Herrera explicó que, a diferencia de otras entidades públicas, el Legislativo funciona con un esquema presupuestario compartido, por lo que la aplicación efectiva de sus recursos no comienza de forma inmediata tras la aprobación del Presupuesto General del Estado. Según indicó, la fase operativa arranca formalmente a partir del 2 de enero.

Las declaraciones se produjeron al inicio de la nueva legislatura, poco antes de que el presidente José Raúl Mulino presentara su informe al país, en el que se anticipa un enfoque en la recuperación económica y el manejo fiscal durante 2026.

El titular del Legislativo señaló que la aprobación del presupuesto del Canal de Panamá y del Presupuesto General fue precedida por la evaluación de 96 comparecencias presupuestarias transmitidas a nivel nacional, un proceso que, afirmó, permitió reforzar los mecanismos de control y transparencia.

En su intervención, Herrera instó al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a revisar una deuda acumulada superior a los 500 millones de dólares correspondiente al Impuesto Bien Inmueble (IBI)  recursos que —según dijo— debieron ser transferidos a los gobiernos locales desde hace varios años. Afirmó que esos fondos deben beneficiar a los municipios y juntas comunales bajo criterios claros y verificables.

En materia económica, destacó la entrada en vigencia de la nueva ley de interés preferencial, al sostener que la falta de ese marco legal había frenado inversiones inmobiliarias, afectado el empleo en la construcción y limitado el acceso a vivienda para miles de familias. Con la normativa en marcha, anticipó una reactivación del crédito hipotecario y del empleo, e hizo un llamado a la banca estatal para mejorar condiciones financieras.

Herrera también detalló medidas internas de austeridad, como la eliminación de partidas especiales, la cancelación de alquileres de vehículos y la reducción de gastos operativos, acciones que —indicó— han generado ahorros cercanos a los dos millones de dólares.

Durante el primer tramo de la legislatura, añadió, el pleno aprobó 40 proyectos de ley en tercer debate, pese a retrasos iniciales en la conformación de comisiones, las cuales fueron definidas mediante votación para evitar acuerdos fuera del pleno.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo han señalado 2026 como un año determinante para la reactivación económica, el control del gasto público y la ejecución efectiva de los recursos del Estado.

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El debate se desarrolló en un ambiente de tensiones entre las demandas de mayor asignación de recursos por parte de varias instituciones y los llamados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la prudencia. El titular de esa cartera, Felipe Chapman, advirtió que el país no puede responder a todas las solicitudes sin poner en riesgo la estabilidad económica. “Aunque el presupuesto se multiplicara por cinco, seguiría sin alcanzar”, afirmó.

Chapman explicó que las peticiones de fondos superaron los 40,000 millones de dólares, casi 10,000 millones por encima del monto propuesto por el Ejecutivo. Según el ministro, si el Estado cediera a esas presiones, Panamá perdería de inmediato su calificación de riesgo de grado de inversión. También lamentó lo que calificó como “una desconexión de la realidad” por parte de algunas entidades, cuyos requerimientos describió como “excesivos e irresponsables”.

Durante su exposición, el ministro cuestionó a las autoridades universitarias por su manejo presupuestario. Se refirió directamente al rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, a quien acusó de desconocer conceptos básicos del déficit fiscal. “El rector no maneja los fundamentos del presupuesto y sus asesores no le informan correctamente”, señaló Chapman.

El ministro sustentó sus críticas con cifras: la Universidad de Panamá, que tiene el mayor presupuesto de funcionamiento del sistema universitario (345.3 millones de dólares), ha ejecutado el 59.4 % de esos recursos hasta agosto de 2025. En materia de inversión, solo ha usado el 7.6 % de lo asignado. Para el próximo año, la recomendación presupuestaria fue de 317 millones, una reducción respecto a los 395 millones de 2025.

Durante el debate, los diputados también solicitaron información sobre la recaudación tributaria. Según el MEF, hasta septiembre de 2025 los ingresos fiscales sumaron 4,738.5 millones de dólares, un aumento del 14.1 % frente al mismo periodo de 2024. De ese total, 4,599.1 millones corresponden a efectivo y 139.4 millones a documentos fiscales.

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La Comisión de Presupuesto inició el pasado 25 de agosto la sustentación de vistas de 96 entidades estatales, en un proceso calendarizado y abierto al debate. Esta semana, la comisión anunció que devolverá el proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con una serie de recomendaciones. El titular del MEF aclaró que los ajustes se harán mediante reasignaciones, sin modificar el monto global, lo que evidencia la importancia de la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En este contexto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destacó la relevancia de fortalecer el análisis presupuestario, señalando que el ejercicio ha puesto de manifiesto desafíos estructurales, como la rigidez del gasto que limita la capacidad de redirigir recursos, la persistencia de proyectos inconclusos y la necesidad de mejorar los niveles de ejecución. La institución enfatizó también que cada solicitud de recursos debe estar respaldada por planes claros, cronogramas definidos e indicadores de gestión verificables, que garanticen la viabilidad de las asignaciones.

El gremio empresarial subrayó que resulta indispensable orientar los fondos hacia sectores estratégicos y revisar con rigor aquellas partidas que no impacten directamente en el bienestar ciudadano, ya que los gastos innecesarios debilitan la confianza pública y comprometen la sostenibilidad de las finanzas del país.

“Más allá de las cifras, lo que está en juego es la capacidad de nuestras instituciones para ejecutar con eficacia y cumplir lo que se promete”, señaló la CCIAP, al tiempo que reiteró la importancia de contar con un presupuesto que combine planificación, transparencia y resultados tangibles.

La Cámara reconoció los avances logrados en el proceso de revisión, así como el rol de la Asamblea y del MEF en abrir espacios de diálogo y ajustes constructivos. Concluyó que un ejercicio presupuestario responsable, colaborativo y con visión de país es esencial para recuperar la confianza ciudadana y asegurar un desarrollo sostenible.

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Tras participar en un foro del Parlamento Latinoamericano, Herrera explicó que la Comisión de Presupuesto se encuentra en un proceso de evaluación para emitir recomendaciones. “La educación tiene que estar por delante; de allí dependen los profesionales que el país requiere”, subrayó.

Herrera admitió que la situación fiscal obliga a ajustes, aunque enfatizó la importancia de mantener un balance entre la reducción de gastos, la inversión social y el pago de la deuda nacional. “Se busca un equilibrio: no dejar de invertir, pero también asumir la responsabilidad de la deuda que por años nadie enfrentó”, indicó.

Debate sobre las oficinas adicionales

En cuanto a la controversia por las “oficinas especiales” de algunos diputados en el edificio legislativo, Herrera sostuvo que el tema está bajo revisión técnica. El departamento de ingeniería prepara un informe que permitirá tomar decisiones, dijo.

“Esto no es un privilegio, es un asunto que viene de años anteriores y debe aclararse”, explicó, asegurando que él mismo solo utiliza la oficina que le corresponde como presidente y que, al terminar su mandato, volverá a la que tenía originalmente.

Finalmente, Herrera instó a dirigir el debate hacia los problemas que afectan directamente a los ciudadanos, como el acceso a agua potable, la creación de empleos y la calidad de los servicios básicos.

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Según explicó, el aumento responde principalmente a compromisos financieros “ineludibles” del Estado, entre ellos el pago de deuda, intereses y aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social (CSS). Chapman destacó que el plan contempla 11,151 millones de dólares en inversión pública, equivalente al 12 % del PIB, con prioridad en proyectos de infraestructura como la tercera línea del metro, el cuarto puente sobre el Canal, el túnel bajo la vía interoceánica y la ampliación del corredor hacia las playas.

No obstante, varios diputados expresaron reservas sobre la distribución de los recursos. El diputado Eliecer Castrellón (Partido Popular) advirtió que se reducen asignaciones clave: 70 millones menos para el sector agropecuario y 50 millones menos para vivienda, lo que, a su juicio, no responde a las necesidades sociales del país.

El debate también se concentró en la propuesta de modificar las reglas de los traslados de partida. El Gobierno plantea que únicamente los movimientos superiores a un millón de balboas pasen por la comisión y que el plazo de aprobación automática se reduzca de 30 a 15 días. La diputada Janine Prado (Vamos) señaló que tales cambios limitarían el escrutinio legislativo: “Todos los traslados deben ser discutidos, como lo establece la ley”, afirmó.

La educación superior fue otro de los puntos de mayor cuestionamiento. El diputado Jonathan Vega (Vamos) advirtió que el presupuesto para las universidades estatales se reducirá en 156 millones de dólares en comparación con 2025. La Universidad de Panamá perdería cerca de 78 millones y la Universidad Tecnológica alrededor de 54 millones, lo que, en opinión del legislador, impactará la capacidad de formación e investigación.

Chapman insistió en que, pese a los ajustes, el presupuesto de 2026 fortalece la inversión pública y coloca a Panamá “dentro del grupo de naciones con mayor proporción de inversión respecto al tamaño de su economía”. También defendió la propuesta sobre los traslados de partida como una medida para agilizar trámites y dar respuestas más rápidas a la ciudadanía.

La discusión dejó en evidencia que el proyecto presupuestario será uno de los temas más sensibles del periodo legislativo. Mientras el Ejecutivo lo presenta como un plan de desarrollo ambicioso y de gran alcance, la oposición advierte sobre recortes en sectores estratégicos y cambios normativos que podrían afectar el equilibrio del control parlamentario.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en una conferencia de prensa en la que detalló que la Resolución 57-25, aprobada por el Gabinete, busca contener el gasto público ante un escenario de ingresos insuficientes frente al volumen de gasto autorizado.

Según explicó Chapman, del total del ajuste, B/.426.5 millones corresponden a gastos de funcionamiento y B/.1,473.5 millones a inversión. El mayor impacto recaerá sobre el Gobierno Central, con una reducción de B/.1,536 millones. También se verán afectados las instituciones descentralizadas (B/.298.8 millones), los intermediarios financieros (B/.36.5 millones) y las empresas públicas (B/.28.7 millones).

“El objetivo es garantizar una política fiscal prudente y sostenible, respetando el límite de déficit fiscal permitido para este año, que es del 4% del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero”, afirmó el titular del MEF.

Las medidas se implementarán en coordinación con las distintas entidades públicas, que deberán efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes. El documento será remitido a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la Contraloría General de la República y a otras entidades competentes.

Chapman subrayó que el ajuste es una respuesta necesaria frente a una disminución proyectada de los ingresos estatales y al creciente peso de gastos inflexibles, como los aumentos salariales automáticos. En el último año, estos aumentos han representado un costo fiscal de US$324 millones, mientras que otros gastos rígidos sumaron US$1,282 millones.

En los últimos cinco años, los aumentos automáticos han tenido un impacto acumulado de US$1,381 millones, y de no corregirse la normativa vigente, el costo podría superar los US$10,000 millones para 2030, advirtió el ministro.

A pesar de la magnitud del recorte, el Gobierno ha decidido no tocar los programas sociales que benefician a los sectores más vulnerables, incluyendo subsidios al consumo eléctrico, gas para cocinar, el programa 120 a los 65, becas, transporte, y subsidios a la vivienda, entre otros.

Chapman reiteró el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal, destacando que la meta es proteger la sostenibilidad financiera sin comprometer el desarrollo económico ni los derechos de los sectores más necesitados.

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Según De León, desde su nombramiento en julio de 2024, se exploraron diversas alternativas, incluyendo reuniones con el sector privado, con el objetivo de organizar el evento. Sin embargo, los fondos disponibles resultaron insuficientes para cubrir los gastos que implica la logística, el pago a artistas y otros aspectos necesarios para un carnaval de cuatro días.

“Realizar el carnaval con el estado actual de las finanzas sería irresponsable. Este año debemos priorizar y ser muy cuidadosos con los recursos”, expresó De León, quien también estimó que el costo de la festividad rondaría los 3 millones de dólares.

Ante esta situación, la funcionaria alentó a la población a participar en las celebraciones carnavalescas que tendrán lugar en otras provincias del país, como Los Santos y Coclé. Además, promovió el turismo interno como una alternativa para disfrutar del carnaval y conocer más sobre el interior del país.

En 2024, el carnaval en la Ciudad de Panamá contó con un presupuesto de 1.6 millones de dólares y generó ingresos superiores a los 18 millones, lo que subraya su importancia como evento cultural y económico para el país.

El carnaval estaba programado para realizarse entre el 1 y el 4 de marzo, pero este año los panameños deberán buscar opciones diferentes para celebrar esta festividad.

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El diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, habló en un tono firme, Herrera subrayando que no se puede culpar a todas las juntas comunales por las irregularidades cometidas según dijo, por unas pocas, durante el proceso de descentralización en el gobierno anterior, en el que se transfirieron $320 millones sin los debidos controles. “Para eso están los tribunales de justicia”, enfatizó, mientras recibía el apoyo de la multitud.

El centro del conflicto gira en torno a los fondos que recibirán las 701 juntas comunales y 81 municipios el próximo año. Según la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto asignado para la Autoridad Nacional de Descentralización será de $140.4 millones, lo que representa una reducción de $57.1 millones en comparación con el monto asignado en 2024.

Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, calificó la medida como un «retroceso» en el proceso de descentralización. Explicó que las juntas comunales y los gobiernos locales son los únicos que realizan consultas ciudadanas para decidir sobre el uso de estos fondos. «El 80% de los gobiernos locales son nuevos y estamos comprometidos con la transparencia», añadió.

Por otro lado, Miguel Batista, presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, advirtió que si no se revierte el recorte, muchas alcaldías no podrán cumplir con las necesidades de sus comunidades el próximo año. A su vez, la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, reiteró que la descentralización es clave para mejorar la calidad de vida en las comunidades y aseguró que se buscará una solución junto con el Ejecutivo para evitar que las alcaldías queden sin recursos.

Con la fecha límite del 31 de octubre para la aprobación del presupuesto, las autoridades locales esperan que sus demandas sean escuchadas para garantizar el desarrollo continuo de los proyectos en sus respectivas comunidades.

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Chapman también adelantó que ya se encuentra en fase de revisión un borrador de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal (LRS). Este documento establecerá los límites presupuestarios y se espera que sea presentado en la Asamblea Nacional durante este mes.

Con respecto a la situación fiscal del país, Chapman reconoció que el déficit para 2024 superará el 4%, muy por encima del 2% proyectado para 2023. El ministro subrayó que esta realidad ya era esperada, y que el objetivo de su gestión es ser transparente y mostrar los planes para enfrentar esta situación.

Por otro lado, Chapman indicó que las proyecciones económicas para 2025, tanto en términos de crecimiento como de inflación, no difieren de las cifras manejadas por analistas y organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Enfatizó que el nuevo presupuesto busca transmitir un mensaje de responsabilidad y prudencia, con el objetivo de asegurar la estabilidad fiscal, fomentar la inversión, y promover el crecimiento económico y la creación de empleo.

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Con esta decisión, se modifica el artículo 325 de la mencionada ley, reduciendo el monto inicial propuesto por el Ejecutivo, que era de $5 millones. Ahora, solo los traslados de partidas entre $200 mil y $500 mil podrán ser gestionados directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la obligación de remitir la información a la Comisión de Presupuesto dentro de los primeros 20 días de cada mes.

En situaciones de emergencia nacional, el Ejecutivo, a través del MEF, podrá realizar traslados de hasta $2 millones para atender dichas circunstancias, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Otro punto relevante en el debate fue el ajuste de los viáticos al exterior para funcionarios públicos. Se aprobó que los funcionarios de alta jerarquía recibirán viáticos diarios de $600 en Europa, Asia, África y Oceanía; $500 en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile; y $400 en México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina. Para otros funcionarios, incluyendo directores y exdirectores, los montos diarios serán de $500, $400 y $300 respectivamente, según la región.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, cerró la sesión permanente iniciada el 28 de agosto, anunciando que las discusiones se reanudarán el lunes 2 de septiembre a las 2:00 p.m.

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