Justicia absuelve a Federico Suárez y otros siete acusados por peculado en la Autopista Arraiján-La Chorrera

En una decisión que marca un nuevo capítulo en la saga judicial que ha rodeado a una de las obras de infraestructura más comentadas del país, la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, absolvió a los ocho acusados por el presunto delito de peculado en la construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera.

La sentencia, emitida el miércoles 2 de abril y notificada públicamente este jueves, fue categórica: la Fiscalía Anticorrupción no logró sustentar con pruebas fehacientes que existiera un daño patrimonial al Estado. Entre los beneficiados con el fallo figura el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, una de las figuras más visibles en este proceso judicial que se ha extendido por años.

El proceso judicial giraba en torno a una presunta lesión económica de $7.8 millones al erario público, como resultado de supuestas irregularidades en el contrato y ejecución del proyecto vial, adjudicado en su momento a la empresa Transcaribe Trading (TCT). No obstante, según el razonamiento judicial, aunque hubo «acciones censurables», no se demostró de forma contundente que estas constituyeran un delito.

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“En lo concerniente al delito de peculado, no se ha logrado mantener la acreditación, de manera fehaciente, de la existencia de un perjuicio al Estado”, se lee en el fallo. “La carga probatoria recae sobre el Ministerio Público, y conforme al principio de presunción de inocencia, cualquier duda razonable debe resolverse en favor de los acusados.”

Además de Suárez, fueron absueltos Daniel Ochy, representante legal de TCT, así como Eder Márquez, Eduardo Rodríguez, Lester González, Alcides Velásquez, Miguel González y Marcos Saavedra. Todos enfrentaban cargos relacionados con la adjudicación, diseño y ejecución del proyecto, que originalmente se presupuestó en $152.6 millones y terminó costando $161.8 millones, debido a varias adendas aprobadas durante su desarrollo.

La defensa, durante la audiencia del pasado 29 de febrero, centró sus argumentos en el hecho de que la obra fue entregada en su totalidad, y que cualquier diferencia económica fue cubierta a través de la ejecución de la fianza de cumplimiento, mecanismo contractual diseñado precisamente para esos escenarios.

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El fiscal anticorrupción Ariel De Gracia, sin embargo, había solicitado una condena, argumentando que los procesados alteraron el proceso licitatorio para beneficiar a TCT y así justificar sobrecostos injustificados.

El proceso judicial también incluyó a figuras cuya situación procesal fue distinta. En el caso del exministro Jaime Ford, se dictó una ruptura procesal debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que su expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, competente para investigar a legisladores.

Por otro lado, David Ochy —también vinculado a TCT— quedó fuera del proceso luego de que se decretara la prescripción de la acción penal en su contra. No obstante, Ochy permanece detenido en Costa Rica a la espera de una posible extradición por su implicación en otro escándalo de alto perfil: el caso New Business.

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Cabe recordar que fue el diputado panameñista José Antonio Domínguez quien, en 2014, recibió la denuncia de un funcionario del MOP que alertó sobre presuntas irregularidades en el contrato de ampliación de la autopista, lo que dio origen a la investigación formal por parte del Ministerio Público.

Hoy, más de una década después, el veredicto de la juez Rentería pone punto final —al menos por ahora— a una historia judicial cargada de expectativas, acusaciones y controversia pública. Mientras tanto, la autopista, ya concluida y en funcionamiento, sigue siendo testigo silencioso de un proceso que no logró traducirse en condenas penales.

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1. Justicia absuelve a exministro Suárez y otros siete acusados por peculado en la Autopista Arraiján-La Chorrera
2. Sin pruebas concluyentes: caso de peculado por la autopista Arraiján-La Chorrera termina en absolución
3. Juez cierra caso de peculado con absolución total: Fiscalía no probó daño al Estado
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