Trump mira a Bukele y desafía a la Corte Suprema

A solo tres meses de haber retomado el poder, el presidente Donald J. Trump ha iniciado un enfrentamiento frontal con los pilares fundamentales del sistema democrático estadounidense. Su administración no solo ha comenzado a erosionar los límites tradicionales del poder ejecutivo, sino que además ha trazado un rumbo que recuerda a modelos autoritarios extranjeros, particularmente al de su reciente invitado en la Casa Blanca: Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Desde el Despacho Oval, donde compartió espacio con Bukele —autoproclamado “el dictador más genial del mundo”— Trump dejó claro que su visión para su segundo mandato implica una transformación radical del equilibrio institucional. “Hay algo roto”, declaró. “El establishment progresista ya no está al mando en este país”.

Una agenda presidencial sin precedentes

Lo que ha caracterizado esta nueva etapa de su presidencia es una reinterpretación agresiva del alcance del poder presidencial. Trump ha empezado a aplicar una lectura expansiva y en ocasiones deliberadamente ambigua de la ley, desafiando órdenes judiciales y cuestionando abiertamente la autoridad de la Corte Suprema.

El episodio más alarmante hasta la fecha involucra a Kilmar Armando Abrego García, un migrante indocumentado capturado en Maryland. Pese a una orden judicial que impedía su deportación, fue enviado sin audiencia previa a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. El gobierno estadounidense se niega ahora a cumplir con una orden unánime de la Corte Suprema que exige su retorno al país, bajo el argumento de que el caso toca aspectos de política exterior que caen bajo la exclusiva potestad del presidente.

“Estamos ante un momento extremadamente delicado”, advirtió la jueza retirada Shira Scheindlin. “El incumplimiento de esta orden judicial es un claro indicio de que el Ejecutivo está dispuesto a desafiar abiertamente a la Corte Suprema. Esto nos acerca peligrosamente a una crisis constitucional”.

Una alianza simbólica y peligrosa

La escena compartida con Bukele no fue casual. Bukele, quien ha suspendido garantías constitucionales en su país y ha encarcelado a decenas de miles de personas sin debido proceso, fue recibido con una calidez que habría sido impensable en administraciones anteriores. Para muchos analistas, esto fue un gesto cargado de simbolismo: una señal de aprobación al modelo de “autoritarismo electo” que ha popularizado el mandatario salvadoreño.

El propio Bukele, entre bromas y frases que ocultaban verdades inquietantes, llegó a decir: “Señor presidente, tiene 350 millones de personas que liberar. Pero para liberar a 350 millones, hay que encarcelar a algunos. Así es como funciona, ¿verdad?”.

Trump, lejos de matizar esa declaración, la dejó sin respuesta.

Deportaciones masivas: ¿la antesala de algo mayor?

Las políticas migratorias de Trump ya habían sido tema de controversia en su primer mandato. Pero esta nueva etapa revela un enfoque mucho más extremo. El presidente ha sugerido que desea ampliar la definición de “peligrosidad” para incluir a delincuentes comunes estadounidenses, con miras a enviarlos a cárceles extranjeras.

“Me gustaría incluir a los que empujan a la gente al metro, que golpean a ancianas con bates… son monstruos”, dijo, mientras dirigía su mirada hacia la secretaria de Justicia Pam Bondi. “No sé cuáles son las leyes, pero siempre tenemos que obedecerlas”, añadió con tono ambiguo, dejando la puerta abierta a futuras reinterpretaciones legales.

¿Un país al borde de una transformación?

Para el constitucionalista Laurence Tribe, este no es simplemente un problema migratorio o legal. “Es un juego mortal que podría jugarse con cualquier ciudadano”, dijo. “Ya no estamos hablando de excepciones, sino de una amenaza generalizada al Estado de derecho”.

El choque entre el poder judicial y el Ejecutivo podría llegar a un punto de ruptura en las próximas semanas. Si la Casa Blanca continúa ignorando fallos judiciales, y la Corte Suprema se ve obligada a reiterar —o reforzar— su posición, se abriría un conflicto sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.

Trump, mientras tanto, parece decidido a marcar su segundo mandato con una lógica de poder más cercana a la concentración y el control que al consenso y la ley.