Trump y Pentágono niegan responsabilidad directa en segundo bombardeo en el Caribe

El presidente de Estados Unidos aseguró este martes que no fue informado ni consultado sobre la decisión de ejecutar un segundo ataque militar contra una lancha sospechosa de narcotráfico en el Caribe, luego de que la primera ofensiva no acabara con todos los ocupantes de la embarcación.

Durante una reunión de gabinete, el mandatario explicó que desconocía los detalles del segundo bombardeo, incluso meses después del operativo ocurrido en septiembre. “No sabía del segundo ataque. No sabía nada sobre las personas. No estuve involucrado”, afirmó ante la prensa, aclarando que solo tenía conocimiento del primer impacto contra la lancha.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se deslindó de una responsabilidad directa en la decisión de atacar a los sobrevivientes. Indicó que había delegado las decisiones operativas al almirante Frank M. “Mitch” Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., y que abandonó la sala de seguimiento tras observar el primer golpe.

Hegseth sostuvo que se enteró del segundo ataque varias horas después y defendió la actuación del comandante Bradley como legal y ajustada a la autoridad otorgada por la administración. “El presidente ha capacitado a los comandantes para tomar decisiones difíciles en operaciones nocturnas”, afirmó.

Sin embargo, el caso ha despertado una creciente preocupación en el Congreso. El Comité de Servicios Armados del Senado, encabezado por el senador republicano Roger Wicker, anunció que ejercerá una “supervisión rigurosa” sobre los hechos, y exigió la entrega completa de las grabaciones de audio y video del ataque.

También legisladores demócratas expresaron sospechas sobre un posible encubrimiento. El senador Jack Reed declaró a CNN que le resulta “muy sospechoso” que los registros del operativo no hayan sido compartidos con el Legislativo.

El caso salió a la luz tras reportes periodísticos de The Washington Post y CNN, que indicaron que el segundo ataque habría estado dirigido contra personas que sobrevivieron al primer bombardeo, lo que abrió un debate sobre una posible violación al derecho internacional.

Aunque el presidente defendió la ofensiva militar como parte de su estrategia contra el narcotráfico en el Caribe, admitió que personalmente no habría autorizado un segundo ataque. Aun así, anunció su intención de ampliar las operaciones a territorio firme, incluyendo posibles acciones dentro de Venezuela, lo que representaría una escalada significativa del conflicto.

La controversia crece mientras sectores del Congreso advierten que un segundo ataque contra sobrevivientes podría sobrepasar los límites legales de las operaciones militares autorizadas, e incluso configurar un posible crimen de guerra. Por ahora, la investigación legislativa continúa y la presión política sobre el Pentágono va en aumento.