Reescribiendo la justicia: proponen amnistía para los escándalos de corrupción más graves

En un movimiento que ha sacudido los cimientos del sistema judicial panameño, el diputado Jairo «Bolota» Salazar, miembro del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que propone una amnistía general para los condenados y procesados en tres de los escándalos de corrupción más sonados de la última década: New Business, Blue Apple y Odebrecht. La propuesta, de aprobarse, traería consigo la exoneración inmediata del expresidente Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y actualmente refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá.

El documento, titulado formalmente “Que decreta amnistía por delitos políticos y dicta otras disposiciones”, fue introducido la noche del 9 de abril en el pleno legislativo. En su intervención, Salazar afirmó contar con el respaldo de 41 diputados. No obstante, al revisar el texto solo figuran 28 firmas, algunas de las cuales son prácticamente ilegibles. Entre los firmantes identificables se encuentran miembros del propio PRD, así como de las bancadas de Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista. Notoriamente ausentes están los representantes de la coalición Vamos y del Movimiento Otro Camino (Moca), así como la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda.

Una amnistía con nombre propio

El artículo 1 del anteproyecto no deja espacio a interpretaciones ambiguas: se otorga amnistía general a las personas condenadas o procesadas en los casos New Business (por la compra del grupo Epasa con fondos de origen ilícito), Blue Apple (una red de sobornos vinculada a contratos estatales) y el escándalo internacional de Odebrecht, en el que Panamá figura como uno de los países más golpeados por la trama de corrupción de la constructora brasileña.

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Martinelli está directamente involucrado en los tres casos: ya fue condenado por New Business, enfrenta un juicio por Odebrecht. La amnistía, tal como está redactada, borraría de un plumazo cualquier condena o proceso en curso para él y sus allegados.

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El artículo 2 va más allá: ordena a jueces, magistrados y fiscales que dispongan la liberación inmediata de quienes estén detenidos por estos casos y decreten la extinción total de las penas. En otras palabras, el sistema judicial debería dejar sin efecto cualquier sanción, archivo o proceso relacionado con estos expedientes.

Redefiniendo lo político… y lo legal

El anteproyecto también intenta redefinir conceptos clave. Según el artículo 3, el “delito político” incluiría cualquier acción penal emprendida por el Ministerio Público contra miembros del gabinete de Martinelli o funcionarios de su administración, incluso extendiendo el periodo de protección hasta junio de 2015, un año después de que concluyó su mandato.

Esta definición —inusualmente amplia— convierte en “perseguidos políticos” a actores involucrados en procesos por corrupción, desplazando la narrativa judicial hacia una dimensión política.

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Por si fuera poco, el proyecto introduce un cambio en el reglamento de la Asamblea Nacional: si el presidente de la República no sanciona u objeta una ley en 30 días hábiles, esta podrá ser firmada y promulgada por la presidencia de la Asamblea y el secretario general, sin pasar por la Corte Suprema de Justicia, incluso en casos de objeción por inconstitucionalidad. Este cambio reduciría significativamente el contrapeso del Ejecutivo y del Poder Judicial en el proceso legislativo.

Una huida en pausa

Martinelli permanece desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua, donde se refugió tras confirmarse su sentencia en el caso New Business. El gobierno de José Raúl Mulino, su aliado político, le otorgó un salvoconducto para abandonar el país con destino a Managua, bajo el argumento de “razones humanitarias”. Sin embargo, Nicaragua —aunque lo reconoció como asilado— nunca respondió formalmente a la solicitud, y el salvoconducto expiró el pasado 3 de abril sin que se concretara su salida.

Si la propuesta avanza en la Asamblea, no solo marcaría un hito jurídico en la historia democrática de Panamá, sino que establecería un precedente peligroso: el borrado legislativo de delitos comunes bajo el velo de lo político.