Estrategias legales en juego: Trump y coacusados buscan escapar de caso en Georgia

Estrategias legales en juego: Trump y coacusados buscan escapar de caso en Georgia

Algunos de los coacusados de Donald  Trump en el caso de interferencia en las elecciones en Georgia comenzaron a entregarse el martes, mientras que otros intentaron que el amplio caso penal fuera trasladado de un tribunal estatal a un tribunal federal.

Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia, y David Shafer, el exjefe del Partido Republicano de Georgia, presentaron mociones el martes para solicitar que el caso se traslade a un tribunal federal, tal como lo hizo Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca, la semana pasada. Estas mociones sientan las bases para lo que será la primera gran batalla legal en el caso, presentado la semana pasada en el Tribunal Superior de Atlanta.

La mayoría de los acusados, incluido Trump, planean entregarse esta semana, como ordenó Fani T. Willis, fiscal del condado de Fulton, Georgia, quien lidera la investigación. Sin embargo,  Clark presentó una solicitud el martes para una orden de emergencia, en un intento por evitar entregarse en la notoria cárcel de Atlanta donde se están procesando a los acusados. Más tarde en el día, Meadows hizo una solicitud similar.

Otro aliado prominente de Trump, John Eastman, se entregó el martes y fue ingresado en la cárcel. Eastman, uno de los arquitectos principales del esfuerzo de Trump para revertir su derrota en las elecciones de 2020, afirmó en un comunicado que la acusación «representa un cruce del Rubicón para nuestro país, implicando el derecho fundamental de la Primera Enmienda de presentar peticiones al gobierno para remediar agravios».

«Como algo preocupante», continuó el comunicado, «se dirige a los abogados por su defensa apasionada en nombre de sus clientes, algo a lo que los abogados están éticamente obligados a brindar».

Las persecuciones penales estatales pueden ser trasladadas a un tribunal federal bajo una ley federal que permite dicho cambio de jurisdicción si el caso involucra a funcionarios federales y se refiere a acciones tomadas «bajo el color» de su cargo. El término se refiere a acciones realizadas en un capacidad oficial o como parte de deberes oficiales.

El mes pasado, un juez federal rechazó los esfuerzos Trump para trasladar otro caso penal estatal en su contra a un tribunal federal. Ese caso, en Nueva York, se centra en el papel de Trump en los pagos de dinero oculto a una actriz de películas pornográficas. En su orden, el juez Alvin K. Hellerstein escribió: «El dinero oculto pagado a una estrella de cine para adultos no está relacionado con los actos oficiales de un presidente».

Si las mociones para el traslado del caso de Georgia tienen éxito, es probable que los acusados argumenten en un tribunal federal que no deberían ser acusados por delitos estatales y basarán ese argumento en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que las leyes federales generalmente tienen prioridad sobre las leyes estatales.

Tres de los 19 acusados presentados por Willis eran funcionarios federales en el momento de las elecciones: el  Trump, Clark y Meadows quien presentó una moción el viernes pidiendo a un juez que deseche los cargos en su contra, basándose en la Cláusula de Supremacía; el martes, pidió a un tribunal federal que «inmediatamente» permita el traslado o le permita evitar el arresto en el condado de Fulton hasta una audiencia sobre su solicitud de traslado a principios de la próxima semana.

Meadows incluyó en su presentación un correo electrónico a su abogado de Willis, en el que ella rechazaba la idea de permitir que Meadows retrasara su entrega. «Su cliente no es diferente a ningún otro acusado criminal en esta jurisdicción», escribió, describiendo las casi dos semanas que había dado al  Meadows y a sus coacusados para entregarse como «una gran cortesía».