Asamblea discute polémico proyecto de amnistía que podría beneficiar a Martinelli y otros implicados en escándalos de corrupción

Jiaro Salazar reconoce abiertamente que esta ley sería, en sus palabras, “una camisa” para el exmandatario Ricardo Martinelli

La tarde de este jueves, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional dio inicio a la discusión del anteproyecto de ley No. 235, una iniciativa que propone decretar una amnistía general para delitos políticos. La propuesta, presentada por el diputado Jairo “Bolota” Salazar del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha provocado una oleada de reacciones por su posible impacto en casos judiciales de alto perfil, incluyendo el del expresidente Ricardo Martinelli.

Durante la sustentación del anteproyecto, el propio Salazar reconoció abiertamente que esta ley sería, en sus palabras, “una camisa” para el exmandatario Martinelli, actualmente condenado a 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el conocido caso “New Business”, relacionado con la compra del grupo editorial Epasa mediante fondos públicos triangulados a través de sociedades ficticias.

El texto del anteproyecto no solo contempla la amnistía para condenas ya dictadas, sino también para procesos en curso o futuros, lo que abre la puerta a la extinción de acciones penales en otros casos emblemáticos como los escándalos de Odebrecht y Blue Apple, que involucraron sobornos multimillonarios y contratos amañados durante administraciones pasadas.

Una definición ambigua: ¿qué es un delito político?

La propuesta, firmada por al menos 40 diputados, se ampara en la figura jurídica de la “amnistía por delitos políticos”. Sin embargo, hasta ahora no se ha definido con precisión en el texto qué se considera un “delito político”. La redacción abierta y general ha levantado alertas entre juristas y organizaciones de la sociedad civil, que temen que esta fórmula permita amnistiar delitos comunes de carácter grave, como el blanqueo de capitales, la corrupción administrativa, el peculado y el enriquecimiento ilícito, disfrazándolos de motivaciones políticas.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación, ha sostenido que los delitos cometidos en los casos mencionados no guardan relación con causas políticas ni ideológicas, sino con el aprovechamiento personal del poder para obtener beneficios económicos a través de redes estructuradas de corrupción.

¿Quiénes apoyan esta ley?

La propuesta cuenta con el respaldo de diputados de distintas bancadas, especialmente del PRD, del partido Realizando Metas (RM) —vinculado directamente a Ricardo Martinelli— y de otrosn aliados. Los firmantes conocidos hasta el momento ya hay firmas ilegibles que no se ha podido reconocer son:

1. Jairo “Bolota” Salazar (PRD)
2. Ariel Vallarino (PRD)
3. Sergio “Chello” Gálvez (Cambio Democrático)
4. Flor Brenes (PRD)
5. Lilia Batista (PRD)
6. Luis Eduardo Camacho (RM) – Presidente de la comisión
7. Jaime Vargas (PRD)
8. Arquesio Arias (PRD)
9. Yesica Romero (PRD)
10. Yuzaida Marín (PRD)
11. Didiano Pinilla (PRD)
12. Alaín Cedeño (Cambio Democrático)
13. Marcos Castillero (PRD)
14. Gertrudis Rodríguez (PRD)
15. Tomás Benavides (PRD)
16. Orlando Carrasquilla (PRD)
17. Nelson Jackson (PRD)
18. Shirley Castañeda (PRD)
19. Néstor Guardia (PRD)
20. Johan Guevara (PRD)
21. Edwin Vergara (Cambio Democrático)
22. Juan Díaz (suplente – PRD)
23. Abelardo Antonio (suplente – PRD)
24. Benisio Robinson (hijo) (suplente – PRD)
25. Víctor de Jesús Castillo (PRD)
26. Ronald De Gracia (PRD)
27. Isaac Mosquera (PRD)

La lista sugiere un intento concertado de varios bloques legislativos por impulsar la iniciativa a paso rápido, incluso antes de que inicie formalmente la próxima legislatura.

Críticas y advertencias

El diputado José Pérez Barboni, del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), fue uno de los primeros en alzar la voz en contra del proyecto. Señaló la preocupación de que se convoque a la comisión sin un análisis jurídico profundo y sin considerar el impacto institucional de una ley de esta naturaleza. Afirmó que el objetivo real del anteproyecto es claro: “limpiar el camino judicial de quienes han sido investigados y sancionados por corrupción, incluyendo al expresidente Martinelli”.

Barboni también denunció que esta estrategia política amenaza la independencia del sistema de justicia y la lucha contra la impunidad en Panamá, además de poner en riesgo la credibilidad del país ante la comunidad internacional.

¿Qué sigue?

La sesión de la Comisión de Gobierno fue suspendida tras la sustentación del anteproyecto y se reanudará el lunes 14 de abril por la tarde. Se espera que en esa próxima sesión se escuchen otras voces, se presenten propuestas de modificación y se decida si la propuesta pasa a primer debate.

Por ahora, el país permanece en vilo, con la atención puesta en el futuro de una ley que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Panamá. La gran pregunta es si el sistema legislativo actuará en defensa del interés público o si, como temen muchos, se impondrán los intereses de una élite política que busca blindarse ante la justicia.