Con cinco votos contra la impunidad, la Comisión de Gobierno frena el proyecto de amnistía

Más allá de la votación, el debate que antecedió al desenlace reveló profundas fisuras políticas.

En una jornada marcada por tensiones, discursos encendidos y una alta dosis de expectativa, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó este martes —con cinco votos en contra y apenas dos a favor— el controvertido proyecto de ley que buscaba otorgar una amnistía general a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, implicados en algunos de los casos de corrupción más emblemáticos del país: New Business, Blue Apple y Odebrecht.

Desde que inició la sesión poco antes del mediodía, el ambiente estaba cargado. En el salón se respiraba una mezcla de anticipación y escepticismo. La ciudadanía, pendiente. Los medios, atentos. Los rostros tensos de los diputados anticipaban que no sería una jornada cualquiera.

Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión y miembro del partido Realizando Metas (RM), presidió la sesión con autoridad y tono serio. Su voz rompió el silencio al leer el primer artículo modificado del proyecto: “Artículo número uno, modificado: los que estén a favor, levanten la mano”. Solo él y su compañero de bancada, Ariel Vallarino, alzaron los brazos. Cinco manos se mantuvieron firmemente abajo. Y con ese gesto, el proyecto cayó en picada.

Una votación que habló por sí sola

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La votación en contra, breve pero contundente, marcó el destino del proyecto. A los diputados Manuel Cheng y Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos, se unieron José Pérez Barboni, de Otro Camino, y dos diputadas suplentes: Marta de Sandoya, en lugar de Crispiano Adames, y Ana María Poveda, suplente de Didiano Pinilla, del partido Cambio Democrático. Este último voto causó especial sorpresa: apenas una semana antes, Pinilla había estampado su firma como proponente del mismo proyecto que ahora su suplente ayudaba a sepultar.

Al confirmarse la mayoría en contra del primer artículo —el corazón mismo de la propuesta— Camacho explicó que, de acuerdo con el criterio legal de la comisión, todo el texto quedaba desechado. Sin más discusión, dio por cerrada la sesión a la 1:30 p.m., no sin antes prometer que presentaría un informe de minoría ante el pleno de la Asamblea.

Un debate que dejó cicatrices

Más allá de la votación, el debate que antecedió al desenlace reveló profundas fisuras políticas. Diputados que no forman parte de la comisión pidieron la palabra para expresar su indignación ante lo que calificaron como un intento burdo de legalizar la impunidad.

Janine Prado, de Vamos, fue tajante: “Este proyecto no busca justicia, busca blindar a quienes se aprovecharon del poder. Es un traje a la medida para expresidentes, exministros y familiares relacionados”. Recordó que la Constitución prohíbe los privilegios y consagra la igualdad ante la ley. Su discurso, encendido y claro, arrancó aplausos discretos desde el fondo del salón.

Luis Duke, también de Vamos, fue más allá. Denunció que mientras decenas de proyectos anticorrupción llevan meses engavetados, esta iniciativa se discutía “a la velocidad de la luz”. Ironizó: “Le pregunté a mis asesores y hasta a ChatGPT: estos no son delitos políticos”. Y cerró su intervención con una sentencia lapidaria: “No podemos convertir el sistema de justicia en una herramienta para proteger a los poderosos”.

Defensores del proyecto: entre la lealtad y la narrativa de persecución

Por el lado oficialista, las voces fueron menos, pero igual de apasionadas. Jamis Acosta, de RM, defendió la propuesta como una medida de justicia para cualquier ciudadano “perseguido por procesos amañados”, recordando su rol en el equipo legal de Martinelli durante el caso de los “pinchazos”. Denunció una “persecución judicial” que, según él, acumuló 27 carpetas contra el expresidente.

Por su parte, Jairo “Bolota” Salazar, co-proponente del proyecto, admitió sin rodeos que su motivación era personal: “Soy amigo de Ricardo Martinelli. Y él me lo demostró en el quinquenio pasado”. Una frase que, lejos de despejar sospechas, confirmó la dimensión política y emocional de la iniciativa.

Un segundo intento fallido

Este es ya el segundo intento del Legislativo por liberar al expresidente Martinelli de la condena de 128 meses de prisión por el caso New Business, que involucra la compra irregular de la Editora Panamá América mientras aún ocupaba la Presidencia. A este caso se suman los de Odebrecht y Blue Apple, por los que también enfrenta juicios junto a sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.

El anteproyecto, de apenas seis artículos —uno de ellos añadido a mano—, establecía una amnistía general para todos los sentenciados o procesados por estos tres casos. El artículo 1 no dejaba lugar a dudas: se trataba de un “borrón penal” amplio y profundo.

Por hoy, en la Asamblea Nacional, la justicia pareció imponerse a la conveniencia. El intento de amnistía fue frenado en seco. Y, al menos por ahora, el mensaje que se envía es claro: la corrupción no se perdona con votos, se enfrenta con responsabilidad.