Transparencia Internacional pide pronta resolución de la Corte sobre la Ley que limita a la Contraloría

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, representante de Transparencia Internacional en Panamá, ha urgido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a que resuelva con prontitud la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 351 de diciembre de 2022. Esta ley, que modifica la estructura y funciones de la Contraloría General de la República, ha generado preocupación por debilitar el rol fiscalizador de esta entidad y otorgar excesivo poder discrecional al Contralor.

En una carta abierta, la organización recordó que esta ley ha facilitado el manejo discrecional de grandes sumas del presupuesto nacional, lo que ha derivado en controversias como los llamados “auxilios económicos” y la “descentralización paralela”. Estas prácticas, según argumentan, se han visto favorecidas por la falta de control riguroso que la ley en cuestión ha permitido.

La demanda de inconstitucionalidad fue admitida por la Corte Suprema en abril de 2023, y en mayo del mismo año, el Procurador de la Administración emitió un dictamen en el que se señalaba la inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, la decisión final de la Corte aún está pendiente.

El recurso impugna varios artículos de la Ley 351, incluyendo aquellos que afectan directamente las responsabilidades de la Contraloría. La Fundación, respaldada por otras organizaciones civiles y destacados juristas, ha instado a la Corte a no retrasar más la resolución del caso y a restituir la autoridad necesaria a la Contraloría para que pueda desempeñar su función esencial en el sistema democrático del país.

Además de Transparencia Internacional, otras organizaciones como el Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM Panamá), Civitas Panamá, y el Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN), entre otros, se unieron en la presentación de la demanda. Estas agrupaciones consideran que la declaración de inconstitucionalidad es fundamental para garantizar que la Contraloría pueda realizar sus tareas con la independencia y eficacia necesarias.