Alcaldesa de San Miguelito: basura, política y la batalla por la descentralización

La alcaldesa de San Miguelito denuncia interferencia política en gestión de residuos, retención de fondos de descentralización y presión del gobierno central. Un análisis de la crisis municipal y sus implicaciones.
Alcaldesa de San Miguelito: basura, política y la batalla por la descentralización

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | abril 27, 2026 08:56 UTC-5
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Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, llegó a los estudios radiofónicos con una carga que va más allá de la recolección de basura. En una entrevista de más de ocho minutos, desplegó un relato de interferencia política, retención de fondos públicos y una batalla administrativa que expone las grietas profundas entre el gobierno central y los gobiernos locales en Panamá.

El punto de partida es inevitable: la basura. Hace varios meses, San Miguelito fue epicentro de un conflicto entre la alcaldía, la Autoridad de Aseo  y el Ejecutivo. Hoy, la situación persiste en un limbo legal que ilustra cómo un problema operativo se convirtió en una guerra de competencias.

El nudo de la basura: ilegalidad según la Procuraduría

Según Hernández, desde enero de 2026 los vecinos reciben cobros de tasa de aseo en sus recibos de luz sin que exista un contrato aprobado por el Consejo Municipal. Eso es, técnicamente, ilegal. La Procuraduría de la Administración lo confirmó con un criterio legal que señala cómo se han infringido legislaciones municipales y se ha sobrepasado la autonomía municipal establecida por la Constitución.

El caso está en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Hernández demanda la nulidad de la resolución de la junta directiva de la Autoridad de Aseo que le otorga capacidad para recoger residuos en el distrito. El argumento es claro: establecer una tasa de aseo es facultad exclusiva del Consejo Municipal, no del Ejecutivo.

«Lo que empieza mal termina mal. Esto es un estado de derecho y hay que hacer las cosas como lo indica la ley.»

Pero el problema no es solo legal. Es operativo y ambiental. La alcaldesa critica que se sigue usando retroexcavadora para recoger residuos—la forma más cara y destructiva—, se revientan calles y tuberías, y todo sigue depositándose en Cerro Atacón, que describe como «una bomba de tiempo de sostenibilidad ambiental».

Lo que San Miguelito tenía preparado era distinto: gestión integral de residuos con recuperación de material orgánico, transformación de inorgánico, generación de energía y fertilizante. Una respuesta de raíz. Lo que hay ahora es lo mismo de los últimos 25 años, pero con mayor intensidad porque están bajo el foco.

El fantasma de la licitación interrumpida

Aquí entra el segundo acto del drama. La alcaldía había iniciado un proceso licitatorio ambicioso: dividir el distrito en tres zonas con centros de transferencia comunitarios donde la gente clasificaría residuos. Fue un trabajo «bastante sesudo», como lo describe Hernández. Pero fue interrumpido.

Empresas privadas que participaban en visitas de campo y procesos de homologación se retiraron. Una de ellas le explicó a Hernández por qué: si la alcaldía era quien pagaba, los plazos de pago serían de 30, 60, 90 días. No podían funcionar así.

La respuesta de la alcaldesa fue revolucionaria para el contexto municipal: un fideicomiso a través de la Banca Nacional. Los fondos de la tasa de aseo—dinero público que pagaban los vecinos—irían directamente a un fondo que garantizaría pagos puntuales a las empresas. Además, la alcaldía tendría ingresos para proyectos y obras en el espacio público.

«Por 25 años se mantuvo en manos privadas. Revisalud cobraba y le pagaba directamente a Revisalud. ¿Qué veía la comunidad? Un pésimo servicio. ¿Qué veía la alcaldía? Ni un solo informe financiero.»

Eso era el cambio. Retornar un fondo público a lo público. Pero no sucedió. Y aquí es donde Hernández introduce el elemento político que estructura toda su narrativa: la interferencia deliberada.

La acusación: crisis fabricada, negocio capturado

Hernández es directa: la decisión del gobierno central de tomar la recolección de residuos no respondió a una crisis. Si hubiera sido así, habrían intervenido desde que ella pidió ayuda. Vinieron en diciembre de 2024 y nuevamente en diciembre de 2025, pero ya estaban «armando el plan para capturar la recolección por completo, sin avisar, sin comunicar».

Su análisis es político y económico. Como oposición, como parte de una coalición que juega un rol opositor al gobierno central, no podían permitir que San Miguelito «brillara» o tuviera resultados positivos. Pero hay más: intereses económicos. «Lo más limpio del negocio de la basura es la basura», dice con una ironía cargada de frustración.

Sugiere que figuras en el gobierno central y en sistemas de control están movidas por intereses personales y negocios personales. Y concluye: «Hecha la crisis, hecho el negocio».

El Contralor y la burocracia como arma

Hay otro frente abierto. El Contralor redujo el tope de contrataciones que la alcaldía podía hacer sin revisión central: de 50.000 balboas a 10.000. Eso significa más burocracia, más tiempo, más complejidad. Hernández lo ve como represalia política.

En enero pidió formalmente que revirtiera la medida. En abril, sin respuesta. «Es política del terror», dice. No es a ella, es a la calidad de vida de la gente, a los servicios que reciben.

La batalla por la descentralización: 200 millones desaparecidos

Pero el conflicto más estructural es sobre descentralización. Hernández es municipalista de formación y convicción. Trabajó en la Asamblea Nacional llevando proyectos de reforma a la ley de centralización. Y hoy denuncia que el gobierno central viola la ley 37 de descentralización.

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) recaudado debe distribuirse a gobiernos locales. La ley es clara. Pero la realidad es otra: se recaudan más de 200 millones de dólares y solo se distribuyen 80 millones. ¿Dónde está el resto?

Ha mandado notas formales por escrito. Sin respuesta. Recientemente, el alcalde capitalino anunció un depósito de 30 millones de dólares, pero Hernández pregunta: ¿a quién? ¿Por qué 30 si se deben más? ¿Cuáles son los criterios de distribución? ¿Pobreza multidimensional? ¿Población? ¿Superficie?

«Un presidente, un gobierno central que entienda que dándoles recursos y competencias a los gobiernos locales garantiza una mejor administración, es un gobierno central inteligente que trabaja con aliados, no con enemigos.»

Su propuesta es radical: en lugar de depender del IBI—una fuente variable—, los gobiernos locales deberían recibir un porcentaje del Presupuesto General del Estado, como reciben Meduca o el órgano judicial. Un 5%, un 3%, sería muchísimo más que lo actual y mucho más seguro.

Esto no es queja administrativa. Es una crítica al modelo de gobernanza. Panamá es uno de los países más corruptos y desiguales del mundo. Para Hernández, eso está directamente relacionado con ser uno de los más centralizados. Los recursos están concentrados en lugares, en personas. Lo que se necesita es desconcentrar, descentralizar.

El teleférico: presencia sin invitación

Cuando le preguntan sobre el teleférico que el Metro de Panamá está desarrollando en San Miguelito, Hernández responde con pragmatismo. Nunca nadie le pidió un teleférico. Pero entiende lo que puede representar: mano de obra, crecimiento laboral, accesibilidad.

Su crítica es sobre la coordinación. Ha hecho sugerencias: que las estaciones se conviertan en centros de convivencia comunitaria, en espacios que potencialicen la economía local. En Medellín, el Metrocable no es solo transporte. Es dinamización urbana.

Las conversaciones han sido complejas. Pero Hernández es clara: «Invitada o no a las reuniones, ahí vamos a estar presentes dando nuestra opinión, haciendo nuestras sugerencias y llevando las voces de nuestras comunidades». Es la máxima autoridad del distrito.

Seguridad: represión y prevención

San Miguelito enfrenta una crisis de seguridad. Homicidios, hurtos, violencia intrafamiliar. Hernández recibe informes diarios del jefe de zona. Mensualmente hay una «mesa de seguridad» donde analizan índices, zonas, cifras.

Su enfoque mezcla lo que funcionó en El Salvador y Medellín: represión y mano dura, pero también lo cultural, preventivo, educativo. Más de 50 jóvenes aprenden inglés gratis en espacios municipales. La Copa Kiwanis reúne a más de 300 jóvenes practicando deporte. Clases de ballet, danza urbana. Alternativas a la criminalidad.

Pero hay un diagnóstico preocupante: San Miguelito es territorio de tránsito y ocultamiento. Su geografía y falta de planificación urbana crean recovecos ideales para esconder armas. La posesión ilícita de armas es uno de los principales delitos. Por eso promueven jornadas de «armas por comida» que han roto récords en cantidad de armas y municiones entregadas.

Hay también un llamado urgente a padres y madres: menores de edad están siendo utilizados para cometer delitos. Detrás hay crisis familiares, violencia intrafamiliar, falta de planificación familiar. «Tenemos hijos no deseados y ahí es donde vemos cómo los peleados toman malos pasos».

¿Reelección? El cálculo político de 2026

Cuando le preguntan si piensa en reelección, Hernández es honesta: después de lo que está viviendo políticamente, ni siquiera quiere pensarlo. Pero luego matiza. Al principio era claro que cinco años no eran suficientes para las transformaciones que quería dejar. Ha pensado «muchísimo» en intentarlo.

Sin embargo, cuando está en la calle, escuchando a la gente, recibiendo su comprensión a pesar de todo lo complejo, sigue convencida de que el distrito necesita más que cinco años. El trabajo administrativo interno—deudas, planillas sin pagar, seguros sin pagar, infraestructura cayéndose a pedazos—ha consumido energía. Un segundo período permitiría más resultados hacia afuera.

Pero hay un obstáculo político real: la ley electoral reformada hace muy complicado correr como independiente. Varios alcaldes han dicho que no buscarán firmas. «Las reglas como están puestas para ser independiente están duras», reconoce. Si la cosa se complica más, la opción es transformarse en partido político para jugar con sus reglas.

Es una reflexión que cierra el ciclo de su narrativa: un gobierno local que quiso hacer las cosas bien, que chocó con un sistema centralizado, que fue saboteado políticamente, y que ahora enfrenta reglas electorales diseñadas para favorecer al tradicionalismo político.

Hernández termina con una promesa: el trabajo sigue. Seguirán eliminando puntos críticos de basura, sensibilizando comunidades, generando oportunidades para jóvenes. Porque San Miguelito merece más que supervivencia. Merece convivencia, vida, actividad, luz en la comunidad.

Y eso, dice, es parte importante de su trabajo. Aunque el monstruo sea más grande de lo que imaginaba.


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