El exdirector de la Caja de Seguro Social enfrenta una investigación que estima preliminarmente una posible lesión patrimonial de $500 mil. La audiencia fue declarada reservada luego de una solicitud de su defensa.
Enrique Lau Cortés comparece ante juez por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | octubre 7, 2026Escucha este artículo
Panamá en Directo | Enrique Lau Cortés comparece ante juez por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, compareció este miércoles 7 de octubre ante un juez de garantías, un día después de ser aprehendido como parte de la denominada Operación Muralla, una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Lau llegó a la sede judicial escoltado por agentes policiales, sin esposas, utilizando una mascarilla quirúrgica y portando una bolsa con medicamentos.
Al inicio de la audiencia, su abogada defensora, Katia Quiel, solicitó que los periodistas fueran retirados de la sala y que la diligencia se desarrollara sin presencia de los medios de comunicación.
El Ministerio Público se opuso a la petición. El fiscal Eduardo Rodríguez argumentó que las audiencias son públicas y sostuvo que no existían razones suficientes para restringir el acceso de la prensa. Sin embargo, después de escuchar a las partes, la jueza de garantías Xenia Pérez acogió la solicitud de la defensa y ordenó el retiro de los periodistas.
La decisión impidió que los medios pudieran conocer directamente los argumentos que sustentan las peticiones de la Fiscalía durante esta etapa de la investigación.
Una investigación por unos $500 mil
La aprehensión de Lau se produjo el martes 6 de octubre en un apartamento ubicado en el residencial Santa María, durante un operativo de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional.
La denominada Operación Muralla incluyó diligencias en cinco puntos: Santa María, Punta Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca. Durante los allanamientos fueron ubicados documentos y bienes que, según los investigadores, forman parte de los indicios recopilados dentro del expediente.
En esta causa, el Ministerio Público investiga un posible enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales y estima preliminarmente una posible afectación patrimonial de aproximadamente $500 mil.
Lau enfrenta otro expediente
La investigación que provocó la aprehensión del exdirector de la CSS es distinta de otro proceso que se mantiene abierto por presunto peculado relacionado con la compra de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos durante su administración.
En noviembre de 2025, la Contraloría General de la República ordenó medidas precautorias sobre bienes de Lau por hasta $2.9 millones, luego de una auditoría que identificó compras consideradas excesivas y pérdidas asociadas al vencimiento de medicamentos e insumos adquiridos por la institución.
La auditoría examinó operaciones realizadas entre julio de 2019 y diciembre de 2024 y señaló que la CSS tuvo que descartar productos por aproximadamente $2.9 millones al dejar de ser aptos para su utilización.
Como parte de las medidas adoptadas, la Contraloría dispuso el secuestro de propiedades, cuentas bancarias, depósitos, valores, vehículos y otros activos que pudieran estar vinculados al exdirector, con el objetivo de preservar bienes ante una eventual responsabilidad patrimonial.
Esta medida es de carácter precautorio y no constituye una condena.
Los $400 millones trasladados al Gobierno Central
Dentro de las investigaciones sobre la administración anterior de la CSS también figura el traslado de unos $400 millones desde la institución hacia el Gobierno Central.
La actual administración de la Caja presentó una denuncia en mayo de 2025 relacionada con transferencias por $300 millones efectuadas durante 2023 y otros $100 millones durante los primeros meses de 2024.
Según lo denunciado por la CSS, los recursos fueron registrados como préstamos o adelantos que debían ser reintegrados en un plazo de 30 días y las operaciones no habrían contado con autorización de la junta directiva de la institución.
Posteriormente, el Gobierno informó que los $400 millones fueron restituidos, aunque la investigación sobre las circunstancias en que se produjeron las transferencias continuó.
Dos causas independientes
Hasta el momento, las autoridades no han establecido que exista relación entre la investigación por presunto peculado y el expediente por supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales que dio origen a la Operación Muralla.
Por tratarse de investigaciones en curso, corresponderá al Ministerio Público sustentar sus señalamientos y a los tribunales determinar, con base en las pruebas y respetando el debido proceso, cualquier eventual responsabilidad penal.
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