Denuncias contra exvicepresidente Carrizo y amenazas del Tren de Aragua marcan la agenda del Ministerio Público

El Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, asistió este jueves 17 de octubre a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde no solo solicitó dos traslados de partidas, sino también ofreció actualizaciones sobre varias investigaciones de relevancia en el país.

En relación a la denuncia presentada contra el exvicepresidente José Gabriel «Gaby» Carrizo, Caraballo confirmó que el Ministerio Público ha recibido dos querellas vinculadas a Carrizo, una de ellas por el presunto uso irregular de un avión de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) para fines personales. Esta acusación fue formulada por los abogados Alejandro Pérez y Carlos Navarro, quienes señalan posibles delitos contra la administración pública en su gestión como vicepresidente.

La otra denuncia contra Carrizo, de la que Caraballo no ofreció mayores detalles, se encuentra en curso. Sin embargo, el Ministerio Público se encuentra a la espera de la confirmación de si Carrizo se juramentó como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que determinaría si la investigación debe trasladarse a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la competencia para procesar a los miembros de este organismo.

Además de los casos vinculados a Carrizo, el procurador abordó temas relacionados con la presencia de grupos criminales en Panamá. Caraballo subrayó la influencia del Clan del Golfo, que ha estado operando en el país por varios años, y del Tren de Aragua, cuya actividad es más reciente. Aunque representan una amenaza importante, las autoridades continúan trabajando en operaciones para contrarrestar su impacto, en especial en lo que concierne al tráfico de drogas.

En cuanto a la operación Jericó, relacionada con el diputado del PRD Raúl Pineda, Caraballo aseguró que la Fiscalía de Drogas sigue recopilando pruebas adicionales para cumplir con los requisitos de la Corte Suprema de Justicia, luego de que un fallo del pasado mes de julio impidiera procesar al político por falta de evidencia suficiente.

Finalmente, el procurador mencionó las investigaciones sobre la llamada «descentralización paralela», un escándalo en la administración pública relacionado con el mal manejo de fondos estatales. Hasta el momento, las denuncias recibidas son generales, y la Fiscalía Anticorrupción está trabajando en recabar más pruebas que permitan señalar responsabilidades específicas.

Caraballo también aprovechó la sesión en la Asamblea para solicitar dos traslados de partidas: uno de $4 millones para el pago del décimo tercer mes a los funcionarios del Ministerio Público, y otro de $1.2 millones para la culminación de nuevas instalaciones en la provincia de Coclé, que beneficiarán a más de 250 funcionarios, mejorando la infraestructura y eficiencia en el trabajo del organismo.