Juzgado valida condena de 48 meses para Silvana Manzini de De Obarrio por delitos económicos

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ratificó este miércoles 20 de noviembre un acuerdo de pena que condena a Silvana Manzini de De Obarrio a 48 meses de prisión. La sentencia responde a los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, en los cuales la imputada fue señalada como cómplice primaria.

La audiencia, liderada por la juez Águeda Rentería y realizada en horas de la tarde, permitió validar el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de la acusada. La juez corroboró que Manzini de De Obarrio aceptó los términos de manera voluntaria y sin coacción.

La condena se divide en dos periodos de 24 meses: el primero por enriquecimiento injustificado y el segundo por blanqueo de capitales. Durante la sesión, el abogado defensor, Eduardo Sequeira, solicitó que la pena se conmutara por el pago de días-multa, una petición que, según indicó la juez, deberá ser presentada ante un juez de cumplimiento.

El proceso judicial tiene sus orígenes en una auditoría de la Contraloría General de la República, la cual detectó que Adolfo De Obarrio, hijo de la condenada y exsecretario del expresidente Ricardo Martinelli, no justificó $3 millones en su patrimonio personal. Como resultado, se ordenó la incautación de varias propiedades relacionadas con los acusados, incluyendo bienes ubicados en Panamá Oeste y San Francisco.

Adolfo De Obarrio, actualmente residente en Italia, no ha comparecido ante los tribunales panameños en este ni en otros casos, como el escándalo relacionado con la compra de alimentos deshidratados por $44.5 millones a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). Además, enfrenta una condena de 120 meses de prisión por su vinculación al caso Blue Apple, donde también se le exigió el pago de más de $5 millones al Tesoro Nacional.

Este fallo contra Silvana Manzini de De Obarrio subraya la gravedad de los delitos investigados y la cooperación de la justicia panameña para cerrar los procesos relacionados con la corrupción.