Veinte estados enfrentan a Trump por uso indebido de información médica de inmigrantes

Fiscales generales acusan al Ejecutivo de violar leyes federales de privacidad al entregar información sensible de beneficiarios de Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional.

Una coalición de 20 estados encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump, alegando que se violaron leyes federales de privacidad al compartir información médica confidencial de beneficiarios del programa Medicaid con funcionarios encargados de deportaciones.

La acción legal surge tras una investigación revelada por The Associated Press (AP), que expuso que asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., autorizaron el traspaso de datos de millones de inscritos en Medicaid a personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo información sensible como nombres, direcciones, estatus migratorio, números de seguro social y registros de reclamaciones médicas.

Los estados afectados, entre ellos California, Illinois, Washington y el Distrito de Columbia, cuentan con programas estatales de Medicaid que permiten la inscripción de personas no ciudadanas con fondos exclusivamente estatales. Según expertos, la transferencia de estos datos podría facilitar operativos de localización y deportación de inmigrantes.

“Esta acción representa una violación grave de leyes como la HIPAA, la Ley del Seguro Social y la Ley de Privacidad de 1974”, declaró Bonta en conferencia de prensa. “Durante siete décadas, la política federal ha sido clara: los datos de salud son confidenciales y solo pueden compartirse bajo condiciones muy limitadas, nunca para alimentar una campaña de deportaciones.”

El proceso legal también se basa en documentación interna obtenida por AP, que detalla cómo funcionarios del HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos), bajo presión de la Casa Blanca, ignoraron advertencias legales de expertos en Medicaid. Aunque la subdirectora del programa, Sara Vitolo, advirtió por escrito que compartir estos datos violaría múltiples normas, altos cargos del HHS ordenaron la entrega de la información al DHS en un plazo de horas.

En un comunicado, el portavoz del HHS, Andrew Nixon, defendió la legalidad de la medida, alegando que la agencia tiene la responsabilidad de asegurar que los fondos federales se destinen únicamente a personas elegibles.

Mientras tanto, legisladores demócratas han elevado el tono de la crítica, enviando cartas formales a las agencias implicadas para exigir el cese inmediato del intercambio de datos y la destrucción de la información ya transferida.

La controversia se enmarca en el renovado enfoque de la administración Trump por reforzar la política migratoria mediante el acceso a bases de datos gubernamentales, una estrategia que ya ha implicado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en acciones similares con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).