. También pidió a sus personeros defender el voto y exigir transparencia electoral.

Keiko Fujimori, por su parte, recibió los primeros resultados en privado y luego se trasladó a un hotel en San Borja. Cerca de las 10:00 p.m., ofreció un mensaje acompañada por los integrantes de su fórmula presidencial. La candidata sostuvo que el conteo rápido reflejaba un empate técnico y que aún no había un ganador. También pidió esperar el cómputo oficial del 100% de las actas y aseguró que reconocerá el resultado final, cualquiera que sea.

El cierre de la jornada también estuvo marcado por un pronunciamiento de Antauro Humala, aliado de Sánchez, quien expresó confianza en el voto rural y advirtió que permanecería atento ante cualquier intento de desconocer la voluntad popular.

Al cierre de la información disponible, con el 66.145% de actas contabilizadas, se registraban más de 13.8 millones de electores asistentes, mientras que el ausentismo superaba los 4.1 millones de ciudadanos.

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La decisión se adoptó en una Sesión Extraordinaria del Pleno celebrada en el hemiciclo legislativo, con la participación de 113 congresistas. Balcázar obtuvo 64 votos, superando a María del Carmen Alva, quien alcanzó 46. El escrutinio registró además tres votos viciados y ninguno en blanco, reflejando un alto nivel de participación en medio de un escenario político marcado por la urgencia institucional.

Balcázar, representante de la región Lambayeque, fue elegido congresista en 2021 por Perú Libre con 6.641 votos válidos y actualmente integra la bancada Perú Bicentenario. A sus 81 años, debuta en un cargo de elección popular. Es abogado con estudios de posgrado y cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria académica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Asimismo, trabajó en el Poder Judicial entre 1982 y 2021. De acuerdo con registros oficiales, no presenta sanciones administrativas ni sentencias civiles o penales.

Tras prestar juramento de ley, Balcázar dirigió un mensaje a la nación en el que aseguró que garantizará una transición democrática ordenada y elecciones libres y transparentes. “Va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, afirmó.

En materia de seguridad, anunció que impulsará una reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el ámbito académico. Advirtió además sobre el avance del crimen organizado transnacional y mencionó al Tren de Aragua como un fenómeno con “connotaciones de terrorismo internacional”, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada.

El nuevo mandatario también señaló que evaluará el desempeño de los actuales ministros y no descartó ratificaciones. “Vamos a evaluar a los ministros (…) y si hay que ratificarlos, los ratificamos”, indicó. En el plano económico, garantizó la continuidad de la política vigente y anunció que sostendrá reuniones con la ministra de Economía y el presidente del Banco Central de Reserva para fortalecer la estabilidad financiera durante la transición.

Balcázar convocó al Congreso a mantener un diálogo permanente para afrontar los desafíos del país y aseguró que su gestión no buscará alterar el rumbo económico, sino preservar la institucionalidad hasta la celebración de nuevas elecciones.

Con su juramentación, Perú inicia una nueva etapa política bajo un gobierno de transición que tendrá como principales retos la organización del proceso electoral, la lucha contra la inseguridad y la preservación de la estabilidad económica.

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Desde su llegada, el mandatario panameño fue recibido con honores militares y un acto cultural que combinó la riqueza folclórica de Perú y Panamá. Danzas típicas de ambos países envolvieron el ambiente de solemnidad y celebración, mientras una delegación local le daba la bienvenida junto a autoridades diplomáticas y ciudadanos del distrito.

Acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el presidente recibió de manos del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison Oyague, las llaves del distrito, una distinción simbólica reservada para visitantes ilustres. “Este parque simboliza la amistad entre los pueblos panameño y peruano, que se miran con respeto y mucho aprecio”, expresó el alcalde, haciendo referencia a los profundos lazos históricos entre ambas naciones, en particular al legado del general panameño José Domingo Espinar Aranda, quien combatió junto a Simón Bolívar en las guerras de independencia.

El Parque del Istmo de Panamá, con una extensión de 870 metros cuadrados, fue concebido como un espacio de memoria y hermandad. Su diseño incluye múltiples árboles de olivo, elegidos por su simbolismo de paz y longevidad, como reflejo de los vínculos duraderos entre Perú y Panamá. En el centro del parque, una placa rinde homenaje a los integrantes del Batallón del Istmo, fundado en 1924, y honra de manera especial al general Espinar, cuyo legado ha sido piedra angular en la relación entre ambas repúblicas.

Durante su intervención, el presidente Mulino expresó su gratitud por el homenaje y resaltó la figura de Espinar Aranda, quien no solo combatió junto al Libertador Bolívar, sino que luego sirvió durante 34 años en el ejército peruano, destacándose también como médico e ingeniero. “Su entrega y compromiso con la libertad son testimonio de la hermandad entre nuestros pueblos. El general Espinar es un puente viviente entre Panamá y Perú, entre nuestra historia y nuestros valores compartidos”, afirmó.

La ceremonia también contó con la presencia de representantes de la Asociación Cívica General José Domingo Espinar Aranda, quienes han trabajado activamente en la promoción de su figura con miras al Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que se celebrará en 2026, evento considerado un pilar en la historia de la integración latinoamericana.

Al acto asistieron también familiares directos del general Espinar Aranda, así como autoridades panameñas como el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el embajador de Panamá en Perú, Dante Pescetto. La jornada concluyó con un recorrido por el parque, sellando un día de homenaje, reflexión y celebración de una historia compartida que continúa escribiéndose.

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A través de un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter), Shakira compartió con sus seguidores que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital la noche anterior. “Tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y actualmente estoy hospitalizada”, escribió la intérprete, dejando claro que no se encuentra en condiciones de llevar a cabo la presentación prevista para esa noche.

A pesar de la situación, Shakira expresó su profunda tristeza por no poder cumplir con sus fans peruanos, con quienes había estado ansiosa por reencontrarse. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario hoy. Me había estado preparando con mucha ilusión para este encuentro”, comentó la cantante.

La artista, que llegó a Lima el viernes pasado, se mostró optimista sobre su recuperación y expresó su esperanza de poder ofrecer su segundo concierto programado para el lunes. También aseguró que está trabajando con su equipo y los organizadores del evento para reprogramar la fecha del concierto cancelado tan pronto como sea posible.

Según fuentes locales, Shakira fue ingresada en la madrugada del domingo a una clínica limeña debido a lo que parece haber sido un cuadro de gastritis. La noticia causó consternación entre sus seguidores, quienes ya habían agotado las entradas para ambos conciertos.

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La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai) ha expresado su preocupación, indicando que el traslado de las aerolíneas a las nuevas instalaciones enfrenta obstáculos significativos. Aunque el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que el 56 % de las empresas ya cuenta con sus expedientes técnicos aprobados, un 22 % aún no los ha presentado. Además, se ha entregado la misma proporción de áreas del terminal a las aerolíneas, mientras que Lima Airport Partners (LAP), la concesionaria del aeropuerto, reporta un avance del 70 % en la asignación de espacios a entidades públicas y privadas.

Carlos Gutiérrez, gerente de Aetai, señaló que algunas aerolíneas enfrentaron dificultades para negociar los términos de acceso con LAP, lo que retrasó la presentación de los documentos necesarios. Estas discrepancias llevaron a que se emitieran cartas notariales solicitando la intervención de Ositrán para mediar en los desacuerdos.

Gutiérrez también subrayó que, aunque el traslado físico no representa un problema mayor, persisten otras dificultades críticas. Mencionó que las pruebas de los sistemas del nuevo aeropuerto no se están realizando a gran escala y que los equipos de revisión de equipajes aún no operan al 100 %. Según su evaluación, sería prudente considerar un aplazamiento de la inauguración si los problemas no se resuelven a tiempo.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como LAP han ratificado que la fecha de apertura se mantiene firme. Desde el MTC argumentaron que el cronograma responde al contrato firmado, mientras que representantes de LAP aseguraron que los procesos avanzan conforme a lo previsto, con ajustes y pruebas en curso para garantizar la operatividad del aeropuerto el día de su inauguración.

Karla Urdiales, vocera de LAP, destacó que las nuevas instalaciones triplicarán el tamaño del aeropuerto actual y contarán con tecnología de punta para garantizar la seguridad y eficiencia de los servicios ofrecidos a los pasajeros.

Pese a los avances reportados, la incertidumbre persiste entre las aerolíneas, que insisten en la necesidad de garantizar que todos los sistemas estén plenamente operativos antes de iniciar las actividades, con el objetivo de evitar contratiempos que puedan afectar a los usuarios.

La apertura del nuevo aeropuerto de Lima se perfila como un hito en la infraestructura aeroportuaria del país, pero su debut sigue generando debate entre las partes involucradas.

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El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental de Ate, en Lima, y está programado para las 8:30 p.m., según informó la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT). Este partido forma parte de la icónica ‘Noche Crema’, evento que marca el inicio de la temporada del Universitario y que incluye la presentación oficial de su plantilla profesional, además de un espectáculo musical y homenajes a figuras históricas del club.

Una prueba clave en la preparación de Panamá

Bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen, Panamá utilizará este amistoso como parte de su preparación para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se celebrará en marzo de 2025. En ese torneo, La Roja enfrentará a Estados Unidos en las semifinales, el 20 de marzo, en el SoFi Stadium de California.

El partido contra Universitario será una oportunidad para que Panamá mida fuerzas ante un equipo competitivo y ajuste su estrategia antes de los compromisos internacionales de alto nivel. Además, permitirá al técnico Christiansen evaluar el desempeño de su plantilla en un ambiente exigente y ante una afición apasionada.

La importancia de la ‘Noche Crema’

La ‘Noche Crema’ es uno de los eventos más esperados por los seguidores del fútbol peruano. Más que un simple amistoso, este encuentro celebra la historia y el espíritu del Universitario, un club con una rica tradición en el fútbol sudamericano. La inclusión de Panamá en este evento refuerza los lazos futbolísticos entre ambos países y ofrece a La Roja un escenario especial para demostrar su calidad.

Camino hacia un año desafiante

El 2025 será un año clave para la selección panameña, con retos importantes como el Final Four de Concacaf y la preparación para otros torneos internacionales. Este primer duelo en Lima marcará el inicio de un camino que promete emociones para los aficionados de La Roja.

Con la mirada puesta en el desarrollo del equipo y en consolidar su estilo de juego, Panamá buscará dejar una buena impresión en su debut anual y reforzar la confianza de cara a los desafíos que se avecinan.

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Toledo, quien presidió Perú entre 2001 y 2006, fue acusado de haber recibido más de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de facilitar la concesión de una obra pública de gran envergadura: la construcción de un tramo de 650 kilómetros de la carretera Interoceánica, que une el sur de Perú con Brasil. Esta obra, que inicialmente estaba presupuestada en 507 millones de dólares, terminó costando al Estado peruano la suma de 1.255 millones, casi el triple de lo estimado.

El dinero, según la Fiscalía, fue depositado en cuentas offshore a nombre de Josef Maiman, un cercano colaborador y amigo de Toledo, quien falleció en 2021. Este esquema de corrupción es parte de una trama mayor en la que Odebrecht ha admitido haber pagado sobornos a diversos mandatarios y funcionarios en toda América Latina para asegurar contratos de infraestructura.

Toledo, quien fue extraditado desde Estados Unidos a Perú en abril de 2023, se encuentra cumpliendo su pena en el penal de Barbadillo. Durante su última comparecencia ante el tribunal, el exmandatario reiteró su inocencia, negando haber tenido acuerdos con ejecutivos de Odebrecht y su supuesto testaferro. En su alegato final, solicitó que se le permita cumplir su condena en casa debido a su delicado estado de salud, ya que padece cáncer y problemas cardíacos. «Les ruego, permítanme curarme o morir en mi casa», suplicó Toledo, visiblemente afectado.

Además de Toledo, otros expresidentes peruanos también han sido implicados en el caso Odebrecht, como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, este último se quitó la vida en 2019 cuando la justicia lo investigaba por los mismos hechos. La esposa de Toledo, Eliane Karp, también es buscada por la justicia peruana bajo cargos de lavado de activos. Desde mayo de 2023, Karp se encuentra en Israel, un país con el que Perú no tiene un tratado de extradición.

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El exasesor peruano Vladimiro Montesinos, figura clave en el régimen de Alberto Fujimori, ha admitido su culpabilidad por los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada en relación con el caso Pativilca. Este lunes, durante una audiencia, Montesinos optó por la «conclusión anticipada» del proceso judicial, anunciando su aceptación de los cargos presentados en su contra.

El tribunal a cargo del caso ha programado la lectura de la sentencia para el miércoles 31 de enero a las 11:00 horas (16:00 GMT). Montesinos enfrenta la acusación de participar en la masacre de seis campesinos en la localidad de Pativilca en 1992, perpetrada por el grupo militar encubierto Colina.

A pesar de la solicitud de la fiscalía de una condena de 25 años de cárcel, la defensa de Montesinos ha pedido que se considere cumplida su condena debido a los más de 22 años que lleva en prisión. La presidenta del tribunal, Miluska Cano, ha informado que la sentencia se dará a conocer el próximo miércoles.

En el mismo proceso, Alberto Fujimori, expresidente de Perú, anunció que no se acogerá a la conclusión anticipada y continuará enfrentando el juicio en su contra. Este martes, se prevé analizar una petición de la fiscalía para imponerle arresto domiciliario.

El juicio, que involucra a Fujimori, Montesinos, el exjefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos, el exgeneral Luis Pérez Documet y otros miembros del grupo Colina, es seguido de cerca por la justicia peruana. La Corte Suprema de Chile amplió en 2017 los términos de la extradición de Fujimori para que sea procesado por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita en este caso.

Cabe destacar que, a pesar de cumplir 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori fue liberado en diciembre pasado tras una resolución del Tribunal Constitucional que restituyó el indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró este jueves que el Estado peruano estaba en desacato por la liberación del expresidente Alberto Fujimori el pasado 6 de diciembre, en contravención a lo dispuesto por el tribunal internacional.

La excarcelación de Fujimori, presidente de 1990 a 2000, se llevó a cabo a pesar de las directrices de la CorteIDH que ordenaban el cumplimiento de las sentencias en los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

La CorteIDH estableció el desacato debido a que el Estado ejecutó la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano el 17 de marzo de 2022, la cual restableció los efectos de un indulto otorgado el 24 de diciembre de 2017 al expresidente Fujimori, por razones humanitarias.

Este acto se llevó a cabo a pesar de la disposición de la CorteIDH que ordenaba abstenerse de implementar dicha medida, ya que no se habían respetado los estándares del derecho internacional durante el control jurisdiccional del indulto.

El incumplimiento del Estado peruano se relaciona con la no observancia de las medidas urgentes dictadas el 5 de diciembre, que exigían la no liberación de Fujimori, así como con las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de mayo de 2018 y abril de 2022, las cuales también ordenaban lo mismo.

Los miembros de la corte interamericana evaluaron que la acción del Estado al liberar a Alberto Fujimori sin proporcionar toda la información necesaria y sin permitir a la Corte evaluar adecuadamente el asunto de las medidas provisionales, representó un desacato evidente y grave a lo dispuesto en la resolución de adopción de medidas urgentes del 5 de diciembre de 2023, así como a la obligación de acatar las decisiones del tribunal, en contradicción al principio internacional de buena fe.

Este accionar ha causado una grave afectación al derecho de las víctimas de estos casos a acceder a la justicia.

La CorteIDH también hizo referencia a tres magistrados del Tribunal Constitucional que, el 4 de diciembre, aprobaron la resolución que permitió la ejecución de la liberación de Fujimori, señalando que no emitieron una resolución independiente en la que se evaluara el indulto, su necesidad o proporcionalidad en relación con la ejecución de la pena del expresidente.

Los magistrados reconocieron que la decisión de estos tres miembros del Tribunal Constitucional contradecía lo dispuesto por la Corte Interamericana al dotar de efectos jurídicos la sentencia de marzo de 2022.

En respuesta, la corte subrayó que no es competencia del Tribunal Constitucional establecer los alcances de las resoluciones de la CorteIDH, ya que el Estado peruano está obligado a cumplirlas por haber ratificado la Convención Americana.

El desacato del Estado peruano será informado ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el informe anual de la Corte Interamericana para 2023.

Además, la CorteIDH ordenó al Estado presentar, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

El Estado deberá continuar presentando informes cada tres meses por el tiempo que la Corte considere necesario.

El expresidente Fujimori, de 85 años y cumpliendo una pena de 25 años de cárcel, salió de prisión el 6 de diciembre a raíz de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de las advertencias de la CorteIDH que solicitaban a las autoridades peruanas abstenerse de llevar a cabo esta liberación para garantizar la justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los casos La Cantuta y Barrios Altos.

Este es el segundo país, después de Nicaragua, al que la CorteIDH declara en desacato en los últimos años, debido a la falta de respuesta a comunicaciones del tribunal y al incumplimiento de medidas de protección en favor de ciudadanos perseguidos o considerados presos políticos por el Gobierno de Daniel Ortega.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), representando a las víctimas de violaciones de derechos humanos en los casos La Cantuta y Barrios Altos, solicitó a la CorteIDH declarar en desacato a Perú y convocar una audiencia para que el Estado brinde explicaciones.

Después de la liberación de Fujimori, el Gobierno peruano emitió un breve mensaje a través del canciller, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, ratificando su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José) y señalando que habían acatado una sentencia del Tribunal Constitucional.

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